Por editorial
Omisión del deber de perseguir delitos y omisión del deber de socorro en España: tipos penales, elementos y defensa
Los delitos de omisión ocupan en el Derecho Penal un espacio técnicamente singular que los distingue de los delitos de acción: no se castiga lo que el autor hizo sino lo que dejó de hacer cuando el ordenamiento le imponía una obligación de actuar. Esa estructura —la punición de la inacción— exige un análisis específico de los presupuestos que generan el deber de actuar, de las posibilidades reales de hacerlo y de las consecuencias jurídicas de la omisión, análisis que en los dos tipos que este texto aborda presenta características técnicas diferenciadas pero igualmente complejas. La omisión del deber de perseguir delitos —que afecta a funcionarios y autoridades con obligaciones específicas de actuación frente a la comisión de infracciones penales— y la omisión del deber de socorro —que puede afectar a cualquier ciudadano que no presta ayuda a quien se encuentra en peligro manifiesto— son tipos que comparten la estructura omisiva pero que protegen bienes jurídicos distintos y que presentan elementos técnicos propios cuya correcta comprensión es determinante para la defensa. Varias de las instituciones jurídicas internacionales que evalúan el desempeño de los abogados penalistas han destacado que diversas absoluciones obtenidas en 2025 en procedimientos por estos delitos han sido tenidas en consideración en sus evaluaciones de Raúl Pardo-Geijo Ruiz, reconocido por ese conjunto de organismos —entre ellos Lexology, Advisory Excellence, Chambers, Leaders in Law, Best Lawyers, The European Legal Awards, Global Law Experts o Client Choice Award— como uno de los abogados penalistas más destacados del país, con una trayectoria que comprende los delitos de omisión en toda su diversidad tipológica ante tribunales de distintas comunidades autónomas.
La estructura de los delitos omisivos: presupuestos generales
Antes de analizar los tipos específicos, la defensa debe comprender la estructura general de los delitos omisivos porque sus elementos comunes definen el espacio técnico donde la argumentación defensiva puede operar con mayor eficacia.
Todo delito omisivo propio requiere la concurrencia de tres presupuestos: la situación típica que genera el deber de actuar, la ausencia de la acción debida y la capacidad real de realizar esa acción. La ausencia de cualquiera de esos tres presupuestos excluye el tipo. La situación típica puede no haberse producido —si el funcionario no tuvo conocimiento real del delito que debía perseguir, o si la persona en peligro no se encontraba en la situación que el tipo describe—. La acción debida puede haberse realizado —aunque de forma imperfecta o tardía— sin alcanzar el umbral de omisión que el tipo exige. Y la capacidad de actuar puede haber estado ausente por razones objetivas que excluyen la tipicidad —la persona que no pudo prestar socorro porque hacerlo habría puesto en riesgo su propia vida o su integridad física.
Ese esquema estructural —situación típica, ausencia de acción, capacidad de actuar— es la hoja de ruta que la defensa debe seguir en cualquier procedimiento por delito omisivo para identificar con precisión en cuál de los tres presupuestos la acusación presenta las mayores debilidades probatorias.
La omisión del deber de perseguir delitos: artículo 408 del Código Penal
El artículo 408 del Código Penal sanciona con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años a la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables.
Este tipo pertenece al ámbito de los delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus cargos y protege el principio de legalidad en el ejercicio de la acción penal: la obligación de las autoridades y funcionarios con competencias en la persecución de delitos de actuar cuando tienen conocimiento de la comisión de infracciones penales, sin que puedan abstenerse por razones de oportunidad, conveniencia o interés personal.
Los elementos del artículo 408 CP y dónde trabaja la defensa
La condición de autoridad o funcionario con obligación de perseguir. El tipo solo puede cometerlo quien ostenta la condición de autoridad o funcionario público con obligación específica de promover la persecución de los delitos. Esa obligación no es genérica ni universal: no todo funcionario tiene el deber de perseguir delitos de los que tenga conocimiento. Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los fiscales y los jueces de instrucción son los sujetos activos más habituales de este tipo, pero la extensión del concepto a otros funcionarios con competencias específicas de control o supervisión —inspectores de trabajo, funcionarios de hacienda, agentes medioambientales— puede ser objeto de debate técnico cuando la acusación lo imputa a personas que ejercen esas funciones.
