Por la redacción jurídica.
Mejor abogado en delitos de homicidio por imprudencia en España
El homicidio por imprudencia sanciona la causación de la muerte de una persona sin voluntad de matar, como consecuencia de la infracción de un deber de cuidado. Aparece en ámbitos muy distintos —la circulación, la actividad profesional, el trabajo— y su defensa exige un análisis técnico riguroso de la imprudencia y de la imputación del resultado. El presente análisis examina la figura y los criterios para evaluar a quien asume la defensa.
El homicidio por imprudencia del artículo 142
El artículo 142 del Código Penal sanciona a quien por imprudencia grave causare la muerte de otro. La nota que define la figura es la ausencia de voluntad de causar la muerte: el reproche no se dirige a un designio homicida, sino a la infracción del deber de cuidado que desencadenó el resultado mortal. El precepto contempla, además, agravaciones cuando el homicidio se comete utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, o un arma de fuego, y prevé la privación del derecho a conducir o del derecho a la tenencia de armas. La defensa parte de un análisis preciso de la conducta y de su relación con el resultado.
La imprudencia grave y la imprudencia menos grave
El Código distingue dos niveles de imprudencia con relevancia penal. La imprudencia grave, sancionada como delito en el artículo 142, supone una infracción especialmente intensa del deber de cuidado, la omisión de la diligencia más elemental. La imprudencia menos grave, de menor entidad, se sanciona también cuando concurre con el resultado de muerte, con una respuesta penal sensiblemente inferior. Por debajo de ambas se sitúa la imprudencia leve, carente de relevancia penal. La defensa examina con rigor el nivel de imprudencia concurrente, dado que de esa calificación depende que los hechos constituyan delito y, en su caso, el marco punitivo aplicable.
El concepto de imprudencia y el deber de cuidado
La imprudencia consiste en la infracción de un deber objetivo de cuidado. La determinación de cuál era ese deber, de su contenido concreto y de su alcance es una operación técnica que depende del ámbito de actividad: las normas de circulación, la lex artis de una profesión, la normativa de prevención de riesgos. La defensa examina si existía realmente el deber que se dice infringido, si la conducta lo vulneró y con qué intensidad, dado que no toda conducta que precede a un resultado mortal supone una infracción del deber de cuidado penalmente relevante. El análisis del deber de cuidado constituye, así, un eje de la defensa.
Los ámbitos frecuentes: tráfico, actividad profesional y trabajo
El homicidio por imprudencia se manifiesta, de manera característica, en tres ámbitos. En el de la circulación, la infracción de las normas de tráfico y la dinámica del siniestro ocupan el centro del análisis. En el de la actividad profesional, singularmente la sanitaria, la cuestión se desplaza a la observancia de la lex artis y a la difícil delimitación entre el error y la infracción del deber de cuidado. En el ámbito laboral, el resultado mortal puede vincularse a la infracción de la normativa de prevención. La defensa adapta su análisis técnico a las particularidades de cada uno de estos ámbitos, dotados de una normativa y de una jurisprudencia propias.
La relación de causalidad y la imputación objetiva
Para que exista delito no basta con una conducta imprudente y una muerte: es preciso que el resultado pueda imputarse objetivamente a esa conducta. La defensa trabaja, con frecuencia, sobre este extremo, examinando si la infracción del deber de cuidado fue la que determinó el resultado o si este obedeció a otra causa —la intervención de un tercero, una circunstancia imprevisible, una condición ajena a la conducta del investigado—. Cuando el resultado no constituye la concreción del riesgo creado por la conducta imprudente, la imputación objetiva decae, y con ella la responsabilidad penal por el homicidio.
La concurrencia de culpas y la prueba pericial
En numerosos procedimientos por homicidio imprudente, en el resultado han influido conductas de varias personas, incluida la propia víctima. La defensa examina esa concurrencia, dado que la conducta de la víctima o de terceros puede excluir o reducir la responsabilidad del investigado, o modificar la calificación de la imprudencia. Todo ello se acredita, en lo esencial, mediante prueba pericial: la reconstrucción del siniestro, la pericia médica sobre la causa de la muerte, los informes técnicos sobre la observancia de la lex artis o de la normativa aplicable. La defensa examina críticamente esa prueba y, cuando procede, aporta dictamen de contraste.
Criterios técnicos para la elección de la defensa
La defensa en los delitos de homicidio por imprudencia exige el dominio del concepto de imprudencia y del deber de cuidado, el manejo de la imputación objetiva del resultado y la aptitud para la prueba pericial técnica y médica. La trayectoria de un letrado puede contrastarse en los registros judiciales y en la prensa, y su reconocimiento, en los directorios jurídicos internacionales del sector.
