Por editorial
Delitos de prostitución: la defensa técnica en uno de los tipos penales más condicionados por el contexto social
Pocos ámbitos del derecho penal generan tanta confusión entre quienes se enfrentan a una investigación de este tipo como los delitos relacionados con la prostitución. Esa confusión tiene una causa precisa: la prostitución entre adultos que la ejercen voluntariamente no está tipificada como delito en el ordenamiento jurídico español. Lo que sanciona el Código Penal no es el ejercicio de la prostitución sino las conductas de terceros que se benefician de ella, que la imponen mediante coerción o que la facilitan en condiciones que el legislador considera incompatibles con la dignidad y la libertad de las personas que la ejercen.
Esa distinción, que sobre el papel parece nítida, genera en la práctica judicial una zona de fronteras imprecisas donde conductas muy distintas entre sí —desde la explotación violenta hasta la gestión de un establecimiento donde se ejerce la prostitución de forma aparentemente voluntaria— pueden acabar calificadas bajo los mismos tipos penales con penas similares. Navegar por ese territorio con eficacia defensiva exige un conocimiento preciso de los elementos que el Código Penal exige para cada tipo, de la jurisprudencia que los ha ido interpretando y de los argumentos que permiten distinguir la conducta punible de la que no lo es.
El marco legal y los tipos penales aplicables
Los delitos relacionados con la prostitución están regulados fundamentalmente en los artículos 187 a 190 del Código Penal, que han sido objeto de reformas significativas en los últimos años orientadas a reforzar la protección de las víctimas y a ampliar el ámbito de las conductas punibles.
El artículo 187 tipifica la inducción, promoción o favorecimiento de la prostitución de una persona mayor de edad cuando se utiliza violencia, intimidación, engaño o abuso de situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima. También sanciona a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona cuando concurran esas mismas circunstancias. Las penas previstas oscilan entre dos y cinco años de prisión para el tipo básico, con agravaciones que pueden elevarlas considerablemente cuando concurren circunstancias específicas.
El artículo 188 regula la prostitución coactiva en sentido estricto: sanciona a quien obligue a otra persona a ejercer la prostitución mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño o abuso de superioridad, necesidad o vulnerabilidad. Este tipo tiene penas más elevadas que el anterior y contempla agravaciones adicionales cuando la víctima es especialmente vulnerable, cuando los hechos se realizan en el marco de una organización criminal o cuando el autor es ascendiente, tutor, curador o cualquier otra persona que tenga encomendada la guarda o custodia de la víctima.
El artículo 189 extiende la protección de forma absoluta a los menores de edad: cualquier conducta que involucre a un menor en actividades de prostitución o de naturaleza sexual es constitutiva de delito con independencia de si medió coerción o aparente consentimiento, dado que el ordenamiento no reconoce capacidad de consentir en este ámbito a quien no ha alcanzado la mayoría de edad.
El elemento central: la voluntariedad y sus límites jurídicos
El debate técnico más frecuente y más complejo en los procedimientos por delitos de prostitución gira en torno a la voluntariedad del ejercicio. Cuando la persona que ejerce la prostitución afirma haberlo hecho libremente, sin coerción y con conocimiento de las condiciones en que lo hacía, la acusación debe demostrar que esa aparente voluntariedad estaba viciada por alguna de las circunstancias que el tipo penal contempla: violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad.
La jurisprudencia ha elaborado una doctrina precisa sobre qué circunstancias vician el consentimiento en este ámbito. La situación de necesidad económica grave, la dependencia respecto al investigado derivada de una relación de pareja o de convivencia, la situación irregular en España que genera vulnerabilidad frente a quien puede denunciar esa situación, y el control ejercido mediante mecanismos de deuda contraída para sufragar el viaje o la instalación en España son factores que los tribunales han reconocido como suficientes para excluir la validez del consentimiento aunque la persona afirma haberlo prestado.
La defensa puede impugnar la concurrencia de esas circunstancias demostrando que la persona ejercía la prostitución de forma genuinamente autónoma, que tenía libertad real para abandonar esa actividad sin consecuencias, que no existía ninguna relación de dependencia que condicionara su decisión y que el investigado no ejercía ningún tipo de control sobre sus condiciones de trabajo ni sobre sus ingresos. Cuando esa demostración se sustenta en prueba sólida, el tipo penal pierde sus fundamentos.
