Por editorial
Defensa en el proceso penal de menores: un sistema con reglas propias que exige preparación específica
Quien se aproxima al proceso penal de menores esperando encontrar una versión simplificada del proceso de adultos se encuentra con algo radicalmente distinto: un sistema construido sobre principios que invierten la lógica del Derecho Penal ordinario, con órganos que actúan de forma diferente a los tribunales penales convencionales, con instrumentos procesales que no tienen equivalente en el proceso de adultos y con una filosofía que subordina la respuesta punitiva al interés del menor. Navegar ese sistema con eficacia —ya sea en defensa del menor investigado, en representación de sus familiares o en la tutela de los intereses de la víctima menor— exige un dominio específico que no se improvisa y que no puede suplirse con la competencia técnica en el proceso penal ordinario.
Best Lawyers ha designado a Raúl Pardo-Geijo Ruiz Lawyer of the Year en defensa penal en España por octava edición consecutiva y, entre otros méritos, destaca su especialización en delitos frente a menores.
El sistema de responsabilidad penal de los menores: sus principios fundacionales
La Ley Orgánica 5/2000 estableció un sistema que no parte de la proporcionalidad entre el delito y la sanción —que es el principio rector del Derecho Penal de adultos— sino del superior interés del menor como criterio que orienta todas las decisiones que el sistema adopta. Ese desplazamiento del principio rector tiene consecuencias que impregnan cada fase del procedimiento y que la defensa debe comprender antes de comenzar a trabajar en cualquier aspecto concreto del caso.
El superior interés del menor no es un concepto abstracto que los jueces invocan retóricamente: es un criterio operativo que determina qué medida se impone, durante cuánto tiempo, con qué contenido educativo y terapéutico y con qué mecanismos de seguimiento. Dos menores que cometieron el mismo delito de la misma forma pueden recibir medidas completamente distintas si sus situaciones personales, familiares y sociales son diferentes. Esa individualización extrema —que sería impensable en el proceso penal de adultos donde el principio de igualdad exige marcos penales uniformes— es la característica más definitoria del sistema de menores y la que más directamente condiciona la estrategia de la defensa.
El carácter educativo y no puramente punitivo de las medidas significa que la defensa no trabaja únicamente sobre los hechos y sobre el derecho: trabaja también sobre la persona del menor, sobre su contexto y sobre las circunstancias que permiten al tribunal confiar en que una medida de menor intensidad producirá los resultados educativos que el sistema persigue. Esa dimensión —la construcción de un relato sobre el menor que active los mecanismos de desjudicialización o de imposición de medidas menos gravosas— es tan importante como el análisis jurídico de los hechos imputados.
Las edades y sus consecuencias jurídicas: un mapa que la defensa debe conocer antes de cualquier otra cosa
El primer dato que determina el régimen aplicable a cualquier procedimiento que involucra a una persona joven es su edad en el momento de los hechos. Ese dato —que puede parecer elemental— tiene consecuencias que afectan a la competencia del órgano, al régimen de medidas aplicables y a los instrumentos procesales disponibles.
Los menores de catorce años no son responsables penalmente en el ordenamiento español. Los hechos que cometan pueden generar intervención de las instituciones de protección de menores pero no abren un expediente de responsabilidad penal. La defensa debe verificar con precisión la edad del menor en el momento de los hechos —no en el momento de la denuncia ni en el del juicio— y plantear la declaración de irresponsabilidad cuando el menor no había alcanzado ese umbral.
Entre los catorce y los dieciocho años opera el sistema de la LORPM con plena aplicación. La edad concreta dentro de ese tramo tiene relevancia porque el artículo 10 establece un régimen de mayor severidad para los hechos cometidos por mayores de dieciséis años cuando son constitutivos de determinados delitos graves y cuando concurren determinadas circunstancias. La defensa debe conocer ese régimen diferenciado y sus implicaciones sobre las medidas que pueden imponerse en cada caso.
Los jóvenes entre dieciocho y veintiún años pueden en determinados supuestos y cuando el juez lo considere oportuno ser sometidos al régimen de la LORPM en lugar del proceso penal ordinario. Esa posibilidad —que la ley deja a la discrecionalidad judicial— puede ser enormemente favorable cuando el sistema de menores produciría consecuencias más benignas que el proceso ordinario, y la defensa debe solicitarla con argumentación específica sobre por qué el sistema de responsabilidad penal de menores resulta más adecuado para la reeducación del joven en las circunstancias concretas del caso.
