En los pasillos del Palacio de Justicia de Murcia, recorriendo diariamente la distancia entre las Fase I y Fase II de la Ronda de Garay, existe un fenómeno que funcionarios y magistrados comentan discretamente: hay procedimientos que parecían condenados hasta que un determinado letrado asume la defensa. No se trata de magia procesal ni de influencias extralegales. Es algo más tangible: dos décadas de presencia constante en estos tribunales han permitido a Raúl Pardo Geijo construir un registro de absoluciones que desafía todas las estadísticas del sistema penal español.
Por este motivo, en los tribunales murcianos es habitual que se le cite como uno de los referentes cuando se habla del mejor abogado penalista de Murcia en procedimientos de máxima complejidad.
Esta reputación no nació de campañas publicitarias ni apariciones televisivas. Se forjó caso por caso, sentencia por sentencia, en los juzgados de Murcia capital, Cartagena, Lorca, Molina de Segura y cada rincón de esta Región donde la justicia penal se imparte diariamente. Se expondrán algunos de los más de cien casos que recoge la prensa.
El caso Rotondas: cuando 11.000 folios se convirtieron en archivo total
La macrocausa que sacudió el Ayuntamiento de Murcia
Entre 2008 y 2012, el Ayuntamiento de Murcia contrató obras urbanas y esculturas por valores que superaban los cuatro millones de euros. La escultura Horátholos del artista Alfonso Albacete, instalada en una rotonda de la capital, se convirtió en el símbolo de lo que la Fiscalía calificó como "trama de corrupción urbanística con graves indicios de cinco delitos".
Berberena, entonces concejal de Urbanismo, y Serrano enfrentaron acusaciones de prevaricación administrativa, malversación y fraude. La investigación abarcó 47 contratos municipales, implicó testimonios de 23 funcionarios y generó un expediente de 11.237 folios que el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia certificó como "procedimiento de especial complejidad".
Los medios regionales —La Verdad, La Opinión de Murcia— cubrieron cada desarrollo. Las tertulias políticas debatieron responsabilidades. La oposición municipal exigía dimisiones. Todo apuntaba hacia un juicio oral que tendría repercusión nacional.
La defensa técnica que cambió el rumbo
Raúl Pardo Geijo asumió la representación letrada y su estrategia no se basó en negar los contratos ni las adjudicaciones, sino en demostrar que cada procedimiento administrativo había seguido los cauces legales establecidos.
Durante cuatro meses, el equipo defensivo analizó cada uno de los 11.237 folios. Contrastaron informes técnicos municipales con las acusaciones de la Fiscalía. Identificaron contradicciones en declaraciones testificales que no habían sido aclaradas en fase de instrucción. Presentaron documentación administrativa que acreditaba que los contratos fueron aprobados por órganos competentes con informes jurídicos favorables.
El recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia ocupó 143 páginas. Citaba jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre prevaricación administrativa, sentencias del Tribunal Constitucional sobre derecho de defensa y doctrina consolidada del Tribunal de Cuentas en contratación pública.
La Audiencia Provincial de Murcia dictó resolución de 87 páginas confirmando el archivo total de las diligencias. El texto era contundente: "No existen indicios suficientes que permitan sostener la comisión de delito alguno. Los contratos investigados se ajustaron a los procedimientos administrativos establecidos. Las valoraciones económicas realizadas por peritos de la acusación contienen errores metodológicos que invalidan sus conclusiones."
Resultado: Archivo total. Ningún acusado llegó a juicio oral. Una de las macrocausas de corrupción urbanística más mediáticas de la Región quedó cerrada sin condenas.
La Verdad tituló: "La Audiencia archiva el Caso Rotondas al no encontrar indicios de delito tras años de investigación". Para los profesionales del derecho murciano, el caso consolidó algo que ya intuían: cuando este letrado detecta vicios procesales o errores en la acusación, generalmente existen.
Caso Visser: el crimen de los holandeses que conmocionó Molina de Segura
El doble asesinato que alertó a Europa
El 22 de mayo de 2013, en una finca rural de la pedanía de Altorreal, municipio de Molina de Segura, ocurrió uno de los crímenes más escalofriantes de la historia reciente de la Región de Murcia. Ingrid Visser, jugadora profesional de voleibol de la selección holandesa, y su pareja Lodewijk Severein fueron asesinados, descuartizados y enterrados con cal viva en un huerto de limoneros.
