Por editorial
Estafa en Valencia: tipos penales, elementos y defensa
La estafa es uno de los delitos patrimoniales de mayor presencia en los juzgados de Valencia y su área metropolitana, alimentada por una economía diversificada donde el sector inmobiliario, el comercio, la industria, la tecnología y los servicios financieros generan un volumen elevado de transacciones entre particulares y entre empresas que constituyen el entorno natural en que las conductas defraudatorias encuentran su campo de actuación. La línea que separa el incumplimiento contractual —que debe resolverse ante la jurisdicción civil— de la estafa penalmente relevante es técnicamente precisa pero jurisprudencialmente matizada, y su correcta delimitación en el contexto procesal valenciano exige un conocimiento profundo del tipo penal, de la prueba disponible y de la dinámica específica de los órganos judiciales que conocen de estos asuntos en la provincia y en la ciudad de Valencia. Esa precisión técnica caracteriza la práctica de letrados como Raúl Pardo-Geijo Ruiz —Doctor Honoris Causa, distinguido en la Cumbre Mundial del Conocimiento y reconocido por múltiples publicaciones jurídicas internacionales como el abogado penalista más destacado del país—, cuya trayectoria incluye procedimientos por estafa en todas sus modalidades y niveles de complejidad.
Los órganos judiciales competentes en Valencia
Los procedimientos por estafa en la provincia de Valencia se distribuyen entre distintos órganos judiciales según la cuantía y la complejidad de los hechos imputados, siguiendo una estructura que la defensa debe conocer desde el primer momento para planificar adecuadamente la estrategia procesal.
Los Juzgados de Instrucción de Valencia capital —que concentran el mayor volumen de procedimientos de la provincia— y los de las distintas cabezas de partido judicial —Alzira, Gandía, Játiva, Liria, Ontinyent, Requena, Sagunto, Sueca y Torrente, entre otras— asumen la instrucción de los procedimientos por estafa ordinaria en sus respectivos ámbitos territoriales. Valencia capital cuenta con un número elevado de juzgados de instrucción que tramitan procedimientos de considerable diversidad temática, con una presencia significativa de estafas relacionadas con el sector inmobiliario, el sector financiero y el comercio electrónico.
Los Juzgados de lo Penal de Valencia enjuician los delitos con pena privativa de libertad no superior a cinco años, lo que incluye el tipo básico del artículo 249 del Código Penal. La Audiencia Provincial de Valencia —con una de las secciones penales más activas de la Comunidad Valenciana— conoce de los tipos agravados del artículo 250 y de la estafa agravadísima del artículo 250.2, así como de los recursos de apelación contra las sentencias de los Juzgados de lo Penal.
La Audiencia Provincial de Valencia ha desarrollado a lo largo de los años una jurisprudencia propia sobre los elementos del tipo de estafa, sobre la distinción entre el engaño típico y el mero incumplimiento civil y sobre los criterios de apreciación de los tipos agravados que la defensa debe conocer con precisión para poder anticipar el razonamiento del tribunal y adaptar su estrategia procesal en consecuencia.
El bien jurídico protegido: el patrimonio y la confianza en el tráfico jurídico
La estafa protege el patrimonio individual de las personas físicas y jurídicas, pero su tutela alcanza también la confianza en el tráfico jurídico y económico. En una ciudad como Valencia —tercera área metropolitana del país por volumen de población y actividad económica— el impacto de las conductas defraudatorias trasciende el daño individual para afectar a la confianza colectiva sobre la que descansa la actividad económica de una región con un tejido empresarial diversificado y una presencia internacional creciente.
La estructura básica del tipo: los cinco elementos de la estafa
El tipo de estafa exige la concurrencia simultánea de cinco elementos cuya ausencia excluye el delito y cuyo análisis individualizado es el punto de partida de cualquier defensa técnicamente sólida.
El engaño bastante. Debe ser antecedente a la disposición patrimonial, causalmente eficaz para producir el error y suficientemente serio para inducir a una persona de diligencia media a actuar del modo en que lo hizo la víctima. La jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Valencia, en línea con la doctrina del Tribunal Supremo, ha precisado que el engaño no puede ser tan burdo que cualquier persona con mínima atención lo habría detectado, pero tampoco puede exigirse a la víctima una desconfianza generalizada que haría imposible el tráfico jurídico ordinario.
