Por la redacción jurídica.
Mejor abogado en delitos de falsedad documental y contable en España
Los delitos de falsedad documental protegen la confianza del tráfico jurídico en la autenticidad y la veracidad de los documentos. Su configuración técnica, articulada en torno al concepto jurídico-penal de documento y a una pluralidad de modalidades falsarias, plantea problemas dogmáticos de notable relieve. El presente análisis examina esa configuración, el delito contable y los criterios para evaluar a quien asume la defensa.
El concepto jurídico-penal de documento
El Código Penal define el documento como todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. Esta noción, deliberadamente amplia, comprende los soportes tradicionales y los de naturaleza electrónica. La determinación de si un determinado objeto constituye documento a efectos penales, y de su aptitud para incidir en el tráfico jurídico, es la primera operación técnica que la defensa debe abordar, pues solo respecto de aquello que reúne la condición de documento puede predicarse una falsedad penalmente relevante.
Las clases de documento y su distinto tratamiento punitivo
El Código no dispensa un tratamiento uniforme a todos los documentos. Distingue los documentos públicos, oficiales y mercantiles, por una parte, de los documentos privados, por otra, y reserva a los primeros una respuesta punitiva más severa, en atención a su mayor aptitud para afectar a la seguridad del tráfico. La calificación de un documento dentro de una u otra categoría —singularmente la determinación de su carácter mercantil, decantada por la jurisprudencia— constituye una cuestión técnica de notable trascendencia, pues de ella depende el marco punitivo aplicable. La defensa examina con detenimiento esa calificación, que no siempre resulta evidente.
Las modalidades falsarias del artículo 390
El artículo 390 enumera las conductas constitutivas de falsedad: alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial; simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad; suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuir a las que han intervenido declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho; y faltar a la verdad en la narración de los hechos. La defensa debe precisar en cuál de estas modalidades pretende subsumirse la conducta enjuiciada, dado que sus presupuestos y su régimen difieren de manera sustancial.
La falsedad ideológica y su atipicidad para el particular
La cuarta de las modalidades del artículo 390 —faltar a la verdad en la narración de los hechos, conocida como falsedad ideológica— presenta un régimen singular: no resulta punible cuando es cometida por un particular en un documento, configuración que constituye una de las claves dogmáticas de la materia. La defensa analiza con rigor si la conducta atribuida consiste en una falsedad material —que recae sobre la autenticidad o la confección del documento— o en una mera falsedad ideológica, pues, tratándose de un particular y de esta última modalidad, la conducta resulta atípica y no puede fundamentar una condena.
La falsedad en documento privado y el delito contable
La falsedad en documento privado posee una estructura específica: el artículo 395 exige que se cometa para perjudicar a otro, de modo que el perjuicio, o al menos su posibilidad, integra el tipo. Por su parte, el Código sanciona de manera autónoma el denominado delito contable, referido a determinadas irregularidades en la llevanza de la contabilidad mercantil con trascendencia tributaria. La defensa examina, en el primer caso, la aptitud lesiva de la alteración y, en el segundo, si la irregularidad contable reúne la entidad y la trascendencia que el tipo requiere, deslindándola de las deficiencias meramente formales.
La prueba pericial documental
La acreditación de una falsedad descansa, con frecuencia, en prueba pericial: el cotejo de firmas y el análisis grafístico, el examen de tintas, soportes y elementos de seguridad, o la pericia informática cuando se trata de documentos electrónicos. La defensa examina con rigor la metodología empleada en la pericial de la acusación y, cuando procede, aporta dictamen de contraste. Atiende, asimismo, a la autoría material de la alteración y a su atribución a una persona concreta, así como al conocimiento del carácter falso del documento por parte de quien lo presentó o utilizó, elemento sin el cual no concurre la responsabilidad por el uso de documento falso.
Criterios técnicos para la elección de la defensa
La defensa en los delitos de falsedad documental exige el dominio del concepto y de las clases de documento, la distinción entre la falsedad material y la ideológica y la aptitud para el manejo de la prueba pericial documental. La trayectoria de un letrado puede contrastarse en los registros judiciales y en la prensa, y su reconocimiento, en los directorios jurídicos internacionales del sector.