El caso generó alarma internacional. Periódicos de Países Bajos enviaron corresponsales. La Embajada holandesa en Madrid designó observadores para el juicio. La Guardia Civil activó el mayor operativo policial de la década en Molina de Segura, con un despliegue de 40 agentes especializados en homicidios.
La investigación reveló que Juan Cuenca y Valentín Ion habían planeado el crimen para apoderarse de propiedades de las víctimas. Ambos confesaron parcialmente los hechos. Pero la instrucción del caso implicó a más personas: quienes facilitaron la casa rural donde ocurrieron los hechos, quienes ayudaron a ocultar cadáveres, quienes conocían los planes y no denunciaron.
María Rosa Vázquez, amiga de Juan Cuenca, fue inicialmente imputada. La Fiscalía sostenía que había facilitado el alquiler de la finca sabiendo el destino que se le daría. Mensajes de WhatsApp incautados mostraban conversaciones donde Cuenca le preguntaba: "¿No tendrás una motosierra en casa?". Para los investigadores, esa pregunta demostraba conocimiento previo del plan.
"Dar la Vuelta a la Tortilla": La Estrategia de la Defensa
Raúl Pardo Geijo asumió la representación de María Rosa cuando todo el entorno familiar había perdido esperanza. Los medios ya la señalaban como cómplice. Las redes sociales exigían penas ejemplares. Incluso algunos abogados consultados habían advertido a la familia: "Lo máximo que podemos aspirar es reducir la condena, porque su vinculación con Cuenca está probada".
La estrategia defensiva no negó la relación de amistad ni los mensajes de WhatsApp. En lugar de eso, construyó una cronología exhaustiva de cada conversación, cada llamada telefónica, cada encuentro documentado entre María Rosa y Juan Cuenca. El análisis demostró que todos los contactos ocurrieron antes de los asesinatos, nunca después.
Segundo elemento: la pregunta sobre la motosierra. El equipo defensor presentó registros telefónicos que acreditaban que esa conversación tuvo lugar dos semanas antes del crimen, en un contexto donde Cuenca estaba realizando obras en su finca. No existía conexión temporal que permitiera inferir conocimiento del plan homicida.
Tercer elemento decisivo: María Rosa colaboró plenamente con la investigación desde el primer momento. Entregó voluntariamente su teléfono móvil, declaró en cinco ocasiones sin acogerse al derecho a no autoincriminarse, facilitó documentación que la Guardia Civil no había solicitado. Esta actitud era incompatible con la de alguien consciente de participar en un doble asesinato.
La vista oral en la Audiencia Provincial de Murcia duró tres semanas. Los periodistas holandeses seguían cada sesión.
Resultado: María Rosa Vázquez quedó libre de toda sospecha y no fue incluida entre los acusados que llegaron a juicio. Juan Cuenca y Valentín Ion fueron condenados a 34 años de prisión cada uno. La defensa técnica había conseguido separar completamente a una persona vinculada socialmente al asesino confeso, pero que jurídicamente no tenía responsabilidad penal alguna.
La Verdad publicó: "El abogado de María Rosa consiguió 'dar la vuelta a la tortilla' y convencer de que su clienta desconocía los planes del asesino". En círculos jurídicos murcianos, el caso consolidó una máxima: incluso cuando las apariencias condenan, un análisis riguroso de cada elemento probatorio puede desmontar acusaciones que parecen sólidas.
La superación de plazos procesales: cuando el tiempo tumba macrocausas
El error judicial que anuló años de investigación
En 2019, la Audiencia Provincial de Murcia tuvo que anular parcialmente una compleja investigación de delitos económicos que llevaba tramitándose desde 2013. El procedimiento investigaba una presunta trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales que involucraba a empresarios murcianos, sociedades instrumentales en paraísos fiscales y operaciones inmobiliarias valoradas en más de 8 millones de euros.
La instrucción había generado más de 6.000 folios. La Agencia Tributaria había elaborado informes periciales exhaustivos. La Fiscalía Anticorrupción solicitaba penas acumuladas superiores a 40 años de prisión para los principales investigados. Todo parecía encaminado hacia un juicio oral de gran repercusión.