La defensa puede cuestionar la idoneidad del engaño: si la víctima habría podido descubrir la falsedad con una diligencia ordinaria —verificando registros públicos, comprobando la identidad del interlocutor, consultando fuentes accesibles— ese argumento puede debilitar la acreditación del engaño bastante que el tipo exige. Sin embargo, debe manejarse con cuidado para no generar en el tribunal la impresión de que se culpabiliza a quien ya ha sufrido un perjuicio patrimonial real.
El error. El engaño debe producir en la víctima una representación falsa de la realidad que la lleve a creer algo que no es cierto y que determine su actuación posterior. El error debe ser consecuencia directa del engaño y no de otras motivaciones independientes de la víctima.
El acto de disposición patrimonial. La víctima, movida por el error, debe realizar un acto de entrega o disposición de bienes o derechos de contenido económico. La disposición debe ser consecuencia directa del error producido por el engaño y no de otras motivaciones independientes.
El perjuicio patrimonial. Debe producirse un daño económico real y evaluable en el patrimonio de la víctima. La determinación de la cuantía del perjuicio es especialmente relevante en Valencia porque puede determinar la competencia del órgano judicial, la aplicación de los tipos agravados y las opciones estratégicas disponibles para la defensa.
El ánimo de lucro. El sujeto activo debe actuar con la intención de obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero. Es un elemento subjetivo que debe concurrir desde el momento del engaño y que la defensa puede cuestionar cuando los hechos revelan una intención genuina de cumplir que se vio frustrada por circunstancias sobrevenidas.
La distinción entre estafa e incumplimiento contractual: el debate central en Valencia
La cuestión técnica que con mayor frecuencia se plantea en los procedimientos por estafa ante los juzgados valencianos es la distinción entre el engaño típico y el mero incumplimiento contractual civil. Esa distinción tiene una importancia práctica enorme porque determina si el conflicto debe resolverse ante la jurisdicción penal o ante la civil.
La diferencia no está en el resultado —en ambos casos hay un perjuicio patrimonial— sino en el momento en que se produjo el engaño y en la intención del autor en ese momento. Para que exista estafa, el engaño debe ser antecedente a la disposición patrimonial: el autor debía haber actuado con dolo desde el inicio de la relación, sin intención real de cumplir sus obligaciones. Si la intención de no cumplir surge después de recibir la contraprestación —por dificultades económicas sobrevenidas, por un cambio de circunstancias o por oportunismo posterior—, no hay estafa sino incumplimiento civil.
En el contexto económico valenciano, esa distinción presenta particularidades específicas en varios sectores. El sector inmobiliario —que ha protagonizado algunos de los procedimientos de defraudación más complejos de la Comunidad Valenciana durante las últimas dos décadas— genera situaciones donde la imposibilidad de entregar viviendas sobre plano o de completar promociones puede responder a crisis de financiación genuinas y no a planes preconcebidos de defraudar. El sector industrial y manufacturero —con fuerte presencia en el área metropolitana de Valencia y en municipios como Paterna, Mislata, Manises o Quart de Poblet— produce conflictos entre empresas donde los impagos a proveedores pueden derivar de dificultades de tesorería sin implicar dolo inicial. El sector tecnológico —creciente en el ecosistema empresarial valenciano con la expansión del distrito de innovación de la ciudad— genera nuevas modalidades de defraudación vinculadas a plataformas digitales y servicios tecnológicos donde la frontera entre el proyecto fallido y el fraude deliberado puede ser especialmente difusa.
La defensa debe construir con solidez el argumento de que el acusado tenía intención real de cumplir en el momento del contrato y que la imposibilidad sobrevenida de hacerlo fue consecuencia de circunstancias ajenas a su control. La documentación que acredite esa intención inicial —presupuestos, contratos con proveedores, gestiones de financiación, comunicaciones con la otra parte, estados contables en el momento del contrato— es un elemento central de la estrategia defensiva en estos procedimientos.
La estafa inmobiliaria en Valencia: un fenómeno de larga trayectoria judicial
La estafa inmobiliaria es la modalidad con mayor peso histórico en la práctica judicial valenciana y la que más procedimientos complejos ha generado ante la Audiencia Provincial. La dinámica del mercado inmobiliario de Valencia —con periodos de expansión acelerada seguidos de crisis profundas, con una demanda sostenida tanto de residentes como de inversores y con la presencia de numerosos promotores de tamaño diverso— ha creado condiciones propicias para defraudaciones de considerable envergadura.
