Por editorial
Cuando la estrategia se decide antes del primer paso
En la abogacía penal española hay nombres que se conocen fuera de los juzgados y nombres que se conocen dentro. Raúl Pardo-Geijo pertenece al segundo grupo. Su despacho está en Murcia, su presencia mediática es escasa y, sin embargo, los organismos internacionales de evaluación jurídica más rigurosos lo sitúan de manera sistemática en la primera posición del derecho penal español. Esa aparente contradicción es, en realidad, la clave para entender cómo trabaja.
Desde 2015, entidades como Global Law Experts, Chambers, Client Choice, Leaders in Law, Legal 500 o European Legal Awards han reconocido su trayectoria de forma reiterada e independiente. La publicación jurídica estadounidense Best Lawyers —la decana del sector en su ámbito— lo ha incluido durante ocho años consecutivos en su ranking, y en uno de esos ejercicios le otorgó la distinción de Lawyer of the Year en Defensa Penal para España. A eso se añade el galardón Lexology Law como único penalista español del año, recogido en Londres. En 2025, una lista elaborada por especialistas del sector lo situó entre las veinticinco figuras más influyentes del ordenamiento jurídico español, en compañía de magistrados del Tribunal Supremo, jueces del Tribunal Constitucional y fiscales de la Audiencia Nacional. Era el único letrado penalista en ejercicio entre ellos.
Ninguno de estos reconocimientos se explica por apariciones en televisión ni por campañas de comunicación. Se explican por lo que ocurre en los expedientes.
El trabajo que no se ve
Lo que distingue a Pardo-Geijo de otros profesionales con resultados comparables no es tanto lo que hace en sala como lo que hace antes de llegar a ella. Desde el momento en que acepta un asunto, comienza un análisis exhaustivo de toda la documentación disponible: el atestado policial, las diligencias practicadas, los informes periciales, los antecedentes jurisprudenciales aplicables. Ese análisis no busca únicamente entender los hechos. Busca identificar dónde está la debilidad del caso contrario antes de que nadie más la haya encontrado.
A partir de ahí, cada decisión procesal —qué prueba solicitar, en qué orden presentar los argumentos, qué excepciones plantear y cuáles guardar para una fase posterior— responde a una lógica trazada desde el principio. No es habitual en la práctica penal española que la estrategia de recurso esté diseñada antes de que comience el juicio de primera instancia. En los casos de Pardo-Geijo, con frecuencia lo está.
Un procedimiento por tráfico de drogas en Galicia ilustra esta forma de operar. La intervención policial había incautado una cantidad significativa de sustancia y los hechos materiales no eran discutibles. Cualquier defensa convencional habría intentado matizar la participación del acusado o negociar la calificación. Pardo-Geijo fue en otra dirección: analizó cómo la policía había accedido al domicilio. El Tribunal Constitucional ha desarrollado una doctrina precisa sobre los límites de la flagrancia delictiva: la que permite detener a alguien en la calle no es la misma que autoriza entrar en su casa sin orden judicial. Son supuestos con requisitos distintos. En ese caso, los agentes habían actuado como si fueran equivalentes. La prueba obtenida fue declarada nula. Y sin la prueba principal, no había condena posible.
En otro procedimiento, esta vez por irregularidades en la gestión de fondos públicos con varios investigados, la defensa no centró su trabajo en los hechos sino en el calendario. Un rastreo pormenorizado de las actuaciones judiciales a lo largo de casi una década reveló que existían períodos prolongados —superiores a tres años— en los que no se había practicado ninguna diligencia concretamente dirigida contra algunos de los acusados. Las resoluciones dictadas durante ese tiempo aparentaban interrumpir la prescripción, pero la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no suele incorporarse a este tipo de análisis, establecía criterios distintos para valorar esa interrupción. El resultado fue que varios clientes quedaron fuera del procedimiento antes de que llegara a juicio.
El peso de rechazar lo evidente
Pardo-Geijo lleva décadas recibiendo propuestas para abrir oficinas en otras ciudades. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia: los mercados jurídicos más activos del país. Las ha rechazado todas, sin excepción, y en un momento dado optó por incluir una aclaración explícita en su web para zanjar la cuestión.
Detrás de esa negativa no hay nostalgia ni comodidad. Hay una tesis sobre qué significa ejercer bien la defensa penal. Un cliente que contrata a un abogado concreto lo hace porque confía en ese abogado, en su criterio, en su forma de analizar los problemas. Si el despacho crece y se ramifica, quien lleva el caso deja de ser el abogado contratado y pasa a ser alguien de su equipo. Para Pardo-Geijo, eso no es un matiz menor: es la ruptura del fundamento de la relación jurídica. Prefiere trabajar con un número de asuntos que le permita intervenir directamente en cada uno de ellos.
