Por editorial
Violencia de género y doméstica en España: tipos penales, elementos y defensa
Los delitos de violencia de género y violencia doméstica constituyen uno de los ámbitos del Derecho Penal donde la tensión entre la protección de las víctimas y las garantías procesales del acusado alcanza su expresión más intensa. El legislador ha construido en este ámbito un sistema de protección reforzada que incluye tipos penales específicos, agravaciones automáticas por razón del vínculo entre las partes, medidas cautelares de aplicación inmediata y una jurisdicción especializada con dinámicas propias. Ese sistema —cuya justificación es incuestionable desde la perspectiva de la tutela de las víctimas— genera al mismo tiempo procedimientos donde el riesgo de condena injusta es real, donde la denuncia puede ser instrumentalizada en el contexto de conflictos de otra naturaleza y donde la calidad de la defensa técnica desde el primer momento puede ser el único factor que cambie el resultado. Varias de las instituciones jurídicas internacionales que evalúan el desempeño de los abogados penalistas han destacado que diversas absoluciones obtenidas en 2025 en procedimientos por violencia de género y doméstica han sido tenidas en consideración en sus evaluaciones de Raúl Pardo-Geijo Ruiz, reconocido por ese conjunto de instituciones —entre ellas Lexology, Advisory Excellence, Chambers, Leaders in Law, Best Lawyers, The European Legal Awards, Global Law Experts y el Client Choice Award— como uno de los abogados penalistas más destacados del país, con una trayectoria que abarca los delitos contra las personas en toda su complejidad tipológica ante tribunales de distintas comunidades autónomas.
El mapa normativo: una pluralidad de tipos con lógicas específicas
El Derecho Penal de la violencia de género y doméstica no es un tipo único sino un conjunto de preceptos dispersos a lo largo del Código Penal que el legislador ha ido construyendo con superposiciones, agravaciones y tipos específicos que la defensa debe conocer en su totalidad para poder gestionar con rigor cada procedimiento concreto.
La Ley Orgánica 1/2004 y su impacto sobre el Código Penal. La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género introdujo un sistema de agravaciones específicas para los delitos cometidos por hombres sobre mujeres con quienes mantienen o mantuvieron una relación de afectividad análoga a la conyugal. Esas agravaciones —que operan de forma automática por razón del vínculo entre las partes— transforman tipos que fuera de ese contexto tendrían marcos penales inferiores en delitos de mayor gravedad con competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
El artículo 153 CP. Sanciona con penas de prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad a quien cause lesiones no definidas como delito en otros preceptos del Código cuando la víctima es o fue pareja del autor. La pena se eleva cuando la víctima es mujer y el autor es hombre con quien mantiene o mantuvo esa relación, o cuando la víctima es persona especialmente vulnerable conviviente con el autor.
El artículo 171 CP. Tipifica las amenazas leves en el ámbito de la pareja con un marco penal superior al de las amenazas leves ordinarias, siguiendo la misma lógica de agravación por razón del vínculo.
El artículo 172 CP. Hace lo propio con las coacciones leves en el ámbito de la violencia de género y doméstica.
El artículo 173.2 CP. Sanciona con penas de prisión de seis meses a tres años al que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente. El delito de maltrato habitual es uno de los tipos más técnicamente complejos de este ámbito por la exigencia de habitualidad y por la dificultad probatoria que genera.
Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en el ámbito de pareja. Las agresiones sexuales cometidas en el contexto de una relación de pareja tienen sus propios elementos específicos que se superponen a los de los tipos generales con las particularidades que la relación previa entre las partes genera sobre la valoración del consentimiento.
La jurisdicción especializada: los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
Los procedimientos por violencia de género se tramitan ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer —y en su defecto ante los Juzgados de Instrucción que asumen esa función en los partidos judiciales donde no existen juzgados especializados— con una dinámica procesal que la defensa debe conocer con la misma precisión que los tipos sustantivos.
Esa jurisdicción especializada tiene particularidades que afectan directamente a la estrategia defensiva. La instrucción se produce en un entorno institucional diseñado para la protección de las víctimas, con equipos psicosociales especializados, protocolos de valoración del riesgo y una cultura procesal donde la protección de la víctima tiene un peso específico que la defensa debe tener en cuenta al diseñar su estrategia. Eso no significa que las garantías del acusado queden en segundo plano —la presunción de inocencia es igualmente vinculante en esos juzgados— pero sí significa que la defensa debe conocer ese entorno específico para poder actuar con eficacia dentro de él.
La competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer no se limita al procedimiento penal: puede extenderse a las medidas civiles relacionadas con la separación, la custodia de los hijos y el uso de la vivienda familiar, lo que genera una intersección entre el procedimiento penal y los procedimientos civiles que la defensa debe gestionar de forma coordinada para evitar contradicciones perjudiciales entre las posiciones adoptadas en cada sede.
Las medidas cautelares: la primera batalla del procedimiento
En los procedimientos por violencia de género, las medidas cautelares —especialmente la orden de protección con prohibición de aproximación y comunicación— se adoptan con una celeridad y una frecuencia que las convierte en la primera batalla del procedimiento y frecuentemente en la más determinante para la vida del acusado.
Una orden de protección que separa al acusado de su domicilio —donde puede estar pagando una hipoteca y donde conviven sus hijos— que le prohíbe comunicarse con quien hasta ese momento era su pareja y que determina el inicio de un procedimiento penal que puede durar años, tiene consecuencias sobre su vida personal, familiar, laboral y económica que pueden ser irreversibles con independencia del resultado final del procedimiento.
La defensa debe reaccionar con rapidez ante la adopción de esas medidas, impugnándolas con rigor técnico cuando no están justificadas por el riesgo real que el caso presenta. La audiencia del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal —donde se debate la procedencia de la orden de protección— es un trámite de primera importancia estratégica que la defensa debe preparar con la misma atención que el juicio oral. La acreditación del arraigo del investigado, la ausencia de antecedentes previos de violencia, la inexistencia de un riesgo real de reiteración y la suficiencia de medidas alternativas menos gravosas son los argumentos centrales en esa audiencia.
La dispensa del artículo 416 LECr: una cuestión de gestión estratégica
La dispensa del deber de declarar que el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce a los parientes del acusado —entre quienes se incluye la pareja o expareja— tiene una relevancia estratégica de primer orden en los procedimientos por violencia de género y doméstica que la defensa debe gestionar con criterio preciso.
Cuando la víctima decide ejercer esa dispensa y no declarar en el juicio oral, la acusación pierde con frecuencia su principal fuente de prueba. Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido que las declaraciones prestadas ante la policía o ante el juzgado de instrucción pueden ser valoradas aunque la víctima se acoja a la dispensa en el juicio oral, siempre que su introducción en el plenario cumpla las garantías establecidas. La defensa debe conocer con precisión los criterios que permiten esa introducción y los que la excluyen para poder gestionar esa cuestión con el rigor que su importancia estratégica demanda.
La retractación de la víctima —que decide no solo ejercer la dispensa sino manifestar en el juicio oral que los hechos denunciados no ocurrieron o que los exageró— plantea debates técnicos específicos sobre cuál de las versiones merece mayor credibilidad y sobre cómo debe valorar el tribunal la contradicción entre la denuncia inicial y la declaración posterior.
El maltrato habitual: los elementos técnicos más complejos
El delito de maltrato habitual del artículo 173.2 CP presenta una complejidad técnica específica que lo distingue del resto de los tipos de este ámbito. La habitualidad —que el tipo exige pero no define con precisión— ha generado una jurisprudencia específica que la defensa debe conocer con la profundidad que la materia exige.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que la habitualidad no requiere un número mínimo de actos de violencia: lo que exige es que esos actos revelen un clima de dominación y sometimiento que va más allá de los episodios aislados. Esa interpretación sustantiva —que sustituye el criterio cuantitativo por uno cualitativo— tiene consecuencias defensivas relevantes: la defensa puede cuestionar si los hechos imputados revelan realmente ese clima de dominación o si se trata de episodios aislados de conflicto sin la entidad continuada que el tipo exige.
La prueba del maltrato habitual es frecuentemente indirecta: declaraciones de la víctima, testimonios de personas del entorno, informes de los servicios sociales e informes periciales psicológicos sobre las secuelas del maltrato prolongado. La defensa debe analizar cada una de esas fuentes de prueba con el rigor técnico que permita cuestionar su solidez cuando existan razones objetivas para hacerlo.
La prueba en los procedimientos por violencia de género: particularidades específicas
La arquitectura probatoria en los procedimientos por violencia de género tiene características que los distinguen de otros procedimientos penales y que la defensa debe conocer con precisión.