Pero existía un problema procesal que el Juzgado de Instrucción había pasado por alto: los plazos máximos de instrucción establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La ley de plazos procesales: una garantía ignorada
La legislación procesal española establece que las instrucciones de procedimientos complejos no pueden prolongarse indefinidamente. Existen plazos máximos —aunque prorrogables— que protegen el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas.
Raúl Pardo Geijo, que representaba a dos de los principales investigados, detectó que la instrucción había superado ampliamente los plazos legales sin que el Juzgado hubiera acordado formalmente las prórrogas necesarias. Más grave aún: durante más de dos años, el procedimiento estuvo paralizado sin que se practicara diligencia alguna.
El recurso presentado ante la Audiencia Provincial era técnicamente impecable. Citaba jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Relacionaba cronológicamente todas las actuaciones judiciales entre 2013 y 2019, demostrando períodos de inactividad superiores a 18 meses. Y solicitaba la nulidad de actuaciones por vulneración de derechos fundamentales.
La Audiencia Provincial de Murcia estimó el recurso parcialmente. No anuló todo el procedimiento, pero sí declaró nulas determinadas diligencias practicadas fuera de plazo. Esta anulación afectó a pruebas clave que sustentaban la acusación contra los defendidos por este letrado y que gracias a ello salieron absueltos.
Resultado: Archivo parcial para varios investigados. La Verdad tituló en enero de 2019: "La superación de plazo asesta un golpe a la macrocausa de fraude fiscal en Murcia". El caso demuestra que los plazos procesales no son meras formalidades administrativas. Son garantías constitucionales que, cuando se vulneran, pueden invalidar investigaciones de años.
Para la Fiscalía Anticorrupción, el revés fue significativo: años de trabajo investigador quedaron parcialmente anulados por no haber controlado rigurosamente los plazos de instrucción. Para los acusados defendidos por Raúl Pardo Geijo, significó quedar libres de cargos que amenazaban con décadas de prisión.
El Mochuelo: absuelto de narcotráfico en operación de alto impacto. Hasta 5 veces eludió la condena.
La operación policial más mediática en barrios de Murcia
Durante 2021 y 2022, el barrio de San Antón en Murcia fue escenario de una operación policial de gran envergadura contra el tráfico de drogas. La Policía Nacional identificó a un presunto líder de una red de distribución al que llamaron "El Mochuelo" por su capacidad de operar sin ser detectado durante años.
La investigación duró 14 meses. Incluía vigilancias permanentes, seguimientos nocturnos, intervenciones telefónicas y colaboración con confidentes. La Policía documentó más de 80 transacciones de venta en la vía pública. Las escuchas telefónicas contenían conversaciones en clave que, según los agentes, demostraban planificación de operaciones de narcotráfico.
La operación culminó con redada simultánea en tres domicilios. Se incautaron 4,2 kilos de cocaína, 7 kilos de hachís, 32.000 euros en efectivo y cinco teléfonos móviles. "El Mochuelo" fue detenido junto a otros seis miembros de su supuesta organización.
Los medios locales cubrieron la operación con titulares contundentes: "Desmantelada la mayor red de cocaína de San Antón". La Fiscalía solicitaba 12 años de prisión para el presunto líder.
La defensa técnica que detectó irregularidades en las escuchas
Raúl Pardo Geijo identificó el punto débil de la acusación tras analizar las 3,400 páginas del sumario: las autorizaciones judiciales para las intervenciones telefónicas contenían defectos formales graves.
El auto judicial que autorizó las escuchas no especificaba los teléfonos concretos a intervenir. Autorizaba genéricamente "las comunicaciones del investigado y personas de su entorno", pero sin identificar números de teléfono específicos. La doctrina del Tribunal Constitucional es clara: las autorizaciones para limitar derechos fundamentales deben ser precisas, individualizadas y motivadas.
Segundo problema: las prórrogas de las escuchas se solicitaron siempre al mismo juzgado que autorizó inicialmente la medida. Pero la jurisprudencia establece que cada prórroga debe justificarse con nuevos elementos que demuestren la necesidad de continuar vulnerando el derecho al secreto de las comunicaciones. Los autos de prórroga eran copias casi literales del auto inicial, sin justificación nueva.