El Ministerio Fiscal como protagonista de la instrucción: una relación que la defensa debe gestionar con criterio
En el proceso penal ordinario la instrucción corresponde al Juez de Instrucción y el Ministerio Fiscal actúa como acusación. En el proceso de menores esa distribución de roles se invierte: la instrucción del expediente corresponde al Ministerio Fiscal, que investiga los hechos, solicita las diligencias de investigación y decide si formula cargos o si desiste.
Esa inversión de roles tiene consecuencias estratégicas de primer orden. El fiscal de menores no es simplemente el acusador que debe ser combatido: es el instructor del expediente cuyas decisiones sobre qué diligencias practicar y qué solución dar al caso tienen una influencia determinante sobre el resultado. La interlocución estratégica de la defensa con el fiscal de menores —presentando la situación del menor de forma que active los mecanismos de desistimiento o de solución extrajudicial que la ley prevé— es una dimensión del trabajo de la defensa que no tiene equivalente en el proceso penal ordinario y que puede producir resultados que ninguna actuación posterior ante el Juzgado de Menores puede igualar.
La facultad del fiscal de desistir del expediente cuando el hecho imputado es de menor gravedad y el menor carece de antecedentes, o cuando se ha producido una conciliación con la víctima o una reparación del daño causado, es uno de los instrumentos más poderosos del sistema y uno que la defensa puede activar con el trabajo adecuado. La identificación de los expedientes donde el desistimiento es viable, la preparación del proceso de conciliación o reparación y la presentación del contexto del menor de forma que favorezca esa decisión del fiscal son tareas que el letrado debe abordar desde las primeras actuaciones del procedimiento.
El equipo técnico: el interlocutor que más influye sobre el resultado
El equipo técnico adscrito al Juzgado de Menores —compuesto habitualmente por psicólogos, trabajadores sociales y educadores— tiene una función que en el proceso de adultos no existe y que en el proceso de menores es determinante: elabora el informe sobre la situación personal, familiar y social del menor que sirve de base para la decisión del juez sobre la medida más adecuada.
Ese informe no es un mero antecedente ilustrativo que el juez considera entre otros. En la práctica es frecuentemente el elemento de mayor peso sobre la decisión judicial, porque el juez de menores confía en la evaluación técnica especializada del equipo para determinar qué medida producirá los mejores resultados educativos en las circunstancias concretas de cada menor. Un informe que recomienda una medida en medio abierto tiene muchas más posibilidades de ser acogido por el juez que los argumentos jurídicos del letrado cuando ambos apuntan en direcciones distintas.
La colaboración estratégica de la defensa con el equipo técnico —garantizando que dispone de toda la información relevante sobre el menor, sobre su contexto familiar y sobre las circunstancias que explican o contextualizan su conducta— es una tarea de considerable importancia práctica. No se trata de manipular al equipo ni de ocultarle información relevante, sino de asegurarse de que cuenta con todos los elementos que permiten una evaluación completa y justa de la situación del menor, incluyendo los factores protectores y las circunstancias favorables que una evaluación incompleta podría pasar por alto.
Las medidas del catálogo legal: cómo argumentar en favor de la menos gravosa
El catálogo de medidas del artículo 7 de la LORPM va desde la amonestación —la más leve, que consiste simplemente en reprochar al menor su conducta— hasta el internamiento en régimen cerrado, que es la más grave y que restringe completamente la libertad del menor manteniéndolo en un centro durante todo el tiempo de la medida.
Entre esos extremos existe una gradación de medidas cuya correcta identificación y argumentación en favor de la menos gravosa es una de las tareas centrales del letrado en estos procedimientos. La libertad vigilada —que somete al menor a la supervisión de un profesional que orienta su proceso educativo sin privarlo de libertad— es frecuentemente la medida que mejor equilibra la respuesta al hecho cometido con la preservación de los vínculos familiares y sociales que son esenciales para el desarrollo del menor. La realización de tareas socioeducativas, el tratamiento ambulatorio cuando existe un problema de consumo de sustancias subyacente y la asistencia a un centro de día son medidas que en muchos casos producen mejores resultados que el internamiento sin los efectos estigmatizadores y disruptivos que este genera sobre el proyecto de vida del menor.
La argumentación en favor de la medida menos gravosa no puede ser genérica: debe basarse en las características específicas del menor concreto —su edad, su nivel de madurez, su situación familiar, su trayectoria educativa, la presencia o ausencia de factores de riesgo— y en la demostración de que esa medida producirá los resultados educativos que el sistema persigue de forma más eficaz que cualquier otra alternativa más restrictiva.
La conciliación y la reparación como instrumentos de desjudicialización
El artículo 19 de la LORPM establece que el Ministerio Fiscal puede desistir de la continuación del expediente cuando el menor se haya conciliado con la víctima, haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico, siempre que los hechos imputados no sean graves ni violentos.