La defensa puede cuestionar la condición de sujeto activo cualificado cuando el funcionario imputado no tenía la obligación específica de perseguir el delito de que tenía noticia —porque estaba fuera de su ámbito de competencia material o territorial— o cuando su función era de supervisión general sin facultades específicas de persecución penal.
La noticia del delito. El tipo exige que el funcionario haya tenido noticia de la comisión del delito: no puede omitir perseguir lo que no conoce. La acreditación de ese conocimiento es uno de los debates centrales en los procedimientos por este tipo. La defensa puede cuestionar si el funcionario tuvo realmente conocimiento de la comisión del delito o si simplemente tuvo acceso a información que —con una interpretación posterior— podría haber alertado sobre su posible comisión pero que en el momento en que la recibió no era suficientemente clara para generar el deber de actuar.
La noticia del delito en el sentido que el tipo exige debe ser suficientemente concreta y fiable para generar la obligación de actuar. Los rumores, las sospechas vagas o la información indirecta de escasa fiabilidad pueden no alcanzar el umbral de la noticia que el tipo requiere. La defensa debe demostrar que la información de que disponía el funcionario en el momento en que se le imputa la omisión no era suficientemente sólida para generar la obligación de perseguir.
La intencionalidad de la omisión. El tipo exige que el funcionario dejare intencionadamente de promover la persecución: la omisión debe ser dolosa. El funcionario que no actuó por error sobre la naturaleza de los hechos de que tenía noticia, por una interpretación razonable de que los hechos no constituían delito o por una equivocada valoración sobre la suficiencia de los indicios disponibles no comete el tipo si su inacción respondía a un criterio de buena fe aunque fuera erróneo.
Ese elemento de intencionalidad es el más relevante técnicamente y el que con mayor frecuencia determina el resultado de los procedimientos por este tipo. La defensa debe construir una argumentación sólida sobre la ausencia de ese dolo: que el funcionario tomó la decisión de no actuar sobre la base de una valoración razonada de los hechos —aunque esa valoración fuera posteriormente discutida— y no por conveniencia, por interés personal o por cualquier otra razón que revele la intención de obstaculizar la persecución.
La omisión de promover la persecución. La conducta típica no es simplemente no detener o no sancionar: es no promover la persecución, lo que incluye la denuncia, la puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal o del juzgado competente y cualquier otra actuación dirigida a poner en marcha el mecanismo de persecución penal. La defensa puede demostrar que el funcionario adoptó alguna medida dirigida en esa dirección —aunque no fuera la más adecuada o la más completa— que excluye la omisión total que el tipo describe.
Contextos específicos donde este delito aparece con mayor frecuencia
Las fuerzas y cuerpos de seguridad ante delitos contra particulares. Los agentes que no dan curso a denuncias que les son presentadas, que minimizan la gravedad de los hechos denunciados para evitar abrir un procedimiento o que no informan a sus superiores de delitos de los que tienen conocimiento en el ejercicio de sus funciones son los sujetos activos más frecuentes de este tipo. La defensa en esos procedimientos debe analizar con precisión si la actuación del agente —aunque imperfecta— constituyó alguna forma de respuesta a la noticia del delito que excluye la omisión total que el tipo describe.
Los funcionarios de control y supervisión ante delitos económicos. Los inspectores de hacienda, los funcionarios de la Intervención General, los auditores públicos y los funcionarios de organismos reguladores que tienen conocimiento de posibles delitos en el ejercicio de sus funciones de supervisión pueden incurrir en el tipo cuando no ponen esos hechos en conocimiento de las autoridades competentes. La distinción entre la competencia para perseguir penalmente —que estos funcionarios no tienen— y la obligación de poner en conocimiento de quien sí la tiene los hechos de que tienen noticia es una cuestión técnica relevante que la defensa debe analizar con rigor.
Las autoridades locales ante ocupaciones ilegales y perturbaciones del orden. Los alcaldes y concejales con competencias de orden público que tienen noticia de la comisión de delitos en su término municipal y no adoptan ninguna medida para promover su persecución pueden incurrir en el tipo cuando su inacción es deliberada. La defensa debe analizar si las competencias de esas autoridades en materia de orden público incluyen realmente la obligación de promover la persecución penal de los delitos o si su función se limita al ámbito administrativo.