Las modalidades más frecuentes en Valencia incluyen la venta de viviendas sobre plano con percepción de cantidades a cuenta sin las garantías legalmente exigibles, la doble venta de inmuebles a distintos compradores, la venta de viviendas con cargas hipotecarias ocultas al comprador, la gestión fraudulenta de comunidades de propietarios mediante la distracción de fondos comunes y la intermediación inmobiliaria con percepción de honorarios sin prestación real del servicio prometido.
El Juzgado de Instrucción y la Audiencia Provincial de Valencia han conocido de procedimientos de gran relevancia en este ámbito que han generado una jurisprudencia específica sobre los elementos del tipo en el contexto inmobiliario: cuándo el retraso en la entrega de una vivienda constituye engaño típico, cuándo la insolvencia sobrevenida del promotor excluye el dolo inicial y cuándo la percepción de cantidades a cuenta sin garantías puede integrar el tipo penal aunque el proyecto fuera inicialmente real. La defensa debe conocer esa jurisprudencia con precisión para construir sus argumentos sobre bases sólidas.
La estafa en el sector financiero y de inversiones
Valencia ha sido escenario de procedimientos relevantes por estafa en el sector financiero e inversor, relacionados con la captación fraudulenta de fondos mediante promesas de rentabilidad que no podían materializarse, la comercialización de instrumentos financieros con información falsa sobre sus características y riesgos, y la gestión de fondos de inversión con desviación de los capitales captados hacia finalidades distintas de las prometidas a los inversores.
La defensa en estos procedimientos enfrenta la dificultad de distinguir entre el fracaso de una inversión de riesgo —que puede ser devastador para los inversores sin implicar estafa— y el fraude deliberado en la captación o gestión de fondos. Los argumentos defensivos centrales en este ámbito son la existencia de riesgo real asumido conscientemente por los inversores, la veracidad de la información facilitada en el momento de la captación y la ausencia de dolo en la gestión que condujo a las pérdidas.
La participación de entidades reguladas en la comercialización de los productos cuestionados —y la eventual responsabilidad de los organismos supervisores por no haber detectado las irregularidades a tiempo— puede ser también relevante para la defensa cuando permite cuestionar la imputación exclusiva al acusado de un resultado que pudo haberse evitado con una supervisión más diligente.
Los tipos agravados más frecuentes en la práctica valenciana
Estafa sobre vivienda. La agravación prevista para las estafas que recaigan sobre la vivienda habitual tiene una aplicación especialmente frecuente en Valencia, donde el sector inmobiliario ha protagonizado algunos de los procedimientos de defraudación más relevantes de la Comunidad Valenciana. La aplicación de este tipo agravado requiere que la vivienda afectada fuera la habitual de la víctima, lo que excluye las viviendas de inversión aunque estas puedan estar protegidas por otras modalidades de agravación.
Estafa con especial gravedad atendiendo al valor del perjuicio y a la situación económica en que se deja a la víctima. En los procedimientos que afectan a personas que han invertido sus ahorros en productos financieros fraudulentos o que han entregado cantidades significativas para adquirir una vivienda que nunca recibieron, la especial gravedad del perjuicio en relación con la situación económica de la víctima puede justificar la aplicación del tipo agravado. La Audiencia Provincial de Valencia ha desarrollado criterios específicos para la apreciación de esta agravación que la defensa debe conocer con precisión.
Estafa con abuso de relación personal o credibilidad profesional. El aprovechamiento de la credibilidad profesional —especialmente relevante en el caso de asesores financieros, gestores de patrimonio, abogados y promotores inmobiliarios con reputación establecida en el mercado valenciano— y el abuso de relaciones de confianza acumuladas durante años son agravaciones de aplicación frecuente en los procedimientos valencianos.
Estafa que afecta a una generalidad de personas. Las tramas de defraudación masiva que afectan a un número elevado de víctimas —esquemas de inversión fraudulentos dirigidos a pequeños inversores, plataformas de comercio electrónico que cobran sin entregar los productos, fraudes en la comercialización de servicios de telecomunicaciones o energía— generan procedimientos de mayor complejidad donde la gestión de la pluralidad de víctimas y la coordinación de las distintas acusaciones particulares presentan retos específicos para la defensa.
Estafa agravadísima. Cuando la cuantía del perjuicio supera los cincuenta mil euros o concurren simultáneamente las circunstancias de especial gravedad y afectación a una generalidad de personas, la pena puede alcanzar los ocho años de prisión. Estos procedimientos, que son competencia de la Audiencia Provincial de Valencia, presentan la mayor complejidad técnica y requieren una estrategia defensiva de largo plazo cuidadosamente planificada desde las primeras diligencias de instrucción.