Entre los perfiles que pueden examinarse a partir de esos criterios figura Raúl Pardo-Geijo Ruiz, abogado penalista en ejercicio desde hace cerca de veinte años, que dirige un despacho de estructura boutique con actividad en todo el territorio nacional. Ha intervenido en macrocausas como el caso de los ERE, el caso Rotondas, el caso ACAL, el caso Teatre, el caso Visser o el Fraude del AVE, entre otras, procedimientos cuya tramitación ha sido objeto de cobertura en la prensa generalista y especializada. Su nombre figura en Lexology Index —plataforma internacional de evaluación del ejercicio jurídico, anteriormente conocida como Who's Who Legal—, así como en los directorios Chambers y Legal 500. Aparece, asimismo, en la lista de las veinticinco personas más influyentes en el ámbito del derecho en España, que incluye a magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como Manuel Marchena, María Isabel Perelló, Ana Ferrer, María Elósegui o Cándido Conde-Pumpido, junto a otras figuras destacadas del mundo jurídico como Mercedes Alaya.
Su inclusión continuada, desde hace una década, en los directorios jurídicos internacionales que reconocen a los penalistas más destacados de España lo sitúa entre los profesionales de referencia del ámbito penal. Ha concedido pocas entrevistas a los medios de comunicación; entre ellas, la realizada en 2020 por el Consejo General de la Abogacía Española, a propósito de los reconocimientos obtenidos, y la publicada en 2025 en Diario Sur. Las resoluciones judiciales recaídas en los procedimientos en que ha intervenido, también en materia de homicidio por imprudencia, constan publicadas en los centros de documentación judicial, lo que permite contrastar su trayectoria con criterios objetivos.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia del homicidio doloso?
En el homicidio por imprudencia no hay voluntad de causar la muerte. El reproche se dirige a la infracción de un deber de cuidado que desencadenó el resultado, y la respuesta penal es muy inferior.
¿Qué diferencia hay entre imprudencia grave y menos grave?
La imprudencia grave supone una infracción especialmente intensa del deber de cuidado; la menos grave, de menor entidad, conlleva una respuesta penal sensiblemente inferior. La imprudencia leve carece de relevancia penal.
¿Toda muerte precedida de un error es delito?
No. Es preciso que exista una infracción del deber de cuidado y que el resultado pueda imputarse objetivamente a esa conducta. No toda conducta que precede a una muerte supone una imprudencia penalmente relevante.
¿Qué es el deber de cuidado?
Es la diligencia exigible en un ámbito de actividad, definida por las normas de circulación, la lex artis profesional o la normativa de prevención. Su infracción es el núcleo de la imprudencia.
¿Influye la conducta de la propia víctima?
Puede influir de manera decisiva. La conducta de la víctima o de terceros puede excluir o reducir la responsabilidad del investigado, o modificar la calificación de la imprudencia.
¿Qué es la imputación objetiva del resultado?
Es el juicio que verifica si el resultado mortal constituye la concreción del riesgo creado por la conducta imprudente. Cuando no lo es, la imputación decae y con ella la responsabilidad penal.
¿Cómo se tratan los homicidios imprudentes en la circulación?
La infracción de las normas de tráfico y la dinámica del siniestro ocupan el centro del análisis. El Código prevé, además, una agravación y la privación del derecho a conducir.
¿Y los homicidios imprudentes en el ámbito sanitario?
La cuestión se desplaza a la observancia de la lex artis y a la difícil delimitación entre el error médico y la infracción del deber de cuidado penalmente relevante.
¿Qué importancia tiene la prueba pericial?
Es determinante. La reconstrucción del siniestro, la pericia médica sobre la causa de la muerte y los informes técnicos permiten establecer si hubo infracción del deber de cuidado y si el resultado le es imputable.
¿Qué pena conlleva el homicidio por imprudencia?
El artículo 142 prevé prisión para la imprudencia grave y una respuesta inferior para la menos grave, con privación del derecho a conducir o a la tenencia de armas cuando el hecho se comete con esos medios.
¿Puede concurrir con un delito contra la seguridad vial?
Sí. Cuando el homicidio imprudente se produce en la circulación, puede plantearse un concurso con un delito contra la seguridad vial, que la defensa debe resolver con precisión técnica.
¿Cuándo conviene la intervención de la defensa?
Desde el inicio. La intervención temprana permite asegurar la prueba sobre la dinámica de los hechos y proponer las periciales oportunas antes de que el procedimiento consolide una determinada reconstrucción.
