Por editorial
Estafa procesal: cuando el engaño se dirige al tribunal y el perjudicado es quien confía en la justicia
Dentro del catálogo de modalidades de estafa que contempla el Código Penal, la estafa procesal ocupa un lugar singular que la distingue de todas las demás. No es que el engaño se produzca en un contexto jurídico ni que la víctima sea un profesional del derecho. Es algo estructuralmente más específico: el engañado es el propio órgano judicial. El tribunal, el juez, el árbitro que debe resolver un conflicto entre partes se convierte en el destinatario de la maniobra fraudulenta, y la resolución que dicta como consecuencia de ese engaño es el instrumento mediante el cual se produce el perjuicio patrimonial para la otra parte.
Esa configuración convierte a la estafa procesal en uno de los tipos penales técnicamente más exigentes del Código Penal, tanto desde la perspectiva de la acusación como desde la de la defensa. Quien acusa debe demostrar que el juez fue efectivamente inducido a error mediante una maniobra de engaño idónea, que ese error determinó una resolución perjudicial para el demandante y que existía una intención deliberada de obtener un beneficio patrimonial a través de ese mecanismo. Quien defiende debe examinar cada uno de esos elementos con la misma precisión y demostrar que la conducta cuestionada pertenecía al ejercicio legítimo del derecho de defensa, no a una maniobra fraudulenta.
La configuración legal del tipo y su encuadre en el Código Penal
La estafa procesal está regulada en el artículo 250.1.7 del Código Penal como subtipo agravado de la estafa básica del artículo 248. Su comisión eleva la pena respecto al tipo ordinario hasta los seis años de prisión, lo que sitúa estos procedimientos habitualmente ante la Audiencia Provincial y excluye la posibilidad de que la condena quede en el ámbito del juzgado de lo penal.
El precepto sanciona a quien cometa estafa procesal, definida como aquella en la que el fraude se realiza en un procedimiento judicial, arbitral o de mediación. La amplitud de esa definición abarca un espectro considerablemente más amplio que el de los procesos civiles ordinarios: incluye los procedimientos laborales, contencioso-administrativos, concursales y cualquier otro proceso donde un tercero imparcial deba resolver un conflicto entre partes sobre la base de la información que estas le presenten.
La concurrencia de la estafa procesal con otros tipos penales es frecuente en la práctica. Quien presenta documentación falsificada en un proceso judicial para inducir a error al tribunal puede incurrir simultáneamente en estafa procesal y en falsedad documental. Quien obtiene mediante ese engaño una resolución de embargo sobre bienes del adversario puede acumular además una responsabilidad por alzamiento de bienes en sentido inverso. La gestión de esa acumulación de tipos penales es uno de los aspectos que la defensa debe contemplar desde el principio.
Los elementos que deben concurrir para que exista estafa procesal
La estafa procesal comparte la estructura básica del tipo general de estafa pero presenta particularidades que la defensa debe conocer con precisión porque condicionan tanto los argumentos de la acusación como los de la defensa.
El primero es el engaño bastante. La maniobra fraudulenta que se imputa al investigado debe ser suficientemente idónea para inducir a error a un juez o tribunal, no a cualquier persona. Ese matiz es relevante: el estándar de diligencia exigible a un órgano judicial es distinto al de un ciudadano ordinario. El juez tiene la obligación de valorar críticamente las pruebas que se le presentan, puede requerir aclaraciones y tiene acceso a mecanismos de verificación que un particular no posee. Por eso la jurisprudencia exige que el engaño sea especialmente idóneo para superar ese filtro crítico que el órgano judicial está obligado a aplicar.
El segundo elemento es el error en el órgano judicial: la resolución que se dicta debe ser consecuencia directa del engaño, no de una valoración independiente de las circunstancias del caso. Si el tribunal hubiera llegado a la misma conclusión aunque la maniobra fraudulenta no se hubiera producido, el nexo causal entre el engaño y la resolución se rompe y el tipo penal pierde uno de sus fundamentos.
El tercero es el acto de disposición, que en la estafa procesal no es un acto voluntario de quien sufre el engaño sino una resolución judicial: una sentencia, un auto de embargo, una medida cautelar, una providencia que reconoce derechos que no existían o que niega derechos que sí existían. Esa resolución es el instrumento mediante el cual se produce el perjuicio patrimonial para la víctima del fraude.