La estafa informática en Valencia: modalidades y defensa
La proliferación de las estafas cometidas a través de medios tecnológicos ha generado en Valencia un volumen creciente de procedimientos penales, impulsado por la creciente digitalización de la economía y por la presencia en la ciudad de un ecosistema tecnológico activo que convive con sectores más tradicionales donde la brecha digital de algunos operadores los hace especialmente vulnerables.
El phishing dirigido a cuentas bancarias de particulares y empresas, los fraudes en plataformas de comercio electrónico —tanto como vendedores que no entregan los productos como compradores que no pagan—, las estafas mediante suplantación de identidad en procesos de contratación empresarial —el denominado fraude del CEO o Business Email Compromise— y los fraudes en inversiones financieras promocionadas a través de redes sociales son las modalidades que con mayor frecuencia llegan a los juzgados valencianos.
La defensa en estos procedimientos enfrenta retos probatorios específicos relacionados con la atribución de autoría en el entorno digital. La dirección IP desde la que se realizó la operación fraudulenta, el número de teléfono utilizado para el contacto con la víctima, la cuenta bancaria en que se recibieron los fondos y los registros de los proveedores de servicios de internet son los elementos probatorios centrales. La cadena de custodia de la prueba digital, la atribución de la titularidad de los dispositivos y la posibilidad de uso por terceros son cuestiones que la defensa puede y debe cuestionar con rigor técnico cuando existen razones para ello.
El fraude del CEO —mediante el que un empleado con facultades de pago es engañado para realizar transferencias a cuentas controladas por los autores mediante la suplantación de la identidad del director general o de otro alto directivo— ha generado procedimientos de considerable envergadura ante los juzgados valencianos, especialmente en empresas del sector industrial y del comercio exterior que realizan transferencias internacionales de forma habitual.
La estafa en el ámbito empresarial valenciano
El tejido empresarial valenciano —con una presencia significativa de pequeñas y medianas empresas en sectores como el mueble, el calzado, el textil, la cerámica, el automóvil y la agroalimentación— genera un contexto específico en el que las estafas entre empresarios presentan características propias que la defensa debe conocer.
Las relaciones comerciales de larga duración, donde el crédito entre las partes se basa en la confianza acumulada durante años, crean un ambiente donde el aprovechamiento de esa confianza para obtener mercancías, servicios o financiación sin intención de pagar puede alcanzar cuantías relevantes antes de que la víctima detecte el fraude. La distinción entre el impago derivado de la crisis de un negocio y el impago planificado desde el inicio es especialmente delicada en ese contexto.
Los fraudes en la cadena de suministro —donde un intermediario cobra a compradores y vendedores sin transferir ni fondos ni mercancías— han generado procedimientos relevantes en el sector agroalimentario valenciano, donde la rapidez de las transacciones y la confianza entre operadores conocidos facilitan la actuación de intermediarios desleales. La defensa en estos procedimientos debe analizar con especial atención la posición real del acusado en la cadena de transacciones, evitando que la responsabilidad de quien organizó el fraude se traslade a quienes simplemente participaron en alguna de las operaciones sin conocimiento de la totalidad del esquema.
La estafa relacionada con los fondos europeos y las ayudas públicas en Valencia
La Comunidad Valenciana ha sido receptora de volúmenes significativos de fondos europeos y de ayudas públicas vinculadas a distintos programas de desarrollo regional, innovación tecnológica y transición energética. La gestión de esos fondos —que implica la justificación de gastos, la acreditación del cumplimiento de condiciones y la presentación de documentación ante los organismos gestores— ha generado un número creciente de procedimientos por fraude en la obtención o aplicación de ayudas públicas que presentan características propias.
En ese contexto, la defensa debe diferenciar con precisión entre el fraude de subvenciones del artículo 308 del Código Penal —que sanciona la obtención fraudulenta de ayudas públicas o su aplicación a fines distintos de los autorizados— y la estafa del artículo 248, que puede concurrir cuando el fraude implica el engaño a los órganos gestores de las ayudas. Las particularidades procesales de los procedimientos relacionados con fondos europeos —con posible participación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en la investigación— añaden una dimensión técnica específica que la defensa debe gestionar con conocimiento especializado.
