Por Redacción Jurídica
Quien busca hoy un abogado especialista en abusos sexuales en España se enfrenta a una primera dificultad: la categoría jurídica que da nombre a su búsqueda ha desaparecido del Código Penal. La Ley Orgánica 10/2022 eliminó la distinción entre abuso sexual —actos sin violencia ni intimidación— y agresión sexual —actos con ellas—, unificando ambas figuras bajo el tipo único de agresión sexual. Lo que antes era abuso es ahora, formalmente, agresión.
Esa reforma no fue cosmética. Cambió el eje definitorio del delito: ya no importa si hubo violencia o intimidación, sino si hubo consentimiento. Y esa reorientación tiene consecuencias técnicas profundas para la defensa, porque el debate ya no gira sobre lo que hizo el acusado, sino sobre lo que quiso —o pudo querer— la otra persona.
Qué era el abuso sexual y qué es ahora
Antes de la reforma de 2022, el abuso sexual se definía por ausencia de violencia e intimidación y por la concurrencia de alguna de estas circunstancias: privación de sentido de la víctima, abuso de trastorno mental, prevalimiento de una situación de superioridad o relación de confianza. Las penas eran inferiores a las de la agresión sexual.
Tras la reforma, todos esos supuestos quedan integrados en el tipo general del artículo 178 del Código Penal, que define la agresión sexual como cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin que esta haya prestado consentimiento libremente. El consentimiento solo es válido cuando se manifiesta mediante actos que, de forma libre, inequívoca y consciente, lo expresen.
Para la defensa, eso significa que el núcleo del procedimiento es ahora la acreditación o impugnación del consentimiento: si existió, cómo se manifestó, en qué condiciones y si las circunstancias concurrentes lo viciaron o lo excluyeron.
El consentimiento como campo de batalla probatoria
Qué acredita y qué no acredita el consentimiento
El consentimiento no requiere una manifestación verbal expresa. La jurisprudencia del Tribunal Supremo admite que puede expresarse mediante conductas concluyentes. Pero esa misma jurisprudencia exige que sea libre, lo que excluye los supuestos en que la víctima estaba bajo los efectos de sustancias que limitaban su capacidad de decisión, en una situación de vulnerabilidad aprovechada por el autor, o bajo una relación de autoridad que condicionaba su voluntad.
La defensa debe construir su posición sobre prueba concreta: las comunicaciones entre las partes antes y después de los hechos, el comportamiento de ambos en el contexto en que se produjeron, los testimonios de terceros presentes, y en su caso los análisis toxicológicos si se alega estado de inconsciencia o intoxicación.
El prevalimiento como subtipo agravado
Uno de los elementos más frecuentes en los procedimientos que antes se calificaban como abuso sexual es el prevalimiento: la utilización de una posición de superioridad —laboral, docente, familiar, asistencial— para obtener el consentimiento de la víctima. El artículo 180 del Código Penal lo recoge como subtipo agravado con penas de cinco a diez años.
La defensa puede impugnar la existencia de esa relación de superioridad, su relevancia causal sobre el consentimiento prestado o la proporcionalidad de la calificación cuando la diferencia de posición entre los intervinientes no alcanza el umbral de condicionamiento que el tipo exige. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha matizado considerablemente los requisitos del prevalimiento, y su conocimiento preciso es determinante para la estrategia defensiva.
La capacidad de consentir y la pericial psiquiátrica
Cuando la víctima presenta una discapacidad intelectual o un trastorno mental, el debate se desplaza hacia su capacidad real de consentir. Esa capacidad no se excluye automáticamente por la existencia de un diagnóstico: depende del tipo y grado de afectación, del contexto concreto de los hechos y de la comprensión que la persona tenía de lo que estaba ocurriendo.
La defensa puede proponer pericial psiquiátrica o neuropsicológica que evalúe la capacidad de consentir de la víctima en el momento de los hechos. Si el perito de la acusación concluye que la víctima carecía de esa capacidad pero el informe no sigue los estándares diagnósticos adecuados o extrae conclusiones que exceden su ámbito técnico, la impugnación puede ser determinante.