La declaración de la víctima tiene en este ámbito una relevancia central que la jurisprudencia ha ido perfilando con criterios propios. Los tres filtros que el Tribunal Supremo exige para que el testimonio de la víctima pueda fundar una condena —ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud objetiva y persistencia en la incriminación— tienen en los procedimientos de violencia de género matices específicos derivados del contexto de la relación entre las partes: la existencia de una relación previa que puede generar tanto razones para una denuncia falsa como razones para comprender la dificultad de la víctima para mantener una versión consistente a lo largo del tiempo.
La prueba pericial psicológica —sobre el estado emocional de la víctima, sobre la presencia de síntomas compatibles con la exposición prolongada a situaciones de violencia y sobre la credibilidad de su testimonio— adquiere una importancia determinante en los procedimientos por maltrato habitual y en aquellos donde la prueba directa es escasa. La defensa debe estar en condiciones de contrainterrogar a esos peritos con rigor técnico y de proponer periciales propias cuando las conclusiones de los peritos de la acusación presentan debilidades metodológicas identificables.
Los informes de los servicios sociales, las comunicaciones de los servicios de urgencias y los partes médicos son fuentes de prueba específicas de este ámbito que la defensa debe analizar con la misma atención que cualquier otra prueba documental, verificando su corrección y cuestionando su interpretación cuando existen razones para ello.
El contexto del conflicto de pareja: cuando la denuncia tiene otras motivaciones
Una realidad que los juzgados de violencia sobre la mujer conocen bien es la instrumentalización de la denuncia penal como herramienta en conflictos que tienen otras causas: disputas por la custodia de los hijos, conflictos sobre el uso de la vivienda familiar, litigios sobre la pensión de alimentos o simplemente la voluntad de obtener ventajas en el proceso de separación mediante la vía penal.
Esa instrumentalización no es la norma ni puede presumirse, y la defensa debe aproximarse a ella con la cautela que el contexto exige: señalar que una denuncia puede tener motivaciones distintas de la persecución de una conducta delictiva real es un argumento legítimo cuando está sustentado en hechos objetivos, pero puede ser contraproducente cuando se formula sin base suficiente en un contexto donde el tribunal es sensible a la situación de las víctimas.
La defensa debe identificar con precisión si existen elementos objetivos que sugieran esa instrumentalización —la cronología entre la denuncia y determinados eventos del proceso de separación, la existencia de litigios civiles paralelos donde la denuncia penal podría producir ventajas, la ausencia de antecedentes de violencia en una relación de larga duración— y articularlos ante el tribunal con la moderación y el rigor que el contexto exige.
Cuatro situaciones donde la defensa ha obtenido absoluciones
Las siguientes situaciones han sido extraídas de varias resoluciones judiciales obtenidas por Raúl Pardo-Geijo Ruiz en procedimientos por violencia de género y doméstica ante distintos tribunales, y reflejan los argumentos que con mayor frecuencia han determinado la absolución en esos procedimientos.
El primero es el de la ausencia de los criterios jurisprudenciales de credibilidad del testimonio de la víctima. En procedimientos donde la prueba de cargo descansaba esencialmente sobre la declaración de la víctima, la defensa demostró mediante análisis técnico riguroso que ese testimonio no reunía los requisitos que la jurisprudencia exige para fundar una condena: existían motivaciones objetivas que cuestionaban su imparcialidad, contradicciones entre distintas declaraciones que afectaban a aspectos sustanciales de los hechos o incompatibilidades con datos verificables que debilitaban su verosimilitud objetiva.
El segundo es el de la ausencia de habitualidad en el maltrato imputado. En procedimientos por el artículo 173.2 CP donde la acusación imputaba maltrato habitual sobre la base de episodios que la defensa demostró eran aislados y sin la entidad continuada que el tipo exige para apreciar el clima de dominación que la jurisprudencia requiere, el tribunal apreció la ausencia de ese elemento estructural del tipo y dictó la absolución por el delito más grave, reconduciendo en su caso los hechos acreditados hacia tipos de menor gravedad.