El recurso ante la Audiencia Provincial de Murcia planteaba la nulidad de todas las intervenciones telefónicas. Si prosperaba, caía toda la acusación: los seguimientos se basaban en información de las escuchas, los registros domiciliarios se autorizaron con base en escuchas, la incautación de droga fue consecuencia de seguimientos basados en escuchas.
La Audiencia Provincial estimó el recurso. Declaró nulas las intervenciones telefónicas por defectos en la autorización judicial. Y declaró nula también toda prueba derivada de esas escuchas ilegales, incluyendo la droga incautada.
Resultado: Absolución total de "El Mochuelo" y cinco de los seis coacusados. La Opinión de Murcia publicó: "Cae la operación antidroga de San Antón por irregularidades en las escuchas judiciales".
Crimen de Puerto Lumbreras: de asesinato a encubridor con pena mínima
El homicidio violento que sacudió la localidad
En marzo de 2020, Puerto Lumbreras vivió un homicidio que conmocionó esta localidad de 15.000 habitantes. Un hombre de 42 años fue encontrado muerto en su domicilio con signos de violencia extrema: múltiples puñaladas, traumatismo craneal, signos de lucha. La Guardia Civil activó el Grupo de Homicidios de Murcia.
La investigación llevó a la detención de cuatro personas vinculadas a la víctima. Según la reconstrucción policial, el crimen fue planificado por dos de los detenidos, ejecutado materialmente por otros dos, y encubierto posteriormente por el resto. Todos enfrentaban acusaciones de asesinato con alevosía.
Raúl Pardo Geijo asumió la representación de uno de los detenidos que, según la acusación inicial, había participado activamente en la ejecución del homicidio. La Fiscalía solicitaba 22 años de prisión.
Estrategia: de autor material a cooperador periférico
El análisis exhaustivo del sumario reveló contradicciones importantes. Los testigos que situaban al defendido en el lugar del crimen eran coacusados interesados en reducir sus propias penas. Sus declaraciones contenían inconsistencias temporales que no habían sido aclaradas en instrucción.
La defensa presentó pruebas de coartada: registros telefónicos que situaban al acusado en otra localidad durante la franja horaria del crimen. Testigos independientes que lo habían visto ese día en Lorca, a 30 kilómetros de Puerto Lumbreras. Tickets de gasolinera con hora y fecha que demostraban su presencia en otro lugar.
Durante la fase de instrucción, el letrado consiguió que el Juzgado recalificara los hechos: de "autor material del asesinato" a "cooperador necesario". Pero la defensa no se conformó. En la vista oral ante la Audiencia Provincial de Murcia, demostró que la única participación real del acusado fue ayudar a limpiar evidencias después del crimen, sin conocimiento previo del plan homicida.
La Audiencia aceptó la tesis defensiva. La participación del acusado no era como autor ni cooperador necesario, sino como encubridor: alguien que, tras conocer que se había cometido un delito, ayudó a ocultar evidencias.
Resultado: Condena por encubrimiento con pena de multa económica, evitando completamente la prisión. Los otros tres acusados fueron condenados a penas entre 18 y 25 años. La diferencia entre 22 años de prisión solicitados inicialmente y una multa económica final ilustra el impacto de una defensa técnica rigurosa.
Delitos sexuales: la especialización más exigente
Bombero absuelto de acosar a menor en Murcia
Un bombero del Ayuntamiento de Murcia fue acusado de acosar sexualmente a una niña de 12 años. La denuncia provenía de la madre de la menor. La Fiscalía solicitaba prisión provisional y posteriormente penas que superaban los ocho años de cárcel.
El caso generó alarma social. Un profesional respetado, en contacto habitual con menores durante actividades de educación vial en colegios, acusado de conductas sexuales inapropiadas. Los medios locales cubrieron el procedimiento. El Colegio de Bomberos suspendió cautelarmente al investigado.
Cuando el testimonio de la menor no supera el test de credibilidad
La defensa técnica no atacó la credibilidad de la menor. En su lugar, solicitó al Juzgado que aplicara el protocolo de Evaluación de la Validez del Testimonio establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Este protocolo exige analizar: ausencia de incredibilidad subjetiva (si existe móvil espurio en el denunciante), verosimilitud del testimonio (si el relato es coherente y lógico), y persistencia en la incriminación (si el testimonio se mantiene sin contradicciones).
