Por Redacción Jurídica
Un procedimiento por violencia de género se pone en marcha con una velocidad que pocas ramas del Derecho Penal igualan. En cuestión de horas puede existir una orden de alejamiento, una prohibición de comunicación, una suspensión del régimen de visitas con los hijos y, en los casos más graves, un auto de prisión provisional. Esas medidas cautelares no esperan al juicio oral: se adoptan en las primeras veinticuatro o cuarenta y ocho horas, frecuentemente sin que el investigado haya podido articular su versión de los hechos con la asistencia técnica adecuada.
Por eso la calidad del letrado en un procedimiento de esta naturaleza no se mide exclusivamente en el juicio oral. Se mide, sobre todo, en su capacidad para actuar con eficacia desde el momento de la detención.
El marco legal: la Ley Orgánica 1/2004 y los juzgados especializados
La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, creó una jurisdicción especializada que concentra en un mismo órgano la competencia penal y la civil derivada de los mismos hechos. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocen tanto del procedimiento penal como de las cuestiones de guarda y custodia, régimen de visitas y uso del domicilio familiar que surjan simultáneamente.
Esa acumulación de competencias tiene consecuencias prácticas directas para la defensa: una resolución adoptada en el ámbito penal —una orden de alejamiento, una prohibición de estancia en el domicilio— puede condicionar de forma inmediata el resultado de los procedimientos civiles que se sustancian en paralelo. El letrado debe manejar ambas dimensiones simultáneamente.
Las medidas cautelares: la batalla más urgente
La orden de alejamiento y la prohibición de comunicación
La orden de alejamiento es la medida cautelar más habitual en los procedimientos por violencia de género. Impide al investigado acercarse a la denunciante —y frecuentemente a los hijos comunes— a una distancia determinada, y prohíbe cualquier forma de comunicación. Su vigencia durante la instrucción puede prolongarse durante meses o años.
Impugnar la orden de alejamiento exige argumentar sobre la proporcionalidad de la medida, la solidez de los indicios que la justifican y las circunstancias personales del investigado —arraigo, ausencia de antecedentes, estabilidad laboral y familiar—. Esa impugnación debe hacerse con rapidez y precisión: los plazos procesales en esta jurisdicción son breves.
La suspensión del régimen de visitas
Cuando hay hijos menores, la adopción de medidas cautelares puede incluir la suspensión o restricción del régimen de visitas, con consecuencias que afectan profundamente a la vida familiar del investigado. La defensa debe actuar en el juzgado especializado para limitar esa restricción a lo estrictamente necesario, aportando elementos que acrediten la ausencia de riesgo para los menores.
La prisión provisional
En los supuestos de mayor gravedad —lesiones de especial intensidad, uso de armas, antecedentes de violencia— el juez puede acordar la prisión provisional. Su impugnación requiere un análisis detallado de los presupuestos que la justifican y una argumentación orientada a la sustitución por medidas alternativas menos gravosas.
La declaración de la víctima y la dispensa del artículo 416
Uno de los elementos más técnicamente complejos de los procedimientos por violencia de género es la gestión de la declaración de la víctima cuando esta decide no declarar contra el investigado o se retracta de la denuncia inicial.
El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce a determinados testigos —entre ellos el cónyuge o la pareja del acusado— el derecho a no declarar en su contra. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha limitado ese derecho en los procedimientos por violencia de género: si la víctima prestó declaración en fase de instrucción, esa declaración puede ser introducida en el plenario mediante su lectura aunque la víctima se acoja a la dispensa en el juicio oral.
La defensa debe conocer con precisión los límites de esa doctrina jurisprudencial, cuándo la declaración sumarial puede ser utilizada como prueba de cargo y bajo qué condiciones puede impugnarse su valor probatorio. La retractación de la víctima no garantiza la absolución si la instrucción produjo prueba suficientemente sólida.
La prueba pericial forense y su impugnación
El parte de lesiones
En los procedimientos con resultado lesivo, el parte de lesiones elaborado por el médico forense o por el facultativo de urgencias es prueba documental que la acusación incorpora al procedimiento. La defensa debe examinar si las lesiones descritas son compatibles con el mecanismo causal alegado por la denunciante, si existen explicaciones alternativas y si el informe forense posterior desarrolla o contradice el parte inicial.
El informe psicológico forense
Los equipos de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer elaboran con frecuencia informes psicológicos sobre el estado emocional de la denunciante y sobre la existencia de indicadores de victimización. Esos informes tienen un peso significativo en la valoración judicial. La defensa puede impugnarlos si no siguen protocolos estandarizados, si las conclusiones exceden el ámbito técnico propio de la psicología forense o si existe pericial de parte que contradiga sus bases metodológicas.