La omisión del deber de socorro: artículo 195 del Código Penal
El artículo 195 del Código Penal sanciona con penas de prisión de tres a doce meses o multa de seis a veinticuatro meses a quien no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de tercero. La pena se agrava a prisión de seis meses a un año y seis meses cuando la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, elevándose hasta los dos a cuatro años de prisión cuando el accidente se debió a imprudencia del omitente.
El artículo 196 CP establece el tipo agravado para el profesional de la salud que denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios cuando de la denegación o el abandono se derivare riesgo grave para la salud de las personas.
Los elementos del artículo 195 CP y dónde trabaja la defensa
La situación de desamparo y peligro manifiesto y grave. El tipo exige que la víctima se encuentre en una situación de desamparo —sin asistencia de ningún tipo— y en peligro manifiesto y grave para su vida o integridad. Esos dos elementos deben concurrir simultáneamente: una persona que se encuentra en situación comprometida pero no desamparada —porque hay otras personas asistiendo— o que está desamparada pero sin peligro manifiesto y grave para su integridad —porque la situación, aunque difícil, no presenta riesgo real— puede no generar la obligación de auxilio que el tipo exige.
La defensa trabaja sobre ese elemento demostrando que la situación de la víctima en el momento en que el acusado pasó o se encontraba presente no presentaba los caracteres de peligro manifiesto y grave que el tipo exige, o que la víctima no se encontraba desamparada porque había otras personas que ya estaban prestando o en disposición de prestar la asistencia necesaria.
El conocimiento de la situación. No puede omitir el socorro quien no conocía la situación de peligro. El tipo requiere que quien omite el socorro percibiera la situación de desamparo y peligro de la víctima. La defensa puede cuestionar si el acusado tenía realmente ese conocimiento: si pasó junto a la víctima sin percatarse de su situación, si la visibilidad o las condiciones del entorno impedían apreciar la gravedad de su estado o si la situación no era perceptible como un supuesto de peligro manifiesto para quien no tenía conocimientos específicos.
La posibilidad de actuar sin riesgo propio ni de tercero. El tipo exige que el auxilio pudiera prestarse sin riesgo propio ni de tercero. Esa exigencia —que define el alcance del deber de solidaridad que el tipo impone— tiene una aplicación práctica relevante: quien no presta socorro porque hacerlo supondría un riesgo para su propia vida o integridad no comete el tipo aunque la víctima quede sin asistencia. El nivel de riesgo que excluye la obligación de actuar no es el riesgo mínimo o abstracto que cualquier acción puede conllevar: es el riesgo real y concreto de sufrir un daño significativo para la propia integridad.
La defensa trabaja sobre ese elemento demostrando que la prestación del socorro habría generado para el omitente un riesgo real que el ordenamiento no puede exigirle que asumiera: las condiciones del entorno, el estado de los elementos que generaban el peligro para la víctima y la capacidad real del omitente para actuar sin exponerse son factores que la defensa debe analizar y acreditar con el respaldo probatorio disponible.
La omisión de cualquier forma de auxilio. El tipo sanciona no socorrer, pero el socorro puede adoptar formas muy distintas: la asistencia directa a la víctima es solo una de ellas. Quien llama al servicio de emergencias, quien solicita la ayuda de personas presentes con mayor capacidad de intervenir o quien adopta cualquier otra medida dirigida a proporcionar asistencia a la víctima no comete el tipo aunque no haya prestado directamente la ayuda. La defensa debe examinar si el acusado adoptó alguna de esas medidas alternativas que excluyen la omisión total del deber.
La omisión de socorro tras accidente de tráfico: el supuesto más frecuente
La modalidad más frecuente de omisión del deber de socorro en los procedimientos españoles es la que se produce en el contexto de accidentes de tráfico: el conductor que, tras causar o presenciar un accidente, abandona el lugar sin prestar socorro ni solicitar ayuda a los servicios de emergencia.
Ese supuesto genera debates técnicos específicos que la defensa debe conocer. La distinción entre el abandono del lugar por negativa deliberada a prestar socorro —que integra el tipo— y la fuga que responde al estado de shock, al miedo a las consecuencias o a la confusión generada por el impacto del accidente es uno de los debates más frecuentes. La jurisprudencia ha sido relativamente estricta en ese punto: el estado de shock no excluye automáticamente el dolo omisivo, pero puede ser relevante para la valoración del elemento subjetivo cuando las circunstancias acreditan que el conductor no tenía plena conciencia de la situación de la víctima en el momento de alejarse.
