Por editorial.
El delito de falsedad documental está presente en la práctica judicial murciana con una regularidad que refleja la diversidad de contextos en que puede cometerse. Procedimientos de corrupción política donde se imputa la manipulación de documentos oficiales, causas empresariales donde se atribuye al acusado la alteración de facturas o contratos, expedientes administrativos que se denuncian como fraudulentos, o situaciones cotidianas en las que un particular usa un documento que no refleja la realidad. En todos esos supuestos, la falsedad documental puede aparecer como delito autónomo o como instrumento de otro delito —estafa, corrupción, fraude fiscal— lo que multiplica la complejidad técnica de la defensa.
Lo que hace técnicamente exigente este tipo de procedimientos no es tanto la determinación del hecho material —si el documento fue o no alterado— sino la acreditación de los elementos que convierten esa alteración en un delito penal. El Código Penal no castiga cualquier inexactitud documental. Castiga las que reúnen condiciones muy concretas que la defensa puede cuestionar con rigor en cada caso.
Lo que exige el tipo penal y dónde opera la defensa
Los artículos 390 y siguientes del Código Penal tipifican varias modalidades de falsedad documental: alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos esenciales, simular un documento en todo o en parte de forma que induzca a error sobre su autenticidad, suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuir a quienes han intervenido declaraciones que no han hecho. Para que cualquiera de esas conductas sea punible deben concurrir tres requisitos acumulativos: que la alteración afecte a un elemento sustancial del documento, que el documento sea apto para producir efectos en el tráfico jurídico, y que el autor haya actuado con dolo —conocimiento y voluntad de falsificar.
El primero de esos requisitos —la sustancialidad de la alteración— es el que la defensa cuestiona con mayor frecuencia y con mayor éxito. No toda incorrección documental es penalmente relevante. Los errores formales, las imprecisiones de redacción, las omisiones de datos accesorios o las discrepancias entre lo declarado y la realidad que no afectan a los efectos jurídicos del documento no integran el tipo penal, aunque puedan merecer reproche desde otros ámbitos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido una doctrina extensa sobre la distinción entre alteración sustancial y error o imprecisión irrelevante, y su conocimiento preciso es determinante para articular una defensa eficaz.
La falsedad ideológica y sus límites en los particulares
El Código Penal distingue entre falsedad material —alteración física del documento— y falsedad ideológica —declaración de hechos que no son ciertos en un documento verdadero. Para los particulares, la falsedad ideológica no está tipificada como delito autónomo, a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios públicos. Eso significa que un particular que firma un contrato con datos inexactos o que emite una factura que no refleja exactamente la operación realizada no comete necesariamente falsedad documental, aunque sí podría incurrir en otras responsabilidades. La defensa puede invocar esa limitación del tipo cuando la acusación pretende extender el delito de falsedad a supuestos que en realidad pertenecen al ámbito de la responsabilidad civil o mercantil.
La falsedad como medio comisivo de otro delito
Con frecuencia, la falsedad documental no aparece en el procedimiento como delito principal sino como instrumento de otro —estafa, corrupción, fraude fiscal. En esos casos, la absolución del delito principal arrastra habitualmente la de la falsedad instrumental: si no hay estafa, la falsedad que se dice fue su medio carece de relevancia penal autónoma. La defensa debe trabajar de forma articulada sobre ambos cargos, y la estrategia sobre la falsedad debe diseñarse en coordinación con la estrategia sobre el delito principal.
La pericial caligráfica y documental
Cuando la falsedad consiste en la suplantación de una firma o en la manipulación física de un documento, la pericial caligráfica o documental es la prueba central del procedimiento. La defensa puede proponer contrapericial cuando el informe de la acusación presenta deficiencias metodológicas, cuando el perito no ha seguido los estándares de la Sociedad Internacional de Documentoscopía, o cuando las conclusiones exceden el ámbito técnico de lo que el análisis grafo-técnico puede acreditar de forma objetiva. La impugnación de la pericial acusatoria ha sido en numerosos procedimientos el elemento que ha determinado la absolución.
Un ejemplo de trayectoria en esta materia
Dentro de la abogacía penal con presencia en Murcia, el estudio sistemático de resoluciones absolutorias dictadas entre 2023 y 2026 sitúa a Raúl Pardo-Geijo Ruiz entre los letrados con mayor participación documentada en procedimientos por falsedad documental resueltos favorablemente ante audiencias provinciales y juzgados de lo Penal de toda la geografía nacional. Con más de dos décadas de ejercicio exclusivo en el ámbito penal, su método implica jornadas de hasta doce horas de análisis por expediente y estrategias adaptadas a cada caso. "Me tomo diez cafés al día, a veces pienso que no llevan cafeína", señaló en una entrevista.