El quebrantamiento de condena: un riesgo autónomo
Cuando existe una orden de alejamiento vigente —cautelar o como pena— cualquier contacto entre el investigado o condenado y la denunciante, aunque sea a iniciativa de ella, puede constituir un delito autónomo de quebrantamiento de condena del artículo 468 del Código Penal, con pena de seis meses a un año de prisión.
La jurisprudencia es clara: el consentimiento de la víctima no excluye el delito de quebrantamiento. El letrado debe informar al cliente de ese riesgo desde el primer momento y establecer con precisión las condiciones bajo las que puede y no puede producirse cualquier forma de contacto.
Criterios objetivos para identificar al mejor abogado en este ámbito
Conocimiento de la jurisdicción especializada Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen particularidades procesales propias. La acumulación de competencias penales y civiles, los plazos abreviados y la dinámica específica de esa jurisdicción requieren experiencia real en ella, no solo conocimiento teórico del Derecho Penal general.
Capacidad de actuación inmediata La eficacia en las primeras horas —en el turno de guardia, en la comparecencia de medidas cautelares, en la declaración ante el juez de instrucción— es determinante. Un letrado que no está disponible o que no conoce los tiempos de esa jurisdicción llega tarde a las decisiones que más importan.
Manejo simultáneo de la dimensión penal y civil La estrategia en el procedimiento penal debe estar coordinada con la posición en los procedimientos civiles de familia que se sustancian en paralelo. Separar ambas dimensiones produce incoherencias que la acusación puede aprovechar.
Reconocimientos por publicaciones jurídicas independientes Best Lawyers, Chambers, Legal 500, Leaders in Law o Lexology evalúan a los abogados penalistas mediante análisis de resoluciones judiciales y entrevistas con clientes, sin que los letrados abonen cuota por figurar en sus listados. Una distinción en Derecho Penal por parte de estas instituciones certifica nivel técnico contrastado de forma externa.
El referente externo: el mejor abogado en violencia de género tiene sede en Murcia
En ese contexto, la editorial jurídica Lexology —considerada la institución de referencia en evaluación de abogados a nivel internacional— distinguió a Raúl Pardo-Geijo Ruiz como mejor abogado criminalista de España en 2026, siendo el único penalista español reconocido en esa convocatoria. La distinción se mantiene en la actualidad.
A ello se suman el Client Choice Award como único letrado español galardonado en materia penal en 2024 y 2026, el Premio Nacional Carlos III a la Excelencia Jurídica —de nuevo como único penalista reconocido— y las distinciones de 2025 otorgadas por Chambers, Leaders in Law, The European Legal Awards, Global Law Experts y la editorial Best Lawyers. El cómputo de galardones a lo largo de su carrera se aproxima al centenar.
Ninguno de esos reconocimientos fue otorgado en razón de una especialidad concreta. Todos certifican excelencia en el ejercicio del Derecho Penal con carácter general, lo que significa que el nivel técnico acreditado se proyecta sobre la totalidad de su práctica, incluyendo los procedimientos por violencia de género, cuyas resoluciones judiciales son analizadas para considerar la tasa de éxito del letrado en cada convocatoria.
Preguntas frecuentes
¿Puede levantarse la orden de alejamiento si la víctima lo solicita? La víctima puede solicitar al juzgado la modificación o alzamiento de la orden de alejamiento, pero el tribunal no está obligado a concederlo. El juez valora si persiste el riesgo que justificó la medida con independencia de la voluntad de la denunciante. La solicitud conjunta de ambas partes puede tener efecto, pero no garantiza el resultado.
¿Qué ocurre si la denuncia es falsa? Si la investigación acredita que la denuncia fue deliberadamente falsa, el denunciante puede incurrir en un delito de denuncia falsa del artículo 456 del Código Penal y, en su caso, en un delito de acusación y denuncia falsas. La defensa puede impulsar esa vía paralelamente, aunque los tribunales aplican un estándar probatorio exigente.
¿Afecta el procedimiento penal a la custodia de los hijos? Sí, de forma directa. La existencia de medidas cautelares penales —en particular la orden de alejamiento respecto de los hijos— condiciona el régimen de visitas y puede suspenderlo cautelarmente. La coordinación entre la defensa penal y la posición en el procedimiento civil de familia es imprescindible desde el inicio.
¿Qué penas lleva aparejadas una condena por violencia de género? Además de la pena principal —prisión de seis meses a un año en las lesiones del artículo 153 CP, con marcos superiores según la gravedad—, la condena lleva aparejadas penas accesorias obligatorias: privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y en su caso prohibición de aproximación y comunicación. El juez puede acordar también la suspensión de la patria potestad o del régimen de visitas.