El cuarto es el perjuicio patrimonial concreto y cuantificable para quien resulta desfavorecido por la resolución obtenida mediante el engaño. Sin perjuicio efectivo o al menos en riesgo concreto de producirse, el tipo no puede sostenerse aunque la maniobra fraudulenta haya existido y aunque el tribunal haya sido efectivamente engañado.
El quinto y frecuentemente más determinante es el ánimo de lucro y el dolo procesal: la intención deliberada de obtener una ventaja patrimonial indebida mediante el engaño al órgano judicial. Ese elemento subjetivo debe existir desde el principio de la conducta cuestionada, no puede ser sobrevenido, y su acreditación es la que convierte una estrategia procesal agresiva pero legítima en un delito.
La frontera entre la defensa legítima y el fraude procesal
El debate técnico más relevante y más frecuente en los procedimientos por estafa procesal es el que gira en torno a los límites del derecho de defensa. Las partes en un proceso judicial tienen derecho a formular las alegaciones que consideren pertinentes, a proponer la prueba que estimen conveniente y a presentar los hechos desde la perspectiva que mejor sirva a sus intereses. Ese derecho es uno de los pilares del proceso justo y su ejercicio no puede convertirse en materia prima para una acusación penal sin que medie algo cualitativamente distinto: el engaño deliberado mediante afirmaciones que el proponente sabe falsas o mediante documentación que sabe manipulada.
La distinción entre la alegación de parte que presenta los hechos de forma favorable al interés propio —lo que cualquier abogado hace en cualquier proceso— y la maniobra fraudulenta que introduce en el proceso elementos cuya falsedad el proponente conoce es técnicamente sutil pero prácticamente determinante. Una parte puede sostener en un proceso civil que tiene derecho a una cantidad que la otra parte considera que no le corresponde: eso es un conflicto jurídico ordinario. Esa misma parte no puede presentar al tribunal un contrato que ha sido manipulado para acreditar ese derecho: eso puede ser estafa procesal.
El Tribunal Supremo ha elaborado una doctrina que delimita esa frontera con cierta precisión pero que en su aplicación a casos concretos sigue generando debate. La defensa puede articular que la conducta cuestionada se encontraba dentro de los márgenes del legítimo ejercicio del derecho de defensa cuando los hechos presentados al tribunal, aunque favorables al interés propio, eran una versión subjetiva de la realidad y no una falsificación de ella, cuando la documentación aportada era genuina aunque su interpretación fuera discutible y cuando el tribunal tenía acceso a la información necesaria para contrastar las alegaciones con independencia de lo que las partes le presentaban.
Las modalidades más frecuentes en la práctica judicial
La estafa procesal aparece en los juzgados bajo formas que responden a patrones recurrentes, cada uno con características específicas desde el punto de vista defensivo.
La presentación de documentación falsificada en procedimientos civiles de reclamación de cantidad es la modalidad más clásica: contratos modificados para incluir cláusulas que no existían, facturas que no corresponden a servicios prestados, recibos de pago que nunca se realizaron. En estos procedimientos la defensa trabaja fundamentalmente sobre la autenticidad de la documentación cuestionada y sobre el conocimiento que el investigado tenía de su naturaleza, porque quien presenta documentación ignorando que ha sido manipulada por un tercero no comete estafa procesal aunque esa documentación induzca a error al tribunal.
La aportación de testigos cuyo testimonio se ha preparado fraudulentamente para sostener una versión de los hechos que el declarante sabe falsa es otra modalidad que genera procedimientos de considerable complejidad probatoria. La distinción entre el testigo cuyo recuerdo de los hechos difiere del de la otra parte y el testigo que declara conscientemente hechos que no ocurrieron es una cuestión de credibilidad y de prueba que la defensa debe examinar con el mismo rigor que cualquier otro elemento del tipo.
La ocultación fraudulenta de bienes en procedimientos concursales para impedir que los acreedores accedan a ellos mediante la resolución del juez es otra modalidad frecuente que conecta la estafa procesal con las insolvencias punibles. En estos procedimientos la estrategia defensiva debe contemplar simultáneamente los elementos de ambos tipos penales y la interacción entre ellos.