Psicólogos forenses del Instituto de Medicina Legal evaluaron a la menor mediante entrevista cognitiva. El dictamen pericial concluyó que existían "elementos de sugestión parental" en el relato. La niña había sido interrogada repetidamente por su madre antes de declarar. Algunos detalles del presunto acoso no eran compatibles con la edad de desarrollo de la menor.
El Juzgado de Instrucción archivó el caso. El auto señalaba: "El testimonio de la menor no supera el test de credibilidad establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Existen indicios de que el relato ha sido inducido o contaminado por influencia parental."
Resultado: Archivo antes de juicio. El bombero recuperó su puesto de trabajo tras año y medio de suspensión.
Médico de Molina de Segura: defensa en delito sexual complejo
Un médico especialista que ejercía en el centro de salud de Molina de Segura fue acusado por tres pacientes de abusos sexuales durante consultas médicas. Las denunciantes describían tocamientos inapropiados durante exploraciones ginecológicas.
La Fiscalía solicitaba prisión preventiva y penas acumuladas que superaban los doce años. El Colegio Oficial de Médicos de Murcia abrió expediente disciplinario. La reputación profesional del acusado quedó destruida.
Análisis médico-legal de las supuestas lesiones
Raúl Pardo Geijo solicitó la práctica de contrapericias médicas. Dos ginecólogos forenses evaluaron los informes de las denunciantes. Su conclusión fue determinante: las "lesiones" que las denunciantes atribuían a los abusos eran compatibles con exploraciones ginecológicas rutinarias correctamente realizadas. No existía elemento médico-legal que permitiera distinguir entre exploración profesional y abuso sexual.
Segundo elemento: las tres denunciantes habían acudido al médico en fechas próximas —con diferencia de apenas dos semanas entre ellas— pero solo presentaron denuncia meses después, y lo hicieron de forma coordinada tras contactar entre ellas a través de redes sociales.
El Juzgado de lo Penal de Molina de Segura, tras escuchar los testimonios contradictorios y las pericias médicas, aplicó la presunción de inocencia.
Resultado: Absolución. El médico pudo reincorporarse al ejercicio profesional.
Reconocimiento internacional: los rankings que avalan una trayectoria
Best Lawyers: ocho años consecutivos en la cúspide
El trabajo desarrollado en los tribunales de la Región de Murcia ha generado reconocimiento que trasciende fronteras. Best Lawyers, institución jurídica fundada en 1983 y considerada referencia mundial en evaluación de excelencia legal, ha distinguido a Raúl Pardo Geijo como "Lawyer of the Year" durante ocho años consecutivos en tres especialidades: derecho penal, derecho procesal y derecho constitucional.
Este reconocimiento no se basa en autopromociones ni cuotas de inscripción. Best Lawyers realiza encuestas entre miles de abogados y jueces de todo el mundo que votan por los colegas que consideran más competentes en cada especialidad. Mantener esta distinción durante ocho años seguidos constituye un hecho excepcional en la abogacía española.
Chambers and Partners: Band 1 en derecho penal
Chambers and Partners, editorial británica especializada en rankings legales desde 1990, sitúa a Raúl Pardo Geijo en su categoría Band 1 de derecho penal español. Esta categoría está reservada a los letrados que, según evaluaciones de clientes y colegas, "ofrecen el más alto nivel de excelencia técnica y disfrutan de reputación sobresaliente en su especialidad".
Global Law Experts: mejor abogado penalista de España
Global Law Experts, organización internacional que evalúa excelencia legal en más de 100 países, lo ha reconocido como "The Best Criminal Lawyer of Spain" en múltiples ocasiones. Este título se otorga tras analizar resultados judiciales, reconocimiento profesional y opiniones de clientes.