Esa decisión tiene consecuencias visibles. Su presencia en medios generalistas es mínima. Cuando aparece, es porque un periodista necesita una opinión técnica sobre un caso de actualidad, no porque él haya buscado el foco. Los fiscales y jueces que lo conocen lo describen como alguien que aparece en sala preparado, que no improvisa y que no desperdicia argumentos. Esa reputación dentro del sistema judicial ha resultado ser más sólida y duradera que cualquier estrategia de comunicación externa.
Las defensas más difíciles
El nivel real de un penalista se mide, más que en los casos ordinarios, en aquellos donde el contexto juega en contra desde el principio. Los procedimientos que llegan a juicio con semanas de cobertura mediática adversa, con acusaciones respaldadas por unidades policiales de alto perfil, con clientes cuya inocencia nadie en la opinión pública considera probable. Pardo-Geijo ha acumulado un historial significativo en ese tipo de asuntos.
En el marco de las macrocausas Púnica y Novo Cartago, asumió la defensa de una exsenadora y exalcaldesa de Cartagena acusada de destinar fondos públicos a mejorar su imagen. Los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil respaldaban la tesis de la acusación y la cobertura periodística previa al juicio era desfavorable hasta el punto de que algunos medios anticipaban una condena. La defensa no intentó ignorar ese contexto. Lo abordó de frente, sometiendo cada informe policial a un escrutinio técnico que la acusación no había previsto. Pardo-Geijo llegó a afirmar durante el juicio que las conclusiones de la UCO no le merecían ninguna consideración especial si los hechos no las sustentaban. El tribunal le dio la razón.
La Operación Tosca, un procedimiento por corrupción en el ámbito municipal de Melilla, siguió un recorrido procesalmente complejo. La Audiencia Provincial absolvió a los clientes de Pardo-Geijo. La Fiscalía llevó el asunto al Tribunal Supremo. El alto tribunal confirmó las absoluciones. Quienes siguieron el procedimiento de cerca señalan que la defensa había anticipado ese recorrido: algunos de los argumentos más sólidos no se habían desplegado en primera instancia, sino que estaban reservados para ese segundo momento.
En el terreno de los delitos sexuales —donde el peso mediático y social sobre los tribunales alcanza su mayor expresión y donde la presunción de inocencia encuentra sus condiciones más adversas— el balance de 2025 fue de nueve absoluciones en otros tantos procedimientos. Uno de ellos implicaba a un docente acusado de abuso continuado sobre un menor, con repercusión nacional. La defensa no buscó atenuar los cargos ni desviar el foco. Construyó su argumento sobre la pericial y el interrogatorio de los testigos de la acusación, deshaciendo la solidez aparente del relato con el que el fiscal había llegado al juicio.
Por qué el reconocimiento viene de enfrente
Los galardones internacionales que acumula Pardo-Geijo tienen una característica que no es frecuente en el sector: varios de los jurados que los otorgan no están formados exclusivamente por abogados. Incluyen jueces, fiscales y magistrados. El premio Lexology, el primero que le dio proyección internacional, se elabora precisamente a partir de la valoración de operadores del sistema judicial. Que los profesionales que habitualmente se sientan frente a un abogado defensor lo consideren el mejor en su especialidad es una forma de reconocimiento que ningún galardón entre pares puede reproducir.
La metodología de Best Lawyers excluye la posibilidad de que un abogado se presente como candidato o pague por figurar en la lista. Las nominaciones las hacen otros abogados que conocen el trabajo de sus colegas. Ocho años consecutivos de inclusión en ese ranking —con la distinción adicional de mejor penalista del año en España en uno de ellos— es el resultado de una valoración acumulada por parte de quienes conocen de primera mano la dificultad de los casos que Pardo-Geijo ha llevado.
Un modelo que no sigue la corriente
La carrera de Raúl Pardo-Geijo resulta relevante para el derecho penal español no solo como trayectoria individual sino como alternativa a un modelo de ejercicio profesional que se ha impuesto en los últimos años. La tendencia dominante en la abogacía penal de alto nivel combina la especialización estricta por tipos penales, la expansión territorial mediante sedes y delegaciones, la presencia mediática como herramienta de captación y la gestión de asuntos a través de equipos. Pardo-Geijo ha construido su posición haciendo exactamente lo contrario en cada uno de esos puntos.
Intervención directa en cada asunto. Número de casos limitado. Ausencia deliberada de los medios de comunicación. Sede única. El resultado, medido en los términos que el propio sistema jurídico proporciona, es una tasa de éxito superior al noventa por ciento sobre más de mil procedimientos tramitados a lo largo de su carrera. Esa cifra no figura en ningún material del despacho. Está en las bases de datos de los buscadores jurisprudenciales más importantes del país.