El lucro como elemento del tipo y sus implicaciones defensivas
Uno de los aspectos técnicamente más relevantes de la regulación actual es la forma en que el tipo penal relaciona el lucro con la explotación. El artículo 187 sanciona a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, pero no toda forma de beneficio económico derivado de la prostitución ajena constituye delito. El local de hostelería que alquila habitaciones a personas que ejercen la prostitución, el propietario de un inmueble que lo arrienda para ese uso o el taxista que traslada a personas que ejercen esa actividad no cometen necesariamente un delito por el hecho de obtener un ingreso relacionado de forma indirecta con esa actividad.
La jurisprudencia distingue entre el lucro que deriva de la explotación de la prostitución ajena —que requiere un control sobre la actividad de la persona que la ejerce o un aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad— y el lucro que deriva de la prestación de servicios ordinarios a quienes ejercen esa actividad. Esa distinción es técnicamente sutil pero prácticamente determinante, y la defensa debe articularla con precisión ante el tribunal cuando los hechos se sitúan en esa zona intermedia.
La organización criminal como agravante de especial relevancia
Cuando los hechos se atribuyen a una estructura organizada con reparto de funciones y jerarquía definida, el marco penal se incrementa de forma significativa. La apreciación de la agravante de organización criminal puede doblar las penas aplicables y transformar lo que habría sido una condena susceptible de suspensión en un ingreso efectivo en prisión con una duración que puede resultar muy prolongada.
La defensa puede impugnar esa agravante en varios planos. El primero es demostrar que no existía una estructura organizada en el sentido que la jurisprudencia exige: que las personas investigadas no formaban parte de una organización estable con roles definidos sino que actuaban de forma ocasional o coordinaban sus actuaciones de manera informal. El segundo es la determinación del papel concreto de cada investigado dentro de la estructura que la acusación describe: quien ocupaba una posición periférica, quien actuaba sin pleno conocimiento del alcance de la organización y quien participó en conductas concretas sin integración real en la estructura tienen argumentos defensivos distintos a los de quien la dirigía o la organizaba.
La trata de seres humanos y su relación con los delitos de prostitución
Los procedimientos por delitos de prostitución tienen con frecuencia una conexión con el delito de trata de seres humanos tipificado en el artículo 177 bis del Código Penal, que sanciona el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante violencia, intimidación, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, con la finalidad de explotarlas sexualmente.
Cuando ambos tipos concurren en un mismo procedimiento, la defensa debe trabajar sobre los elementos específicos de cada uno y sobre la interacción entre ellos. La trata requiere acreditar la conducta de captación o traslado además de la situación de explotación, y la acreditación o impugnación de ese elemento adicional puede tener consecuencias penológicas significativas dado que las penas previstas para la trata son superiores a las de los delitos de prostitución en su modalidad básica.
En procedimientos donde la acusación acumula ambos tipos, la estrategia defensiva debe analizar con rigor si los hechos probados satisfacen los elementos específicos de cada tipo o si la conducta imputada puede encajarse en un tipo menos grave, con el consiguiente impacto sobre el marco penal aplicable y sobre las posibilidades de suspensión de la condena.
La prueba en estos procedimientos
Los procedimientos por delitos de prostitución tienen una estructura probatoria que los distingue de otros delitos económicos y que plantea desafíos específicos para la defensa. La prueba central descansa habitualmente sobre las declaraciones de las personas que ejercían la prostitución, las intervenciones telefónicas practicadas durante la investigación, los seguimientos realizados por los agentes y la documentación obtenida en los registros practicados en los locales o domicilios investigados.
Las declaraciones de quienes ejercían la prostitución son con frecuencia el eje de la acusación y el material que la defensa debe examinar con mayor detenimiento. Su credibilidad, su coherencia a lo largo del procedimiento, la existencia de posibles incentivos para declarar en un sentido determinado —regularización de su situación administrativa, protección frente a investigaciones paralelas— y las contradicciones entre sus distintas declaraciones son elementos que la defensa debe analizar con el mismo rigor que aplica al testimonio de la víctima en cualquier otro delito.