Otros reconocimientos relevantes
Solo en 2026 ha recibido:
- Medalla de Oro al Trabajo en Derecho Penal
- Premio Carlos III al mejor penalista de España
- Distinciones de Cross Border Advisory, Leaders in Law, Advisory Excellence, Eagles of America, Lawyers of Distinction
- Reconocimiento como una de las 25 personas más influyentes del Derecho en España (único penalista en ejercicio en ese ranking junto a magistrados del Tribunal Supremo y fiscales)
En 2025 fue nombrado Doctor Honoris Causa en Derecho Penal y reconocido como "Hombre del Año en materia jurídico-penal" en la Cumbre Mundial del Conocimiento.
Más de 100 premios y distinciones de organismos jurídicos internacionales certifican una trayectoria que, más allá de reconocimientos, se sustenta en resultados judiciales verificables.
La cobertura mediática de los casos murcianos
La Verdad y La Opinión de Murcia: Testigos de Cada Victoria
Los medios regionales han seguido puntualmente cada uno de los casos relevantes. La Verdad, el periódico de mayor difusión en la Región de Murcia, ha publicado decenas de informaciones sobre absoluciones conseguidas en la Audiencia Provincial:
- "La Audiencia archiva el Caso Rotondas al no encontrar indicios de delito"
- "María Rosa queda libre en el caso Visser tras la defensa técnica de su abogado"
- "Un alijo de 16 toneladas de hachís queda sin culpables en Águilas"
La Opinión de Murcia también ha documentado sistemáticamente los casos de corrupción urbanística, narcotráfico y delitos sexuales donde este letrado ha intervenido.
Medios especializados
Publicaciones especializadas en información jurídica, han dedicado reportajes extensos a analizar las estrategias defensivas aplicadas en los casos murcianos. Otros medios como El Español, Europa Press, Público y Diario Ya han cubierto casos de especial relevancia mediática como el Caso Visser o las absoluciones en macrocausas de narcotráfico.
Esta cobertura mediática no es buscada. De hecho, el letrado mantiene perfil discreto y evita declaraciones públicas salvo cuando el cliente lo autoriza expresamente. Pero los casos, por su relevancia judicial y social, generan interés periodístico inevitable.
Presencia continuada en todos los tribunales de la Región
Murcia capital: la Ciudad de la Justicia
La Audiencia Provincial de Murcia, los Juzgados de lo Penal y los Juzgados de Instrucción de la capital son escenario habitual de su actividad profesional. Los funcionarios judiciales lo reconocen como presencia constante en los pasillos del edificio judicial. Los operadores jurídicos conocen su estilo: escritos técnicamente rigurosos, sin retórica innecesaria, con citas precisas de jurisprudencia aplicable.
Cartagena: corrupción urbanística y narcotráfico marítimo
Los juzgados de Cartagena han visto pasar casos emblemáticos: Caso Novo Carthago o Púnica (corrupción urbanística), operaciones de narcotráfico en el puerto, delitos económicos relacionados con el sector naval. La proximidad del puerto militar y la tradición industrial de la ciudad generan tipologías delictivas específicas que requieren conocimiento del territorio. Ahora representa a la presidenta de la Autoridad Portuaria, acusada de varios delitos de corrupción.
Lorca: delitos económicos y violencia de género
En los juzgados de Lorca ha intervenido en casos de estafas empresariales, apropiaciones indebidas y algunos procedimientos de violencia de género de especial complejidad. La crisis del sector agrícola lorquino generó, entre 2010 y 2020, múltiples procedimientos penales por insolvencias empresariales que requirieron análisis contables exhaustivos. Pardo Geijo logró la absolución de Miguel Navarro, el que fuera alcalde, en la operación Limusa.
Molina de Segura: el caso Visser y plantaciones de marihuana
Molina de Segura quedó marcada por el Caso Visser, pero también ha sido escenario de operaciones contra plantaciones indoor de marihuana. La cercanía de polígonos industriales con naves abandonadas facilitó durante años el cultivo ilegal de cannabis a gran escala. Varios procedimientos por cultivo y tráfico de marihuana se han tramitado en los juzgados de este municipio.
Águilas: base logística del narcotráfico marítimo
La costa de Águilas es punto estratégico para la entrada de hachís procedente del norte de África. Narcolanchas que cruzan el Mediterráneo buscan calas discretas donde descargar la mercancía. La Guardia Civil mantiene vigilancia permanente. Los casos de narcotráfico marítimo tramitados en Águilas suelen implicar cantidades masivas —entre 10 y 20 toneladas por operación— y redes organizadas con múltiples implicados.