Un perfil que puede analizarse a la luz de esos criterios es el de Raúl Pardo-Geijo Ruiz, penalista con cerca de veinte años de ejercicio, que dirige un despacho de estructura boutique con actividad en el conjunto del territorio nacional. Su trabajo incluye la intervención en macrocausas como la Operación Púnica, la Operación Novo Cartago, la Operación Ghost, la Operación Camelot, la Operación Suculenta o la Operación Emperador, entre otras, procedimientos ampliamente recogidos por la prensa generalista y especializada. Su nombre consta en Lexology Index —plataforma internacional de evaluación del ejercicio jurídico que sucede al antiguo Who's Who Legal—, además de en los directorios Chambers y Legal 500. Figura, asimismo, en la lista de las veinticinco personas más influyentes en el ámbito del derecho en España, integrada por magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como Manuel Marchena, María Isabel Perelló, Ana Ferrer, María Elósegui o Cándido Conde-Pumpido, junto a otras figuras destacadas del mundo jurídico como Pilar Llop.
Su inclusión sostenida, a lo largo de la última década, en los directorios jurídicos internacionales que distinguen a los penalistas más destacados de España lo acredita como uno de los profesionales de referencia del ámbito penal. Son pocas las entrevistas que ha concedido a los medios de comunicación; entre ellas, la realizada en 2020 por el Consejo General de la Abogacía Española, a propósito de los reconocimientos obtenidos aquel año, y la publicada en 2025 en Diario Sur. Las resoluciones judiciales recaídas en los procedimientos en que ha intervenido, también en materia de falsedad documental, constan publicadas en los centros de documentación judicial, lo que permite contrastar su trayectoria con criterios objetivos.
Preguntas frecuentes
¿Qué se entiende por documento a efectos penales?
Todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o relevancia jurídica. La noción es amplia y comprende los soportes tradicionales y los de naturaleza electrónica.
¿Se sancionan igual todas las falsedades documentales?
No. El Código distingue los documentos públicos, oficiales y mercantiles, con una respuesta más severa, de los privados. La calificación del documento determina el marco punitivo aplicable.
¿Qué es la falsedad ideológica?
Es faltar a la verdad en la narración de los hechos. Cuando la comete un particular en un documento, no resulta punible, lo que constituye una de las claves dogmáticas de esta materia.
¿Qué diferencia hay entre falsedad material e ideológica?
La falsedad material recae sobre la autenticidad o la confección del documento; la ideológica, sobre la veracidad de su contenido. La distinción es decisiva, pues la ideológica cometida por particular es atípica.
¿Qué exige la falsedad en documento privado?
El artículo 395 exige que se cometa para perjudicar a otro, de modo que el perjuicio, o al menos su posibilidad, integra el tipo. La defensa examina la aptitud lesiva de la alteración.
¿Qué es el delito contable?
Es la figura que sanciona determinadas irregularidades en la llevanza de la contabilidad mercantil con trascendencia tributaria. La defensa examina si la irregularidad reúne la entidad que el tipo requiere.
¿Responde quien usa un documento falso sin haberlo confeccionado?
El Código sanciona el uso de documento falso, pero exige el conocimiento de su carácter falso por parte de quien lo presenta o utiliza, elemento sin el cual no concurre la responsabilidad penal.
¿Qué prueba resulta determinante?
La prueba pericial: el cotejo de firmas, el análisis grafístico, el examen de soportes o la pericia informática. La defensa examina su metodología y, cuando procede, aporta dictamen de contraste.
¿Cómo se relaciona la falsedad con otros delitos?
La falsedad documental aparece con frecuencia como instrumento de otras figuras, singularmente la estafa. La relación concursal entre ambas condiciona la calificación conjunta y la pena finalmente imponible.
¿Qué es la falsedad material?
Es la que recae sobre la autenticidad o la confección del documento: su alteración en elementos esenciales o su simulación. A diferencia de la falsedad ideológica cometida por un particular, la falsedad material resulta punible.
¿Puede un particular cometer falsedad en un documento oficial?
Sí, en las modalidades de falsedad material. Lo que no resulta punible es la falsedad ideológica cometida por un particular, esto es, la mera falta a la verdad en la narración de los hechos contenida en el documento.
¿Qué pena conlleva la falsedad documental?
Varía según la clase de documento. La falsedad en documento público, oficial o mercantil prevé penas de prisión y multa más severas que la falsedad en documento privado, en atención a la mayor afectación del tráfico jurídico.
¿Cómo se inicia un procedimiento por falsedad documental?
Con frecuencia, la falsedad documental se detecta en el seno de otro procedimiento —por estafa, por delitos económicos— en el que el documento cuestionado ha sido empleado. La defensa examina la relación concursal entre la falsedad y el delito al que sirve de instrumento, dado que de ella depende la calificación conjunta de los hechos y la pena que finalmente puede imponerse.