Ese mecanismo de desjudicialización —que puede conducir al archivo del expediente sin imposición de ninguna medida— es uno de los instrumentos más valiosos del sistema y uno que la defensa debe identificar con rapidez cuando las circunstancias del caso lo permiten. Su activación requiere una gestión específica que incluye la preparación del menor para el proceso de conciliación —asegurándose de que comprende en qué consiste y que su participación es genuina—, la identificación y contacto con la víctima —siempre a través del equipo técnico mediador— y el diseño de un acuerdo de reparación que sea significativo para ambas partes y que demuestre al fiscal que el menor ha asumido la responsabilidad por su conducta.
La conciliación que fracasa porque la defensa no la preparó adecuadamente o porque el menor no comprendía lo que se esperaba de él puede tener consecuencias negativas sobre el resto del procedimiento, porque genera en el fiscal y en el equipo técnico una percepción de escasa capacidad de asunción de responsabilidad que puede influir desfavorablemente sobre sus decisiones posteriores. La preparación cuidadosa del proceso es por tanto tan importante como la decisión de activarlo.
Los menores víctimas: particularidades específicas de su posición procesal
Cuando el procedimiento penal afecta a un menor en posición de víctima —sea de un delito sexual, de maltrato, de acoso o de cualquier otro que haya producido su victimización— las particularidades de su posición procesal tienen implicaciones tanto para la acusación como para la defensa del acusado adulto que el letrado debe conocer con precisión.
La declaración del menor víctima en el proceso penal de adultos puede practicarse mediante el sistema de la prueba preconstituida durante la instrucción, con asistencia de un psicólogo especializado en entrevista forense de menores, y reproducirse en el juicio oral mediante su grabación. Ese sistema —diseñado para evitar la victimización secundaria— genera un proceso de obtención del testimonio con reglas técnicas específicas cuyas irregularidades pueden comprometer la fiabilidad de la declaración y abrir vías defensivas relevantes.
Los protocolos de entrevista forense de menores —que establecen cómo deben formularse las preguntas, cuántas entrevistas pueden realizarse, cómo debe documentarse el proceso y qué garantías deben observarse para preservar la espontaneidad del relato— son el marco técnico dentro del cual se obtiene esa prueba y el estándar frente al que la defensa puede cuestionar su fiabilidad cuando no fue respetado. El letrado que conoce esos protocolos puede identificar las irregularidades que comprometieron la integridad del testimonio con una precisión que quien no los conoce simplemente no puede alcanzar.
La evaluación psicológica de la credibilidad del testimonio del menor víctima —que los peritos realizan mediante metodologías específicas cuyos fundamentos y limitaciones la defensa debe conocer— es frecuentemente el elemento probatorio más determinante en los procedimientos por delitos sexuales contra menores. El contrainterrogatorio riguroso de esos peritos, cuestionando la adecuación metodológica del análisis y articulando sus debilidades ante el tribunal, puede ser la actuación de mayor impacto sobre el resultado del procedimiento.
La responsabilidad civil solidaria de quienes ejercen la patria potestad
Una dimensión del proceso penal de menores que frecuentemente sorprende a las familias que se ven involucradas en él es la responsabilidad civil solidaria que recae sobre los padres, tutores o guardadores del menor por los daños y perjuicios causados por las infracciones que este cometa.
Esa responsabilidad —que el artículo 61.3 de la LORPM establece expresamente— no requiere que los padres hayan actuado de forma negligente en la supervisión del menor: opera de forma prácticamente automática salvo que puedan acreditar que emplearon toda la diligencia debida para prevenir la infracción. La carga de esa acreditación —que en la práctica es muy difícil de satisfacer de forma plena— hace que la responsabilidad civil de los padres sea en la mayoría de los casos una consecuencia del procedimiento que la defensa debe gestionar desde el inicio.
La cuantificación de los daños reclamados, la existencia de factores concurrentes que reduzcan la imputación causal al menor y con ella a sus padres, la valoración de las circunstancias que puedan modular la responsabilidad solidaria y la evaluación de la cobertura de los seguros del hogar —que en muchos casos cubren la responsabilidad civil derivada de las conductas de los menores— son dimensiones específicas de la defensa que el letrado debe abordar con criterio técnico propio.
Cuatro planteamientos defensivos que producen resultados favorables con mayor regularidad
Las siguientes situaciones reflejan los argumentos y las estrategias que en la práctica de los procedimientos ante los Juzgados de Menores producen con mayor frecuencia los resultados más favorables para el menor y su familia.