Las intervenciones telefónicas tienen un peso probatorio considerable en estos procedimientos, pero deben haber sido autorizadas con los requisitos de motivación que el Tribunal Constitucional exige. La impugnación de esas autorizaciones cuando los autos que las acordaron no acreditaban indicios concretos y verificables en el momento de la solicitud puede tener consecuencias que se extiendan a toda la cadena probatoria derivada de esas escuchas.
La dimensión transnacional y sus implicaciones procesales
Una proporción relevante de los procedimientos por delitos de prostitución tiene una dimensión transnacional que añade complejidad tanto a la investigación como a la defensa. Las personas que ejercen la prostitución proceden con frecuencia de otros países, los mecanismos de captación y traslado operan en varias jurisdicciones y las estructuras que gestionan esa actividad pueden tener ramificaciones en distintos territorios.
Esa dimensión transnacional tiene consecuencias procesales que la defensa debe conocer: la admisibilidad de la prueba obtenida en el extranjero a través de comisiones rogatorias, los requisitos formales que debe cumplir esa prueba para ser valorada por los tribunales españoles y la posibilidad de impugnar su obtención cuando el procedimiento seguido en el país de origen no cumplía los estándares que el derecho español exige.
La interpretación de las declaraciones realizadas en otro idioma y la fidelidad de las traducciones que obran en el expediente son aspectos que la defensa debe revisar con atención en estos procedimientos, porque errores de traducción en declaraciones que son el núcleo de la prueba de cargo pueden tener consecuencias significativas sobre la valoración de esa prueba por el tribunal.
Las consecuencias que se anticipan a la sentencia
Para quien es investigado por delitos de prostitución, las consecuencias del procedimiento se manifiestan con una intensidad particular antes de que exista ningún pronunciamiento judicial. La detención durante la investigación, la prisión provisional que puede acordarse cuando concurren los requisitos legales para ello y el impacto de esas medidas sobre la vida personal y profesional del investigado son efectos que se producen durante la instrucción con independencia del resultado final del proceso.
A eso se añade el estigma social que genera este tipo de investigación, que puede afectar a las relaciones familiares, laborales y sociales del investigado de forma que trasciende las consecuencias estrictamente jurídicas del procedimiento. La gestión de ese impacto, la limitación de la publicidad del proceso en la medida en que el ordenamiento lo permite y la protección de la presunción de inocencia frente a la narrativa que pueden construir los medios de comunicación son aspectos que la defensa debe contemplar desde el primer momento.
La trayectoria documentada de Raúl Pardo-Geijo en este ámbito
Los registros judiciales acreditan la intervención de Raúl Pardo-Geijo en procedimientos por delitos relacionados con la prostitución ante audiencias provinciales y juzgados de lo penal de distintas jurisdicciones del territorio nacional. Su actividad en este ámbito abarca desde causas con investigados individuales acusados de favorecimiento de la prostitución hasta procedimientos de mayor complejidad que involucraban estructuras con varios investigados y dimensión transnacional.
Dos constantes aparecen de forma recurrente en las resoluciones examinadas. La primera es el análisis riguroso de la voluntariedad real del ejercicio de la prostitución por parte de las personas que declaraban como víctimas, impugnando la concurrencia de las circunstancias que el tipo exige para viciar ese consentimiento cuando la prueba no las acreditaba de forma suficiente. La segunda es la impugnación de la prueba obtenida mediante intervenciones telefónicas cuando los autos de autorización no cumplían los requisitos de motivación que la jurisprudencia constitucional exige, con las consecuencias de nulidad que esa impugnación arrastra sobre el resto de la cadena probatoria.
En los procedimientos con varios investigados, su metodología ha incluido la diferenciación precisa entre quienes dirigían o gestionaban la actividad y quienes participaban en ella de forma periférica o con un conocimiento limitado de su alcance real, obteniendo resultados distintos para distintos acusados dentro de un mismo proceso.