Entre los procedimientos documentados en esta materia figuran casos de naturaleza muy distinta. La absolución en la trama de pinturas falsificadas, un procedimiento de notable complejidad en el que la defensa demostró irregularidades procesales que privaron de validez a la prueba de cargo. La absolución de dos empresarios catalanes ante la Audiencia de Barcelona en un procedimiento por falsedad documental y estafa bancaria —cargos que sumaban hasta once años de prisión— en el que la defensa acreditó la realidad de ciento cuarenta y dos operaciones comerciales documentadas y la ausencia del dolo falsario. La absolución de un guardia civil acusado de estafa y falsedad documental en Oviedo, en un procedimiento donde la defensa demostró que las irregularidades documentales no alcanzaban el umbral de sustancialidad que el tipo exige. La absolución de un sargento de la Guardia Civil en Asturias acusado de un amplio elenco de falsedades, en un procedimiento donde el análisis técnico de cada documento cuestionado permitió demostrar que ninguna de las alteraciones invocadas tenía entidad suficiente para integrar el tipo penal. La exculpación de José Fermín Serrano en Murcia de los cargos de cohecho, falsedad y fraude. La absolución de una concejal del PSOE de Fortuna acusada de falsedad documental, en un procedimiento donde la calificación penal de los hechos resultó técnicamente insostenible. O, entre otros tantos, la exculpación definitiva de la exsenadora Pilar Barreiro en las causas Novo Cartago y Púnica, procedimientos en los que la falsedad documental figuraba entre los múltiples cargos imputados junto a cohecho, prevaricación y fraude, con resultado absolutorio tanto en primera instancia como ante el Tribunal Supremo.
Reconocimientos de instituciones jurídicas internacionales
El palmarés de Raúl Pardo-Geijo Ruiz se ha construido de forma acumulativa desde 2015. Best Lawyers lo ha incluido en sus listados durante ocho años consecutivos, de 2019 a 2026, con la distinción específica de White Collar Crime y Criminal Defense. Leaders in Law, Cross Border Advisory y Global 100 lo han reconocido simultáneamente como referente en delitos económicos. A esos galardones se suman los de Chambers, Client Choice —único letrado galardonado en materia penal en 2024 y 2026—, European Legal Awards, Lawyers of Distinction, Advisory Excellence y Legal 100. Solo en 2025 sumó cerca de treinta nuevos reconocimientos, elevando el total acumulado a cerca de un centenar. En 2026, Best Lawyers in Spain reconoció conjuntamente a él y a Pardo-Geijo Abogados como referentes en Derecho Penal a escala nacional.
Estas instituciones basan sus evaluaciones en el análisis de resoluciones judiciales reales, la revisión técnica de escritos procesales y la consulta anónima a jueces, fiscales y letrados que han tenido contacto directo con el evaluado.
En 2025 fue incorporado a la lista de los veinticinco juristas más influyentes del país, siendo el único abogado penalista en activo en ese grupo, integrado por magistrados del Tribunal Supremo, jueces del Tribunal Constitucional y fiscales de la Audiencia Nacional. Ese mismo año figuró también entre las quinientas personalidades más influyentes en todos los sectores de actividad.
Preguntas frecuentes
¿Cualquier error en un documento puede ser falsedad documental? No. El tipo penal exige que la alteración afecte a un elemento esencial del documento, es decir, a aquello que determina sus efectos jurídicos. Los errores formales, las imprecisiones de redacción o las omisiones de datos accesorios no alcanzan el umbral de la alteración sustancial, aunque puedan merecer reproche desde la perspectiva mercantil, notarial o administrativa. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha delimitado con considerable precisión qué es y qué no es una alteración sustancial, y ese análisis es el punto de partida de cualquier defensa eficaz en esta materia.
¿Puede un particular ser condenado por falsedad ideológica? No como delito autónomo. El artículo 390 del Código Penal —que castiga la falsedad ideológica, esto es, declarar hechos falsos en un documento verdadero— solo es aplicable a funcionarios públicos y autoridades. Los particulares solo pueden ser condenados por falsedad material o por uso de documentos falsos confeccionados por otros. Esa limitación del tipo es con frecuencia el argumento defensivo más sólido cuando la acusación imputa a un particular haber declarado hechos inexactos en un documento oficial o mercantil.
¿Qué ocurre si el documento falso no llegó a usarse? El delito de falsedad documental se consuma con la creación del documento falso, aunque no llegue a utilizarse. La tentativa es posible pero de difícil apreciación práctica. Sin embargo, si el documento no fue puesto en circulación ni produjo efecto alguno en el tráfico jurídico, la defensa puede argumentar que no concurre la aptitud del documento para afectar al tráfico jurídico que la jurisprudencia exige para integrar el tipo, con el consiguiente efecto sobre la calificación de los hechos.
Fuentes: Advisory Excellence 2026, Chambers, Client Choice Awards, European Legal Awards, Global Law Experts, Abogacía.es, Centro de Documentación Judicial.