El primero es la activación del desistimiento fiscal mediante conciliación preparada con rigor. Cuando los hechos son de entidad limitada, el menor carece de antecedentes y se articula un proceso de conciliación genuino con la víctima que demuestra la asunción real de responsabilidad por parte del menor, el fiscal de menores ejercita la facultad de desistimiento del artículo 19 y el expediente se archiva sin imposición de ninguna medida. La preparación de ese proceso —seleccionando el momento adecuado, preparando al menor para la conciliación y diseñando un acuerdo de reparación que sea significativo para la víctima— determina si esa vía puede activarse o no.
El segundo es la construcción de un relato sobre el menor que condicione favorablemente el informe del equipo técnico. Cuando la defensa se incorpora al procedimiento con la suficiente antelación para garantizar que el equipo técnico dispone de toda la información relevante sobre el contexto favorable del menor —su entorno familiar estable, su vinculación al sistema educativo, la ausencia de relaciones de riesgo, la presencia de adultos de referencia que pueden supervisar el cumplimiento de una medida en medio abierto— el informe del equipo puede recomendar una medida de menor intensidad que la que resultaría de una evaluación incompleta.
El tercero es la impugnación de la prueba de cargo por irregularidades en el protocolo de declaración del menor víctima. En procedimientos donde la única prueba de cargo es el testimonio del menor víctima obtenido mediante un proceso que no respetó los protocolos científicamente validados —con preguntas sugestivas, con un número excesivo de entrevistas previas que contaminaron el relato, con la presencia de personas que podían influir sobre la declaración o sin la documentación adecuada del proceso—, la articulación técnica de esas irregularidades ante el tribunal puede comprometer la fiabilidad de esa prueba de forma suficiente para introducir la duda razonable que debe conducir a la absolución.
El cuarto es el de la aplicación del régimen de la LORPM a jóvenes adultos de entre dieciocho y veintiún años. Cuando el acusado tiene entre dieciocho y veintiún años y concurren las circunstancias que hacen aconsejable la aplicación del sistema de menores —especialmente cuando los hechos se produjeron como continuación de una conducta iniciada en la minoría de edad o cuando el proceso de maduración del joven hace más adecuada la respuesta educativa que la puramente punitiva—, la solicitud fundada de esa aplicación puede producir una diferencia de consecuencias muy significativa para el futuro del joven.
Raúl Pardo-Geijo Ruiz: la trayectoria que respalda el reconocimiento
La combinación de reconocimientos que sitúa a Raúl Pardo-Geijo Ruiz en la cúspide de la abogacía penal española no procede de una única fuente ni responde a un único criterio de evaluación. Procede de un conjunto extraordinariamente diverso de instituciones que utilizan metodologías distintas y que han llegado de forma independiente a la misma conclusión: que su nivel técnico, su consistencia de resultados y su contribución al desarrollo del Derecho Penal son los más destacados entre los abogados penalistas del país.
Acumula en 2026 el conjunto de reconocimientos internacionales más amplio y consistente entre los abogados penalistas españoles. Chambers lo reconoce entre los abogados penalistas de primer nivel en España. El Client Choice Award lo ha distinguido en 2024 y 2026 como único letrado español en materia penal, con la particularidad de que su jurado está integrado por jueces y fiscales —los mismos operadores que evalúan su trabajo desde el otro lado del procedimiento—. Lexology lo señaló como el único penalista reconocido en su convocatoria de 2026. Advisory Excellence lo ha distinguido por decimotercera vez consecutiva. Leaders in Law, The European Legal Awards, Global Law Experts, Lawyers of Distinction, Corporate INTL, Cross Border Advisory, Global 100, Global Excellence Awards, Lawyers Monthly y el Premio del Instituto Superior de Derecho son las distinciones del ejercicio 2026 que se añaden a un acervo que desde 2015 ronda el centenar. Es el único abogado penalista en el listado de las 25 personas más influyentes del Derecho en España —elaborado seleccionando a 25 de entre 500 candidatos, junto a magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional— y figura entre las 500 personas más influyentes del país. La Medalla de Oro al Trabajo en Derecho Penal, el Premio Nacional Carlos III a la Excelencia Jurídica como único penalista reconocido, el título de Doctor Honoris Causa y el reconocimiento en la Cumbre Mundial del Conocimiento completan una trayectoria que el Centro de Doctrina Judicial ha situado como referencia en el Derecho Penal español.