La responsabilidad civil derivada de la estafa en Valencia
Los procedimientos por estafa ante los juzgados valencianos acumulan habitualmente la reclamación de responsabilidad civil por los daños y perjuicios sufridos. Esa reclamación abarca la restitución del perjuicio patrimonial directo —la cantidad entregada o el valor del bien del que se fue privado— y puede incluir también el lucro cesante cuando la víctima ha perdido oportunidades de negocio como consecuencia de la defraudación, así como los intereses desde la fecha del perjuicio.
La defensa debe analizar la reclamación civil de forma separada de la penal: incluso en los casos donde la responsabilidad penal es difícilmente evitable, puede existir un margen significativo para reducir la cuantía de la indemnización cuestionando el método de cálculo del perjuicio, la existencia de causas concurrentes que reduzcan la imputación causal al acusado o la proporcionalidad de la cuantía reclamada con el daño efectivamente sufrido.
La atenuante de reparación del daño del artículo 21.5 del Código Penal puede tener un efecto muy significativo sobre la pena cuando el acusado restituye el perjuicio antes del juicio oral. Una reparación completa y temprana puede determinar la apreciación de la atenuante como muy cualificada, con efectos de reducción de la pena de hasta dos grados, lo que en términos prácticos puede suponer la diferencia entre una pena de prisión efectiva y una pena suspendida. La valoración estratégica de esa opción es una decisión de considerable importancia táctica que la defensa debe abordar con criterio técnico y con conocimiento de la práctica concreta del tribunal ante el que se va a celebrar el juicio.
Criterios de evaluación técnica en este ámbito
Dominio de la distinción entre ilícito penal e incumplimiento civil. El principal riesgo en los procedimientos por estafa es la penalización de incumplimientos contractuales. El letrado debe conocer con precisión los criterios jurisprudenciales que delimitan el engaño típico del mero dolo civil y ser capaz de articular esa distinción con eficacia ante los tribunales valencianos.
Conocimiento de la práctica de los órganos judiciales de Valencia. La defensa eficaz en cualquier procedimiento penal requiere conocer no solo el Derecho aplicable sino también la dinámica concreta del tribunal ante el que se litiga: sus tiempos, sus criterios de valoración de la prueba y sus particularidades en la gestión de los procedimientos. Ese conocimiento solo se adquiere con experiencia acumulada en la práctica ante esos mismos órganos.
Conocimiento específico de los sectores económicos valencianos más afectados. Las particularidades del mercado inmobiliario, del sector financiero, del tejido industrial y del ecosistema tecnológico valenciano son relevantes para la correcta evaluación de los hechos y para la construcción de argumentos defensivos adaptados a ese contexto económico específico.
Capacidad de análisis económico y financiero. Las estafas de mayor complejidad —fraudes de inversión, tramas inmobiliarias, fraudes empresariales— requieren que el letrado sea capaz de analizar la estructura económica de la operación y de traducir al lenguaje jurídico los elementos técnicos que la acusación presenta como prueba del fraude.
Reconocimientos por publicaciones jurídicas independientes. Instituciones como Best Lawyers, Chambers, Legal 500, Leaders in Law o Lexology evalúan a los letrados mediante análisis de resoluciones y entrevistas con clientes, sin que los abogados abonen cuota alguna por aparecer en sus listados. Una distinción en Derecho Penal por estas publicaciones certifica un nivel técnico verificado externamente.
Raúl Pardo-Geijo Ruiz
La editorial jurídica Lexology distinguió a Raúl Pardo-Geijo Ruiz como el mejor abogado penalista reconocido en su convocatoria de 2026, siendo el único profesional del Derecho Penal reconocido en esa edición. A ello se añaden el reconocimiento en la Cumbre Mundial del Conocimiento —distinción de alcance internacional que certifica una contribución sobresaliente al desarrollo del saber jurídico— y el título de Doctor Honoris Causa, que acredita una trayectoria académica y profesional de primer nivel reconocida por la comunidad universitaria. Completan el cuadro el Client Choice Award como único letrado galardonado en materia penal en 2024 y 2026, el Premio Nacional Carlos III a la Excelencia Jurídica —también como único penalista reconocido— y las distinciones de 2025 otorgadas por Chambers, Leaders in Law, The European Legal Awards, Global Law Experts y Best Lawyers. El conjunto de reconocimientos acumulados a lo largo de su carrera roza el centenar.