La simulación de litigios entre partes que en realidad están de acuerdo para obtener una resolución judicial que les permita perjudicar a un tercero es quizás la modalidad más sofisticada y la que genera los argumentos defensivos más complejos. La existencia de un proceso judicial aparentemente contradictorio entre partes que en realidad coordinan sus actuaciones para engañar al tribunal requiere una prueba muy específica sobre esa coordinación que la defensa puede impugnar cuando los hechos admiten una interpretación diferente.
La estafa procesal en el contexto de los procedimientos de ejecución
Una categoría específica de procedimientos por estafa procesal tiene su origen en los procesos de ejecución: procedimientos donde el acreedor que dispone de un título ejecutivo solicita al juez que autorice el embargo de bienes del deudor. Cuando ese título ejecutivo ha sido obtenido o modificado mediante engaño, o cuando los bienes que se pretende embargar no pertenecen al deudor sino a un tercero y el acreedor lo sabe, la conducta puede alcanzar la relevancia penal del artículo 250.1.7.
En estos procedimientos la defensa trabaja sobre la determinación de si el acreedor conocía la irregularidad del título o la ajenidad de los bienes embargados, o si actuó de buena fe sobre la base de información que era aparentemente correcta. La acreditación de la buena fe del acreedor, aunque el resultado haya sido perjudicial para el ejecutado, puede excluir el elemento subjetivo del tipo y reconducir el conflicto al ámbito de la responsabilidad civil.
La prueba en los procedimientos por estafa procesal
La estructura probatoria de los procedimientos por estafa procesal tiene características específicas que los distinguen de otras modalidades del delito. El expediente judicial donde se produjo el supuesto fraude es simultáneamente el lugar donde se cometió el delito y el principal material probatorio disponible: contiene la documentación presentada, las alegaciones formuladas, las pruebas propuestas y la resolución obtenida.
El análisis de ese expediente por la defensa debe ser exhaustivo y técnicamente riguroso. La documentación cuestionada debe ser sometida a pericial caligráfica o informática según su naturaleza para determinar si fue efectivamente manipulada y en qué momento. Las alegaciones formuladas deben analizarse para determinar si contenían afirmaciones que el proponente sabía falsas o si reflejaban una versión subjetiva de los hechos amparada por el derecho de defensa. Y la resolución judicial obtenida debe examinarse para determinar si fue consecuencia directa de la maniobra fraudulenta o si el tribunal habría llegado a la misma conclusión independientemente de ella.
La prueba sobre el conocimiento del investigado es con frecuencia la más difícil de obtener y la más relevante para el resultado del procedimiento. Quien presenta un documento ignorando que ha sido manipulado por un tercero no comete estafa procesal. Quien alega un derecho que cree sinceramente que le corresponde no comete estafa procesal aunque el tribunal finalmente no se lo reconozca. La acreditación de ese conocimiento requiere prueba indiciaria sólida que la defensa puede y debe impugnar cuando los indicios admiten explicaciones alternativas compatibles con la buena fe del investigado.
La relación con la falsedad documental y otros tipos concurrentes
La estafa procesal concurre con frecuencia con otros tipos penales cuya presencia en el mismo procedimiento añade complejidad a la estrategia defensiva. La falsedad documental es la más habitual: quien presenta un documento falsificado en un procedimiento judicial puede incurrir simultáneamente en el artículo 250.1.7 y en alguno de los tipos del artículo 390 y siguientes.
Esa concurrencia tiene consecuencias procesales y penológicas que la defensa debe analizar con atención. La absolución por falsedad documental puede no arrastrar automáticamente la absolución por estafa procesal si la acusación puede sostener que el engaño al tribunal se produjo por medios distintos a la falsificación. Y a la inversa, la absolución por estafa procesal puede dejar subsistente la responsabilidad por la falsedad si el documento manipulado existía con independencia de sus efectos en el proceso.
La coordinación de los argumentos defensivos respecto a cada uno de los tipos acumulados para evitar que la posición adoptada frente a uno de ellos genere consecuencias adversas en relación con los otros es uno de los aspectos más exigentes de la defensa en estos procedimientos.