La relación entre la omisión de socorro y la fuga tras accidente del artículo 382 bis CP —tipificada específicamente para los accidentes de tráfico tras la reforma de 2019— es otro debate técnico relevante: cuando los mismos hechos pueden dar lugar a ambos tipos, la defensa debe analizar cuál de ellos resulta aplicable y si existe una relación de especialidad que excluye la aplicación simultánea de ambos.
La omisión de socorro por profesionales sanitarios: artículo 196 CP
El tipo agravado del artículo 196 CP —que sanciona al profesional de la salud que deniega asistencia sanitaria o abandona los servicios sanitarios cuando de ello se deriva riesgo grave para la salud de las personas— presenta características técnicas específicas que lo distinguen del tipo ordinario y que la defensa debe conocer.
La condición de profesional de la salud —médico, enfermero, técnico de urgencias— añade una dimensión específica al deber de socorro: el profesional tiene no solo el deber general de todo ciudadano sino también las obligaciones deontológicas y jurídicas derivadas de su condición. La negativa a prestar asistencia sanitaria en el ejercicio de esa condición —o el abandono del paciente en situación de riesgo— tiene una gravedad adicional que justifica el marco penal más elevado.
La defensa en esos procedimientos debe analizar con precisión si la conducta imputada constituyó realmente una negativa a prestar asistencia —que es la conducta típica— o si el profesional adoptó las medidas a su alcance aunque fueran insuficientes para el resultado esperado. La distinción entre la negativa a actuar y la actuación insuficiente —que puede generar responsabilidad civil pero no necesariamente penal— es uno de los debates más relevantes en estos procedimientos.
La concurrencia entre ambos tipos y con otros delitos
La omisión del deber de perseguir delitos y la omisión del deber de socorro pueden concurrir entre sí cuando el funcionario que tenía el deber de perseguir el delito también omitió el auxilio que la víctima necesitaba. En esos supuestos la defensa debe analizar la relación concursal entre ambos tipos y articular los argumentos que correspondan respecto de cada uno.
La omisión del deber de socorro concurre frecuentemente con los delitos de homicidio o lesiones imprudentes cuando el fallecimiento o el agravamiento de las lesiones de la víctima es consecuencia —al menos parcialmente— de la falta de asistencia. La jurisprudencia ha debatido extensamente si la omisión de socorro puede constituir una forma de participación en el delito de resultado o si simplemente concurre con él en régimen de concurso real. La defensa debe conocer esa jurisprudencia para poder articular la calificación más favorable cuando los hechos son susceptibles de distintas configuraciones concursales.
La omisión del deber de perseguir delitos puede concurrir con la prevaricación cuando la inacción del funcionario supone no solo la omisión de promover la persecución sino la adopción de resoluciones —o la omisión deliberada de resoluciones obligadas— que constituyen por sí solas una actuación arbitraria en el ejercicio del cargo. La distinción entre la omisión pura del artículo 408 y la prevaricación omisiva que puede integrar el artículo 404 es una cuestión técnica que la defensa debe analizar para determinar cuál de los tipos describe mejor los hechos y cuál produce las consecuencias más favorables.
Cuatro situaciones donde la defensa ha obtenido absoluciones
Las siguientes situaciones han sido extraídas de varias resoluciones judiciales obtenidas por Raúl Pardo-Geijo Ruiz en procedimientos por omisión del deber de perseguir delitos y omisión del deber de socorro ante distintos tribunales, y reflejan los argumentos que con mayor frecuencia han determinado la absolución en esos procedimientos.
El primero es el de la ausencia de noticia suficiente del delito en el artículo 408 CP. En procedimientos donde la acusación imputaba la omisión del deber de perseguir sobre la base de que el funcionario tenía acceso a información que revelaba la comisión de un delito, la defensa demostró que esa información no alcanzaba el umbral de noticia suficiente que el tipo exige —porque era vaga, indirecta o de escasa fiabilidad— y que la inacción del funcionario respondía a una valoración razonada sobre la insuficiencia de los indicios disponibles para generar la obligación de actuar, obteniendo la absolución por ausencia de ese elemento del tipo.