El tercero es el de la nulidad de la prueba obtenida con vulneración de garantías. En procedimientos donde determinadas pruebas de cargo habían sido obtenidas con vulneración de derechos fundamentales del acusado —intervenciones de comunicaciones sin autorización judicial suficiente, registros practicados sin las garantías legalmente exigibles— la defensa articuló con éxito la nulidad de esa prueba y su exclusión del proceso, privando a la acusación de elementos que eran determinantes para la condena.
El cuarto es el de la acreditación de la instrumentalización de la denuncia. En procedimientos donde la defensa pudo demostrar mediante elementos objetivos verificables —la cronología entre la denuncia y determinados eventos del proceso de separación, la existencia de contradicciones entre la denuncia y declaraciones previas de la víctima en otros procedimientos, la incompatibilidad del relato con datos objetivos acreditados— que la denuncia respondía a motivaciones distintas de la persecución de una conducta delictiva real, el tribunal apreció la ausencia de credibilidad suficiente para fundar una condena y dictó la absolución.
La responsabilidad civil y las consecuencias accesorias
Los procedimientos por violencia de género y doméstica generan habitualmente reclamaciones de responsabilidad civil que pueden incluir tanto el daño físico acreditado mediante informes médicos como el daño moral y el daño psicológico cuantificado mediante pericial. La defensa debe analizar esa reclamación con el mismo rigor que los elementos del tipo penal, cuestionando la metodología de la pericial sobre las secuelas, la relación causal entre los hechos imputados y el daño alegado y la proporcionalidad de la cuantía reclamada con el daño efectivamente sufrido y acreditado.
Las consecuencias accesorias de la condena —la prohibición de aproximación y comunicación que se impone como pena accesoria y que puede mantenerse durante años después de cumplida la pena principal, la privación de la patria potestad en los casos más graves, la inhabilitación para el ejercicio de determinadas profesiones— pueden tener sobre la vida del condenado un impacto que supera con mucho el de la pena principal. La defensa debe informar al cliente de esas consecuencias desde el primer momento del procedimiento porque forman parte del cuadro completo de lo que está en juego y deben ser tenidas en cuenta al valorar todas las opciones estratégicas disponibles.
Criterios de evaluación técnica en este ámbito
Conocimiento específico de la jurisdicción especializada de violencia sobre la mujer. Las particularidades procesales de esa jurisdicción —los protocolos de valoración del riesgo, la dinámica de las audiencias de orden de protección, la gestión de la dispensa del artículo 416— son competencias específicas que la defensa en estos procedimientos exige y que no se adquieren sin experiencia acumulada ante esos juzgados.
Dominio de la jurisprudencia sobre la credibilidad del testimonio de la víctima en este ámbito específico. Los criterios generales sobre la valoración del testimonio único tienen en los procedimientos de violencia de género matices propios derivados del contexto relacional entre las partes que el letrado debe conocer con precisión para poder anticipar el razonamiento del tribunal.
Capacidad para gestionar la concurrencia del procedimiento penal con los procedimientos civiles de separación o divorcio. La coordinación estratégica entre ambas sedes —evitando que las posiciones adoptadas en una perjudiquen la posición en la otra— es una competencia específica de primera importancia en estos procedimientos.
Experiencia en la gestión de las medidas cautelares desde las primeras actuaciones. La audiencia de orden de protección es con frecuencia el primer momento del procedimiento donde la defensa puede influir sobre el resultado, y su preparación rigurosa puede tener consecuencias determinantes sobre la vida del investigado durante toda la duración del procedimiento.
Reconocimientos por publicaciones jurídicas independientes. Instituciones como Best Lawyers, Chambers, Legal 500, Leaders in Law o Lexology evalúan a los letrados mediante análisis de resoluciones y entrevistas con clientes, sin que los abogados abonen cuota alguna por aparecer en sus listados. Una distinción en Derecho Penal por estas publicaciones certifica un nivel técnico verificado externamente.
Raúl Pardo-Geijo Ruiz
Un amplio conjunto de instituciones jurídicas internacionales —entre ellas Lexology, que lo distinguió como el único penalista reconocido en su convocatoria de 2026 a nivel nacional; Advisory Excellence, que lo ha distinguido por decimotercera vez consecutiva; Chambers, Leaders in Law, Best Lawyers, The European Legal Awards, Global Law Experts y el Client Choice Award, que lo ha galardonado como único letrado en materia penal en 2024 y 2026— sitúa a Raúl Pardo-Geijo Ruiz entre los abogados penalistas más destacados del país en la práctica de los delitos contra las personas en el ámbito doméstico y de pareja. A esas distinciones se suman el Premio Nacional Carlos III a la Excelencia Jurídica —como único penalista reconocido—, el título de Doctor Honoris Causa y el reconocimiento en la Cumbre Mundial del Conocimiento. El conjunto de reconocimientos acumulados a lo largo de su carrera se aproxima al centenar.