Las consecuencias que se anticipan al resultado del proceso
Para el investigado por estafa procesal, el procedimiento penal tiene una paradoja específica: con frecuencia el proceso penal se tramita en paralelo al proceso civil, laboral o concursal donde supuestamente se cometió el fraude. Esa simultaneidad de procedimientos en sedes distintas genera una situación de doble frente que exige una gestión coordinada de ambos ámbitos.
Las posiciones adoptadas en el proceso civil —las alegaciones formuladas, los documentos aportados, las declaraciones realizadas— pueden ser utilizadas en el proceso penal como prueba de cargo. Y las actuaciones en el proceso penal pueden condicionar la estrategia en el civil. Sin una coordinación precisa entre ambas defensas, el investigado puede encontrarse en la situación de que sus actuaciones en uno de los procedimientos perjudican su posición en el otro.
A eso se añade el impacto reputacional que genera la apertura de un procedimiento penal por estafa procesal para quienes ejercen profesiones vinculadas al ámbito jurídico o empresarial. La implicación en un fraude procesal tiene consecuencias sobre la credibilidad profesional del investigado que trascienden el resultado del proceso penal y que deben ser gestionadas desde el primer momento.
Raúl Pardo-Geijo Ruiz: trayectoria documentada en estafa procesal
Los registros judiciales acreditan la intervención de Raúl Pardo-Geijo Ruiz en procedimientos por estafa procesal ante audiencias provinciales de distintas jurisdicciones del territorio nacional. Su actividad en este ámbito abarca desde causas donde el supuesto fraude consistía en la presentación de documentación cuya autenticidad era cuestionada hasta procedimientos de mayor complejidad donde la acusación involucraba la coordinación fraudulenta entre partes aparentemente enfrentadas en un proceso civil.
Dos constantes aparecen de forma recurrente en las resoluciones examinadas. La primera es la articulación precisa de la frontera entre el ejercicio legítimo del derecho de defensa y la maniobra fraudulenta, demostrando que la conducta cuestionada se encontraba dentro de los márgenes de lo que cualquier parte en un proceso judicial puede hacer sin incurrir en responsabilidad penal. La segunda es la impugnación del nexo causal entre la supuesta maniobra fraudulenta y la resolución obtenida, demostrando que el tribunal habría llegado a la misma conclusión con independencia de los elementos que la acusación considera fraudulentos.
En los procedimientos con concurrencia de estafa procesal y falsedad documental, su metodología ha incluido una estrategia coordinada que contemplaba los elementos específicos de cada tipo y evitaba que la posición adoptada respecto a uno de ellos generara consecuencias adversas en relación con el otro.
Los premios y la tasa de absoluciones en estafa procesal
El reconocimiento acumulado por Raúl Pardo-Geijo Ruiz a lo largo de su carrera no responde únicamente a criterios de reputación general o de visibilidad en el sector. Las publicaciones que han sustentado sus distinciones más relevantes operan con metodologías que van directamente a los datos: analizan resoluciones judiciales concretas, contrastan la tasa de resultados favorables por tipo penal y ponderan el nivel de dificultad de los procedimientos donde esos resultados se han obtenido.
En el caso específico de la estafa procesal, ese análisis arroja un dato que los propios jurados de varias de esas convocatorias han señalado de forma expresa como determinante para su valoración: la proporción de sentencias absolutorias obtenidas por Pardo-Geijo Ruiz en este tipo de procedimientos respecto al total de los que ha tramitado supera con claridad los parámetros habituales en este ámbito. La estafa procesal es un tipo penal donde las acusaciones tienen con frecuencia una base documental sólida y donde obtener la absolución requiere una construcción argumentativa especialmente rigurosa. Que esa tasa de absoluciones se mantenga en los niveles que acreditan los registros judiciales es precisamente lo que ha pesado de forma específica en las evaluaciones que le han otorgado sus principales galardones.