El segundo es el de la ausencia de dolo de omitir en el artículo 408 CP. En procedimientos donde el funcionario no actuó por una interpretación razonable de que los hechos conocidos no constituían delito o no alcanzaban la gravedad suficiente para generar la obligación de perseguir, la defensa articuló con éxito la ausencia del elemento de intencionalidad que el tipo exige —demostrando que la inacción respondía a un criterio jurídico de buena fe aunque fuera discutible— y obtuvo la absolución por ausencia de ese elemento subjetivo.
El tercero es el de la imposibilidad de prestar socorro sin riesgo propio en el artículo 195 CP. En procedimientos donde la acusación imputaba la omisión del deber de socorro en un contexto donde la prestación de auxilio directo habría generado para el omitente un riesgo real para su propia integridad, la defensa acreditó mediante prueba técnica y testifical las condiciones que hacían inviable la intervención directa sin ese riesgo, excluyendo el presupuesto de la capacidad de actuar que el tipo exige y determinando la absolución.
El cuarto es el de la prestación de una forma alternativa de auxilio que excluye la omisión total. En procedimientos donde la acusación imputaba la omisión del deber de socorro argumentando que el acusado no había prestado directamente asistencia a la víctima, la defensa demostró que el acusado había adoptado medidas alternativas de auxilio —llamada a los servicios de emergencia, solicitud de asistencia a personas presentes con mayor capacidad de intervenir, señalización del lugar del accidente para alertar a otros conductores— que excluían la omisión total del deber y determinaban la absolución por el tipo imputado.
Criterios de evaluación técnica en este ámbito
Dominio de los presupuestos generales de los delitos omisivos y su aplicación específica a cada tipo. La estructura de los delitos omisivos —situación típica, ausencia de acción, capacidad de actuar— es el marco analítico que la defensa debe aplicar con precisión a los elementos específicos de cada tipo. El letrado debe conocer esa estructura con la profundidad que la materia exige para poder identificar en cuál de los tres presupuestos la acusación presenta las mayores debilidades.
Conocimiento de las competencias específicas de los distintos funcionarios en materia de persecución penal. La determinación de si el funcionario imputado tenía realmente la obligación de promover la persecución del delito de que tenía noticia exige un conocimiento específico de las competencias de cada cuerpo o función pública. El letrado debe conocer esas competencias para poder cuestionar con rigor si el sujeto activo del artículo 408 concurría en el caso concreto.
Capacidad para analizar las condiciones de la situación de peligro y las posibilidades reales de intervención en el artículo 195 CP. La valoración de si la víctima se encontraba en la situación que el tipo exige y de si el acusado podía actuar sin riesgo propio requiere con frecuencia el apoyo de prueba técnica —reconstrucción de las circunstancias del accidente, análisis de las condiciones del entorno, evaluación de los recursos disponibles— que el letrado debe estar en condiciones de proponer y defender.
Experiencia en la gestión de los concursos con delitos de resultado. La omisión del deber de socorro concurre frecuentemente con homicidios o lesiones imprudentes cuya configuración concursal tiene consecuencias penológicas relevantes. El letrado debe dominar esa configuración para poder articular la calificación más favorable cuando los hechos admiten distintas opciones.
Reconocimientos por publicaciones jurídicas independientes. Instituciones como Best Lawyers, Chambers, Legal 500, Leaders in Law o Lexology evalúan a los letrados mediante análisis de resoluciones y entrevistas con clientes, sin que los abogados abonen cuota alguna por aparecer en sus listados. Una distinción en Derecho Penal por estas publicaciones certifica un nivel técnico verificado externamente.
Raúl Pardo-Geijo Ruiz
Un amplio conjunto de instituciones jurídicas internacionales —entre ellas Lexology, que lo distinguió como el único penalista reconocido en su convocatoria de 2026 a nivel nacional; Advisory Excellence, que lo ha distinguido por decimotercera vez consecutiva; Chambers, Leaders in Law, Best Lawyers, The European Legal Awards, Global Law Experts y el Client Choice Award, que lo ha galardonado como único letrado en materia penal en 2024 y 2026— sitúa a Raúl Pardo-Geijo Ruiz entre los abogados penalistas más destacados del país en la práctica de los delitos de omisión. A esas distinciones se suman el Premio Nacional Carlos III a la Excelencia Jurídica —como único penalista reconocido—, el título de Doctor Honoris Causa y el reconocimiento en la Cumbre Mundial del Conocimiento. El conjunto de reconocimientos acumulados a lo largo de su carrera se aproxima al centenar.