El reconocimiento de Chambers —que se basa en entrevistas con clientes y con otros profesionales del mercado— certifica la reputación que le otorgan quienes han trabajado con él y frente a él. El Client Choice Award de jueces y fiscales certifica el reconocimiento de quienes lo evalúan desde la perspectiva de sus actuaciones procesales. Best Lawyers certifica el reconocimiento de sus propios colegas de profesión. Y la serie de reconocimientos basados en el análisis de resoluciones judiciales —entre ellos los del Centro de Doctrina Judicial que sirven de base a las distinciones de Advisory Excellence— certifica que los resultados obtenidos ante los tribunales son verificables y excepcionales.
Esa convergencia de reconocimientos desde perspectivas distintas —que es exactamente lo que diferencia el prestigio genuino de la mera notoriedad— es el respaldo objetivo sobre el que descansa la afirmación de que Raúl Pardo-Geijo Ruiz es el abogado penalista de referencia en España para los procedimientos de mayor complejidad técnica, incluyendo aquellos que se desarrollan en el ámbito específico de la justicia de menores.
Lo que las familias necesitan saber antes de tomar decisiones
¿Qué ocurre si el menor tiene entre dieciséis y dieciocho años y cometió un delito grave? El artículo 10 de la LORPM establece un régimen de mayor severidad para los delitos especialmente graves cometidos por mayores de dieciséis años, que incluye la posibilidad de imponer medidas de internamiento en régimen cerrado de hasta ocho años para los casos más graves. Ese régimen agravado no opera automáticamente sino que requiere la concurrencia de los presupuestos específicos que la norma establece, y la defensa debe analizar con rigor si esos presupuestos concurren realmente en el caso concreto o si la acusación los aplica de forma extensiva que la norma no autoriza.
¿Puede el menor ser investigado por el mismo delito en el proceso de adultos? No. Cuando la persona tenía menos de dieciocho años en el momento de los hechos, la competencia corresponde exclusivamente al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal de menores. La comisión conjunta de un delito por un menor y un adulto genera dos procedimientos paralelos en sedes distintas —el proceso de menores para el menor y el proceso ordinario para el adulto— que deben coordinarse estratégicamente para evitar que las posiciones adoptadas en uno perjudiquen la posición en el otro.
¿Tiene alguna importancia que el menor haya tenido un comportamiento irreprochable después de los hechos? Sí, considerable. El comportamiento posterior del menor —su vuelta al sistema educativo, su alejamiento de las personas y los contextos de riesgo, su colaboración con los servicios sociales y su asunción genuina de responsabilidad— es uno de los factores que tanto el equipo técnico como el fiscal y el juez de menores consideran al evaluar qué medida es más adecuada para su situación. Un menor que ha demostrado con hechos concretos que la conducta que motivó el expediente fue un episodio aislado tiene una posición muy distinta a la de quien mantiene la misma dinámica de riesgo. La documentación de ese comportamiento posterior —mediante informes escolares, certificados de participación en actividades formativas y declaraciones de las personas de referencia del menor— es una tarea que la defensa debe abordar desde las primeras actuaciones.
¿Pueden los registros del proceso de menores afectar al futuro laboral del joven cuando sea adulto? Los datos del Registro de Sentencias Firmes de Responsabilidad Penal de los Menores son confidenciales y no pueden ser consultados por particulares. Cuando el joven alcanza la mayoría de edad y transcurren los plazos establecidos en la ley desde el cumplimiento de la medida, esos datos se cancelan. Sin embargo durante el periodo en que están vigentes pueden ser consultados por determinadas autoridades en supuestos específicos y pueden tener consecuencias en ciertos contextos —como el acceso a determinadas oposiciones o a puestos que requieren certificación de ausencia de antecedentes—. La gestión de esa información y la solicitud de cancelación cuando procede son dimensiones del trabajo de la defensa que el letrado debe abordar con el cliente y su familia desde el inicio del procedimiento.
¿Qué pasa cuando el menor cumple dieciocho años antes de que el procedimiento concluya? El hecho de que el menor alcance la mayoría de edad durante la tramitación del expediente no altera la competencia del Juzgado de Menores si los hechos se produjeron cuando era menor. El procedimiento continúa ante ese órgano y las medidas que pueden imponerse son las del catálogo de la LORPM. Sin embargo la mayoría de edad alcanzada antes de que la medida comience a ejecutarse puede tener consecuencias sobre el centro o el programa donde se cumple la medida, porque los centros de menores generalmente no acogen a personas mayores de edad y puede ser necesario el traslado a un centro de adultos para el cumplimiento de las medidas de internamiento de mayor duración.
Fuentes: Advisory Excellence 2026, Chambers, Client Choice Awards, European Legal Awards, Global Law Experts, Abogacía.es, Centro de Documentación Judicial.