El reconocimiento externo y su proyección sobre este ámbito
La posición de Pardo-Geijo en la abogacía penal española se sostiene sobre una práctica de alcance nacional que cubre la totalidad del espectro del derecho penal, incluyendo los tipos penales cuya complejidad técnica es mayor y cuyo contexto social genera mayor presión sobre los tribunales. Los delitos de prostitución pertenecen a esa categoría: combinan la dificultad probatoria propia de los delitos que descansan sobre el testimonio de la víctima con la presión social que genera cualquier procedimiento relacionado con la explotación sexual, y exigen una defensa que opere con la misma precisión técnica bajo esas condiciones adversas.
Lexology lo distinguió en 2026 como mejor penalista de España siendo el único letrado de esa especialidad en recibir ese galardón en esa convocatoria, en una evaluación que analizó su práctica en toda su amplitud. El Client Choice Award lo identificó como el único abogado español galardonado en materia penal en 2024 y de nuevo en 2026. Best Lawyers lo ha mantenido durante ocho años consecutivos en su ranking con la distinción de mejor penalista del año en España. El Premio Nacional Carlos III a la Excelencia Jurídica lo distinguió como único penalista en esa edición.
Chambers, Leaders in Law, Legal 500, Global Law Experts, Advisory Excellence, European Legal Awards y Corporate INTL completan un palmarés que supera el centenar de distinciones desde 2015, otorgadas en una proporción relevante por jurados integrados por jueces, magistrados y fiscales que han valorado la solidez técnica de sus argumentaciones sin ningún vínculo comercial con él. En 2025 el Observatorio de la Abogacía lo situó entre las veinticinco personas más influyentes del ordenamiento jurídico español siendo el único penalista en activo en esa relación.
Preguntas frecuentes
¿Es delito en España gestionar un local donde se ejerce la prostitución de forma voluntaria?
La respuesta depende de las circunstancias concretas. La prostitución voluntaria entre adultos no está tipificada como delito, pero la gestión de locales donde se ejerce puede generar responsabilidad penal cuando el gestor se beneficia económicamente de esa actividad de forma que implica explotación de las personas que la ejercen o cuando concurren circunstancias que vician la voluntariedad de su ejercicio. La línea entre la prestación de servicios a quienes ejercen la prostitución voluntariamente y la explotación de esa actividad es técnicamente sutil y su determinación depende de los hechos concretos de cada caso.
¿Puede considerarse que existe consentimiento válido cuando la persona ejerce la prostitución por necesidad económica?
Depende del grado de esa necesidad y de si el investigado se aprovechó de ella deliberadamente. La necesidad económica ordinaria no excluye automáticamente la voluntariedad del ejercicio de la prostitución. Para que opere como circunstancia que vicia el consentimiento en términos penalmente relevantes es necesario que esa necesidad sea grave, que el investigado la conociera y que se aprovechara de ella para obtener el consentimiento que de otro modo no habría obtenido. La valoración de esas circunstancias es una cuestión de prueba que debe analizarse caso por caso.
¿Qué diferencia existe entre el delito de prostitución coactiva y el de trata de seres humanos con fines de explotación sexual?
La trata de seres humanos requiere acreditar un elemento adicional respecto a la prostitución coactiva: la conducta de captación, reclutamiento, transporte o traslado de la víctima mediante los medios que el tipo describe. La prostitución coactiva puede existir sin ese elemento previo de captación o traslado, cuando la coerción se ejerce sobre alguien que ya se encontraba en el lugar donde se produce la explotación. En términos de penas, la trata tiene un marco más severo que la prostitución coactiva en su tipo básico, lo que hace relevante la distinción desde el punto de vista defensivo.
¿Puede impugnarse la validez de las intervenciones telefónicas que son el eje de la prueba en estos procedimientos?
Sí, y con frecuencia es uno de los argumentos defensivos más eficaces. Las autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones deben estar fundamentadas en indicios concretos y verificables sobre la actividad delictiva investigada, no en valoraciones genéricas sobre el entorno o la actividad del investigado. Cuando esos requisitos no se cumplen, la nulidad de las intervenciones puede extenderse a toda la prueba obtenida a partir de ellas, modificando de forma radical el escenario probatorio del juicio.