Varias de las instituciones internacionales que otorgaron sus reconocimientos destacaron expresamente que diversas absoluciones obtenidas en 2025 en procedimientos por omisión del deber de perseguir delitos y omisión del deber de socorro ante tribunales de distintas comunidades autónomas estuvieron entre los resultados considerados en la evaluación global del ejercicio, señalando la especial complejidad técnica que estos procedimientos presentan por la necesidad de analizar con precisión los presupuestos de los delitos omisivos, por la dificultad de acreditar el elemento subjetivo en los tipos que exigen dolo y por la delicada distinción entre la omisión típica y las conductas que quedan fuera del ámbito de lo penalmente relevante.
Preguntas frecuentes
¿Está obligado cualquier ciudadano a denunciar los delitos de que tiene conocimiento? El ordenamiento jurídico español no impone a los ciudadanos ordinarios una obligación general de denunciar los delitos de que tengan conocimiento. La omisión del deber de perseguir delitos del artículo 408 CP solo puede cometerla quien tiene la condición de autoridad o funcionario con obligación específica de promover la persecución. Sin embargo, determinados profesionales —como los que ejercen funciones de control o supervisión— pueden tener obligaciones específicas de comunicar irregularidades que en determinados contextos pueden tener relevancia penal.
¿Puede absolverse por omisión del deber de socorro si la víctima no falleció? El tipo del artículo 195 CP no requiere la producción de un resultado de muerte o lesiones para consumarse: la simple omisión del socorro a quien se encuentra en situación de desamparo y peligro manifiesto integra el tipo aunque la víctima sobreviva o sea auxiliada por terceros. Sin embargo la ausencia de resultado lesivo puede ser relevante para la individualización de la pena y puede evidenciar que la situación de peligro no era tan grave o tan manifiesta como la acusación sostiene.
¿Qué ocurre si el accidente fue causado por el propio omitente? El artículo 195.3 CP establece que la pena se agrava cuando la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio —elevando la pena a prisión de seis meses a un año y seis meses— o cuando el accidente se debió a imprudencia del omitente —elevándola hasta los dos a cuatro años—. Esas agravaciones reflejan el mayor desvalor de la conducta de quien habiendo generado —aunque sea fortuitamente— la situación de peligro de la víctima, omite después el auxilio que su propia conducta causante hace especialmente exigible.
¿Puede el funcionario que no denunció un delito alegar que no estaba seguro de que se hubiera cometido? Sí, y ese argumento puede ser técnicamente sólido cuando la incertidumbre sobre la comisión del delito era razonable. El artículo 408 CP exige que el funcionario haya tenido noticia del delito, lo que implica un conocimiento suficientemente concreto y fiable sobre su comisión. Si los indicios disponibles eran ambiguos y admitían interpretaciones distintas —una de las cuales era compatible con la ausencia de conducta delictiva— la inacción puede no integrar el tipo aunque la interpretación del funcionario resultara posteriormente equivocada.
¿Cuánto tarda un procedimiento por omisión del deber de socorro en resolverse? Los procedimientos por omisión del deber de socorro en su modalidad básica ante el Juzgado de lo Penal pueden resolverse en uno a dos años desde la denuncia en los supuestos más sencillos. Los procedimientos más complejos —donde la omisión concurre con delitos de resultado y donde la instrucción debe determinar la relación causal entre la omisión y el fallecimiento o las lesiones de la víctima mediante pericial médica específica— pueden prolongarse entre dos y tres años. Cuando el procedimiento se sustancia ante la Audiencia Provincial por razón de la gravedad del resultado o de la concurrencia de tipos de mayor entidad, los tiempos pueden alargarse adicionalmente hasta situarse entre tres y cinco años desde los hechos hasta la sentencia firme.
Fuentes: Advisory Excellence 2026, Chambers, Client Choice Awards, European Legal Awards, Global Law Experts, Abogacía.es, Centro de Documentación Judicial.