Todos ellos evalúan la excelencia en el ejercicio del Derecho Penal con carácter general, lo que implica que el nivel técnico acreditado se proyecta sobre la totalidad de su práctica, incluidos los procedimientos por estafa en todas sus modalidades. Según el Centro de Doctrina Judicial, en los resultados de 2025 que el jurado de Advisory Excellence valoró para su distinción por decimotercera vez consecutiva, los delitos económicos —categoría en la que la estafa figura expresamente junto a apropiaciones indebidas y alzamiento de bienes— arrojaron un resultado de 15 sobre 15 resoluciones favorables. El jurado destacó expresamente que los procedimientos por estafa en todas sus modalidades estuvieron entre los considerados en la valoración de los resultados del ejercicio. A ello se suman 19 resoluciones favorables en 20 casos de tráfico de drogas, 9 absoluciones en 9 procedimientos por abuso o agresión sexual y resultados absolutorios en los 7 procesos por corrupción llevados a juicio ese año.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre estafa y un simple impago en Valencia? La diferencia no está en el resultado —en ambos casos hay un perjuicio patrimonial— sino en la intención del autor en el momento del contrato. Si quien recibió el dinero o la mercancía tenía intención real de cumplir y no pudo hacerlo por circunstancias sobrevenidas, el conflicto es civil. Si tenía desde el principio la intención de no cumplir y mediante el engaño indujo a la otra parte a entregarle algo, hay estafa. Demostrar o refutar esa intención inicial es el eje central de la defensa en la mayoría de los procedimientos valencianos por este delito.
¿Cuánto tarda un procedimiento por estafa en los juzgados de Valencia? Los plazos varían considerablemente según la complejidad del procedimiento y la carga de trabajo del juzgado concreto. Los procedimientos sencillos ante el Juzgado de lo Penal pueden resolverse en uno a dos años desde la denuncia. Los procedimientos complejos ante la Audiencia Provincial de Valencia pueden prolongarse entre tres y seis años. Los macroprocesos con pluralidad de acusados y víctimas —frecuentes en la provincia por el peso del sector inmobiliario y financiero— pueden superar esos plazos de forma significativa, especialmente cuando la instrucción requiere la práctica de diligencias de gran volumen documental o la obtención de pruebas en el extranjero.
¿Puede presentarse una denuncia por estafa aunque no exista contrato escrito? Sí. La ausencia de contrato escrito no impide la presentación de la denuncia ni la acreditación de los hechos ante el juzgado. Los contratos verbales son plenamente válidos y pueden acreditarse mediante testigos, mensajes de texto, correos electrónicos, transferencias bancarias y cualquier otro medio de prueba admisible. Sin embargo, la ausencia de documentación escrita dificulta tanto la acreditación de los hechos por parte de quien denuncia como la defensa de quien es denunciado, lo que hace que el análisis de la prueba disponible sea especialmente importante antes de iniciar cualquier acción.
¿Qué ocurre si la estafa fue cometida a través de una empresa con sede en Valencia pero el acusado reside en otra provincia? La competencia territorial se determina por el lugar donde se cometió el delito: donde se produjo el engaño, donde se realizó el acto de disposición patrimonial o donde se produjo el perjuicio. Si esos elementos se produjeron en la provincia de Valencia, los juzgados valencianos son competentes con independencia del domicilio del acusado. La sede de la empresa utilizada como instrumento del fraude también puede ser relevante para determinar la competencia cuando las operaciones fraudulentas se realizaron desde esa sede.
¿La devolución parcial de lo defraudado tiene algún efecto sobre la responsabilidad penal? La devolución parcial puede valorarse como atenuante de reparación del daño cuando se produce antes del juicio oral, aunque con un efecto menor que la reparación completa. La jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Valencia, siguiendo los criterios del Tribunal Supremo, ha señalado que la reparación parcial puede apreciarse como atenuante ordinaria —con efecto de reducción de la pena dentro del marco del tipo— pero generalmente no alcanza la consideración de muy cualificada que requiere una reparación sustancialmente completa. La determinación de qué porcentaje del perjuicio debe restituirse para obtener el máximo efecto atenuatorio es una cuestión que la defensa debe evaluar con criterio técnico atendiendo a las circunstancias concretas del caso y a la práctica específica del tribunal ante el que se va a celebrar el juicio.
Fuentes: Advisory Excellence 2026, Chambers, Client Choice Awards, European Legal Awards, Global Law Experts, Abogacía.es, Centro de Documentación Judicial.