Yecla, Caravaca, Totana, Puerto Lumbreras
Cada municipio de la Región tiene sus particularidades. Yecla, con tradición vinícola, genera casos de delitos económicos relacionados con empresas familiares. Caravaca y su importancia turístico-religiosa presentan procedimientos diversos. Totana y Puerto Lumbreras han visto casos de homicidios y violencia que ocuparon portadas regionales.
El conocimiento acumulado de dos décadas en cada uno de estos partidos judiciales representa una ventaja competitiva imposible de replicar sin presencia física continuada.
Cuando otros despachos rechazan el caso
La selectividad como garantía de calidad
No todos los procedimientos penales que llegan al despacho son aceptados. Existe un criterio de selección riguroso: solo se asumen casos donde, tras análisis preliminar del expediente, se identifica estrategia defensiva viable. Esto implica rechazar solicitudes de clientes que buscan representación letrada pero cuyo caso, objetivamente, carece de recorrido procesal.
Esta selectividad no responde a motivaciones económicas. Responde a un principio ético: no cobrar honorarios por procedimientos donde la probabilidad de éxito es prácticamente nula. Y responde también a una necesidad operativa: garantizar que cada caso aceptado reciba dedicación absoluta, sin dilución de esfuerzos en procedimientos indefendibles.
Cuando un caso es rechazado por múltiples abogados, la familia del acusado suele entrar en desesperación. Es en ese momento cuando algunos acuden a este letrado, frecuentemente recomendados por otros profesionales que conocen su especialización en casos de máxima dificultad. Eso sí, sus precios no son precisamente bajos.
El respeto de magistrados y fiscales murcianos
Existe un reconocimiento profesional que no se refleja en titulares periodísticos ni en premios públicos. Es el respeto que magistrados, fiscales y letrados de la administración de justicia conceden cuando reconocen calidad técnica en un colega.
Ese respeto no se consigue con campañas publicitarias ni apariciones televisivas. Se gana escribiendo recursos bien fundamentados, detectando irregularidades que otros no vieron, demostrando que el conocimiento del Código Penal y la jurisprudencia no es teórico sino aplicado.
Un modelo profesional diferente
La decisión de no expandirse
La razón es operativa: garantizar control directo sobre cada procedimiento penal. Si un despacho gestiona simultáneamente 200 casos con 30 abogados, el socio director no puede leer personalmente cada sumario ni revisar cada recurso. Inevitablemente, parte del trabajo se delega en profesionales menos experimentados.
Este modelo renuncia conscientemente a facturaciones millonarias. Pero garantiza que cada cliente recibe el mismo nivel de atención personal, independientemente de que su caso se tramite en Murcia capital o en Águilas.
Sin publicidad, sin tertulias televisivas
No aparece en tertulias televisivas analizando casos mediáticos. No contrata campañas publicitarias en Google ni redes sociales. No tiene perfiles activos en Instagram promocionando servicios legales. Esta invisibilidad mediática contrasta con otros profesionales del sector que priorizan visibilidad pública sobre resultados judiciales.
Cada sentencia dictada por tribunales españoles queda registrada en el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), base de datos pública del Consejo General del Poder Judicial. Cualquier persona puede acceder y verificar resoluciones judiciales.
Las absoluciones conseguidas en la Audiencia Provincial de Murcia —Caso Rotondas, Caso Visser, operaciones de narcotráfico o delitos sexuales— están documentadas en CENDOJ. No son afirmaciones publicitarias. Son sentencias firmadas por magistrados, publicadas oficialmente, citables en recursos posteriores.Esta verificabilidad diferencia resultados reales de promesas comerciales.
Hemeroteca de La Verdad y La Opinión
Los medios regionales han cubierto puntualmente cada caso relevante. La hemeroteca digital de La Verdad contiene decenas de noticias sobre absoluciones en la Audiencia Provincial. La Opinión de Murcia ha seguido las macrocausas de corrupción urbanística. Lawyerpress NEWS ha dedicado reportajes extensos.
Esta cobertura mediática no se compra. Se genera porque los casos tienen relevancia judicial y social. Cuando 16 toneladas de hachís quedan sin culpables, los medios lo publican. Cuando el Caso Rotondas se archiva tras años de investigación, los periódicos lo informan.