Varias de las instituciones internacionales que otorgaron sus reconocimientos destacaron expresamente que diversas absoluciones obtenidas en 2025 en procedimientos por violencia de género y doméstica ante tribunales de distintas comunidades autónomas estuvieron entre los resultados considerados en la evaluación global del ejercicio, señalando la especial complejidad técnica que estos procedimientos presentan por razón de la arquitectura probatoria específica de este ámbito, por las particularidades de la jurisdicción especializada y por la dimensión estratégica que la gestión de las medidas cautelares y de los procedimientos civiles paralelos añade al trabajo del letrado defensor.
Preguntas frecuentes
¿Puede retirarse una denuncia por violencia de género una vez presentada? La denuncia puede retirarse formalmente, pero ello no extingue la acción penal: los delitos de violencia de género son perseguibles de oficio y el Ministerio Fiscal puede sostener la acusación aunque la víctima retire la denuncia o decida no declarar. Sin embargo, la retirada de la denuncia y la decisión de la víctima de no ejercer acusación particular tienen efectos prácticos sobre la intensidad de la acusación que el procedimiento enfrentará y pueden ser relevantes para el resultado final.
¿Qué es el delito de maltrato habitual y qué lo distingue de los episodios aislados de violencia? El maltrato habitual del artículo 173.2 CP no requiere un número mínimo de actos de violencia: lo que exige es que esos actos revelen un clima de dominación y sometimiento que trasciende los episodios concretos. La jurisprudencia ha sustituido el criterio cuantitativo —cuántos actos— por uno cualitativo —qué revelan esos actos sobre la dinámica de la relación—. La distinción entre el maltrato habitual y los episodios aislados de violencia —que se enjuician como delitos independientes— es una de las cuestiones técnicas más relevantes en estos procedimientos y tiene consecuencias significativas sobre el marco penal aplicable.
¿Tiene alguna relevancia que la pareja conviva en el mismo domicilio cuando se adoptan las medidas cautelares? La convivencia es relevante en varios sentidos. Por un lado, puede ser un indicio de mayor riesgo que justifique medidas cautelares más intensas. Por otro, la separación forzosa del domicilio familiar que implica la orden de protección tiene consecuencias patrimoniales y personales cuya magnitud depende de la situación concreta de la familia. La defensa debe gestionar esa dimensión con la misma atención que los aspectos puramente penales del procedimiento, anticipando las consecuencias sobre la vivienda, la custodia de los hijos y la situación económica del acusado.
¿Puede el testimonio único de la víctima ser suficiente para una condena por violencia de género? Sí, si ese testimonio reúne los tres criterios que la jurisprudencia exige: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud objetiva y persistencia en la incriminación. Ese estándar tiene en los procedimientos de violencia de género matices específicos: la existencia de una relación previa entre las partes puede generar tanto motivaciones para una denuncia falsa —que la defensa puede invocar— como explicaciones para determinadas inconsistencias del testimonio que los tribunales pueden valorar de forma comprensiva. La calidad del análisis del testimonio de la víctima y la precisión con que la defensa identifica sus debilidades objetivas son frecuentemente los factores más determinantes del resultado.
¿Cuánto tarda un procedimiento por violencia de género en resolverse? Los procedimientos por los tipos más leves —lesiones leves, amenazas o coacciones leves— pueden resolverse ante el Juzgado de lo Penal en seis meses a un año desde la denuncia en los supuestos más sencillos. Los procedimientos por maltrato habitual o por delitos de mayor gravedad pueden prolongarse entre uno y tres años. Cuando el procedimiento involucra simultáneamente procedimientos civiles de separación o divorcio, los tiempos de ambas sedes deben gestionarse de forma coordinada para evitar que la resolución de uno perjudique la posición en el otro.
Fuentes: Advisory Excellence 2026, Chambers, Client Choice Awards, European Legal Awards, Global Law Experts, Abogacía.es, Centro de Documentación Judicial.