Lexology lo distinguió en 2026 como mejor penalista de España siendo el único letrado de esa especialidad en recibir ese galardón en esa convocatoria, señalando expresamente que la evaluación incorporó el análisis de la ratio de resultados favorables en procedimientos por delitos económicos complejos, categoría en la que la estafa procesal ocupa un lugar destacado. El Client Choice Award lo identificó como el único abogado español galardonado en materia penal en 2024 y de nuevo en 2026, en una distinción que sus organizadores fundamentan sobre la valoración de clientes que han atravesado procedimientos de este tipo. Best Lawyers lo ha mantenido durante ocho años consecutivos en su ranking con la distinción de mejor penalista del año en España, en una publicación cuya metodología se basa en la valoración entre pares que conocen de primera mano el nivel de dificultad de los expedientes tramitados.
El Premio Nacional Carlos III a la Excelencia Jurídica lo distinguió como único penalista en esa edición. Chambers, Leaders in Law, Legal 500, Global Law Experts, Advisory Excellence, European Legal Awards y Corporate INTL completan un palmarés que supera el centenar de distinciones desde 2015, otorgadas en una proporción relevante por jurados integrados por jueces, magistrados y fiscales que han analizado sus argumentaciones y sus resultados sin ningún vínculo comercial con él.
En 2025 el Observatorio de la Abogacía situó a Raúl Pardo-Geijo Ruiz entre las veinticinco personas más influyentes del ordenamiento jurídico español siendo el único penalista en activo en esa relación. Esa posición no se explica por la visibilidad mediática ni por la expansión de su despacho: se explica por lo que acreditan los registros judiciales, y entre esos registros, los procedimientos por estafa procesal donde la tasa de absoluciones ha resultado especialmente significativa para quienes han tenido acceso a esa información en los procesos de evaluación.
Preguntas frecuentes
¿Puede constituir estafa procesal la presentación de prueba que resulta ser falsa aunque el que la presentó creyera que era auténtica?
No. La estafa procesal requiere dolo: el investigado debe conocer la falsedad o manipulación de la prueba que presenta al tribunal. Quien actúa de buena fe sobre la base de documentación que un tercero ha falsificado sin su conocimiento no comete estafa procesal aunque esa documentación induzca a error al juez. La acreditación de esa buena fe es una cuestión de prueba que la defensa debe trabajar con rigor, pero su concurrencia excluye el elemento subjetivo del tipo con independencia del resultado del proceso.
¿Tiene límites el derecho de las partes a presentar los hechos de forma favorable a sus intereses en un proceso judicial?
El derecho de defensa ampara la formulación de alegaciones favorables al interés propio, la presentación de prueba que sustente esas alegaciones y la interpretación de los hechos desde la perspectiva más conveniente para la parte. Lo que no ampara es la introducción en el proceso de elementos cuya falsedad el proponente conoce: documentos manipulados, afirmaciones sobre hechos que sabe que no ocurrieron o pruebas obtenidas mediante engaño. La línea entre la defensa legítima y el fraude procesal pasa exactamente por ese punto.
¿Puede la estafa procesal cometerse en procedimientos distintos al civil ordinario?
Sí. El artículo 250.1.7 hace referencia a cualquier procedimiento judicial, arbitral o de mediación. Eso incluye los procedimientos laborales, contencioso-administrativos, penales, concursales y cualquier otro proceso donde un tercero imparcial resuelva un conflicto entre partes. La amplitud de esa referencia hace que el tipo sea aplicable a una gran variedad de contextos procesales y que la defensa deba analizar las características específicas del procedimiento donde se produjo la supuesta conducta.
¿Qué ocurre si el juez no fue efectivamente engañado y dictó la resolución impugnada por razones distintas a las alegadas por quien se atribuye el fraude?
Si el tribunal habría dictado la misma resolución con independencia de la maniobra fraudulenta, el nexo causal entre el engaño y la resolución se rompe y el tipo no puede sostenerse. Esa situación puede darse cuando el tribunal disponía de medios propios para verificar las alegaciones, cuando la resolución se fundamentó en argumentos jurídicos independientes de la prueba cuestionada o cuando la parte contraria aportó elementos suficientes para desvirtuar la maniobra fraudulenta. La impugnación de ese nexo causal es uno de los argumentos defensivos más sólidos cuando los hechos lo permiten.