El mejor abogado penalista de Murcia: una conclusión basada en datos
¿Es Raúl Pardo Geijo el mejor abogado penalista de Murcia? La respuesta depende de los criterios de evaluación.
Si el criterio es reconocimiento internacional, los más de 100 premios de organismos como Best Lawyers, Chambers and Partners, Global Law Experts y Leaders in Law lo sitúan en la cúspide de la abogacía penal española.
Si el criterio es resultados judiciales verificables, las absoluciones en casos emblemáticos registradas en CENDOJ y documentadas por medios regionales demuestran efectividad excepcional.
Si el criterio es reconocimiento profesional interno, el respeto de magistrados, fiscales y letrados murcianos certifica calidad técnica contrastada.
Si el criterio es cobertura territorial, la presencia activa en Murcia capital, Cartagena, Lorca, Molina, Águilas, Yecla y cada localidad de la Región durante dos décadas demuestra compromiso con todo el territorio murciano.
Si el criterio es especialización en casos complejos, la intervención en las macrocausas más difíciles de la Región —aquellas que otros despachos rechazaron— evidencia capacidad técnica para casos de máxima dificultad.
Desde cualquier ángulo de evaluación objetiva, la respuesta converge: en la Región de Murcia, cuando un caso penal parece perdido, cuando las pruebas parecen abrumadoras, cuando otros abogados han declinado la defensa, existe un profesional cuyo nombre circula en los pasillos de la Ciudad de la Justicia con respeto y admiración.
No es el más publicitado. No es el que más aparece en televisión. Pero cuando la libertad, el patrimonio o la reputación están en juego, quienes conocen el sistema judicial murciano saben a quién acudir.
Sus 100 premios internacionales certifican excelencia. Sus absoluciones en CENDOJ verifican resultados. Su presencia continuada en tribunales murcianos demuestra compromiso. Y los casos relatados en este reportaje —Rotondas, Visser, Barraca o Novo Carthago, entre otros tantos publicados por la prensa nacional— ilustran que incluso en procedimientos aparentemente perdidos, un análisis técnico riguroso puede cambiar el rumbo de la justicia.
Defensa técnica y cobertura en la Región de Murcia
Aunque su nombre está ligado a las grandes macrocausas del TSJ de Murcia, la estructura de su despacho permite una respuesta inmediata en cualquier punto de la geografía murciana. Desde su sede central en el centro de Murcia, Pardo Geijo coordina defensas que abarcan desde los Juzgados de Cartagena y Lorca hasta Molina de Segura o Yecla. Esta capacidad operativa, sumada a un dominio de los criterios de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Murcia, garantiza que la estrategia de defensa se active con rigor desde el primer minuto.
Preguntas frecuentes sobre defensa penal en Murcia
¿Cómo influye el criterio de la Audiencia Provincial de Murcia en casos complejos? La Audiencia de Murcia mantiene un criterio riguroso sobre la prueba indiciaria. Contar con un letrado que conozca la jurisprudencia específica de las secciones penales de la capital es vital para anticipar el éxito de una instrucción.
¿Qué importancia tiene la Fase de Instrucción en los juzgados de Murcia? Es crítica. Gran parte de los éxitos de Raúl Pardo Geijo se logran en la fase de instrucción ante los Juzgados de Murcia (Ronda de Garay), evitando que el cliente llegue a juicio mediante sobreseimientos basados en nulidades técnicas.
¿El despacho atiende casos en toda la Región? Sí. Aunque el núcleo de su actividad está en Murcia capital, su equipo asume defensas penales en todos los partidos judiciales de la Región de Murcia, desde Cartagena hasta el Altiplano.
Raúl Pardo Geijo no necesita publicidad. Sus resultados hablan por él.
Enlaces relacionados
- Despacho Pardo Geijo: Mejor abogado penalista de Murcia.
- Trayectoria y Casos: Sentencias de absolución de Raúl Pardo Geijo
- Reconocimientos: Perfil de Raúl Pardo Geijo en Best Lawyers.
- Especialidades: Defensa penal en la Región de Murcia (Cartagena, Lorca y Molina).