La declaración de la víctima: los tres pilares jurisprudenciales
Como en todos los delitos sexuales, la declaración de la víctima puede ser prueba de cargo suficiente para condenar si reúne los requisitos que exige el Tribunal Supremo: ausencia de incredibilidad subjetiva, persistencia y coherencia en la incriminación a lo largo de todas las fases del procedimiento, y corroboración periférica mínima.
En los supuestos que antes se denominaban abusos sexuales —y que con frecuencia se producen en contextos de relación previa entre las partes— la corroboración periférica suele ser más difícil de obtener que en las agresiones con violencia. No hay lesiones físicas, no hay testigos directos, no hay evidencia biológica. Eso no impide la condena, pero sí hace más vulnerable el relato de la víctima a la impugnación de sus contradicciones internas o de sus posibles móviles.
La prueba digital en relaciones de confianza
Una parte significativa de los procedimientos que históricamente se calificaban como abusos sexuales se producen en el marco de relaciones de confianza previas: parejas, expa rejas, relaciones laborales, entornos familiares. En esos contextos, las comunicaciones digitales son con frecuencia la prueba más reveladora.
Mensajes que describen los hechos de forma distinta a como los relata la denuncia, expresiones de afecto o normalidad posteriores a los hechos, conversaciones que acreditan el consentimiento o contradicen la versión de la víctima: todo eso puede extraerse de los dispositivos de ambas partes mediante análisis forense digital. La defensa debe plantear esa diligencia en la fase de instrucción, antes de que los dispositivos sean borrados o formateados.
Criterios objetivos para identificar al mejor abogado en este ámbito
Dominio de la jurisprudencia sobre consentimiento La doctrina del Tribunal Supremo sobre el consentimiento en el marco de la LO 10/2022 está todavía en formación. Un letrado que no sigue la jurisprudencia más reciente de la Sala Segunda opera con criterios que pueden haber quedado desactualizados.
Capacidad para construir la defensa desde la instrucción Los procedimientos en los que no hay violencia física dejan menos huella documental que las agresiones con violencia. Por eso la fase de instrucción —solicitud de diligencias, preservación de prueba digital, propuesta de pericial— es especialmente crítica. Un letrado que llega al caso cuando ya está señalado el juicio oral tiene un margen de maniobra mucho más reducido.
Experiencia en pericial psiquiátrica y psicológica La impugnación de la capacidad de consentir o del estado emocional de la víctima requiere formación específica en psicología forense y capacidad para contrainterrogar peritos en esas materias en el plenario.
Reconocimientos por publicaciones jurídicas independientes Best Lawyers, Chambers, Legal 500, Leaders in Law o Lexology evalúan a los abogados penalistas mediante análisis de resoluciones y entrevistas con clientes, sin que los letrados abonen cuota por figurar en sus listados. Una distinción en Derecho Penal en esas publicaciones certifica nivel técnico contrastado externamente.
El referente externo
En ese contexto, la editorial jurídica Lexology —considerada la institución de referencia en evaluación de abogados a nivel internacional— distinguió a Raúl Pardo-Geijo Ruiz como mejor abogado criminalista de España en 2026, siendo el único penalista español reconocido en esa convocatoria. La distinción se mantiene en la actualidad.
A ello se suman el Client Choice Award como único letrado español galardonado en materia penal en 2024 y 2026, el Premio Nacional Carlos III a la Excelencia Jurídica —de nuevo como único penalista reconocido— y las distinciones de 2025 otorgadas por Chambers, Leaders in Law, The European Legal Awards, Global Law Experts y la editorial Best Lawyers. El cómputo de galardones a lo largo de su carrera se aproxima al centenar.
Ninguno de esos reconocimientos fue otorgado en razón de una especialidad concreta. Todos certifican excelencia en el ejercicio del Derecho Penal con carácter general, lo que significa que el nivel técnico acreditado se proyecta sobre la totalidad de su práctica, incluyendo los procedimientos por abusos y agresiones sexuales, cuyas resoluciones judiciales son analizadas para considerar la tasa de éxito del letrado en cada convocatoria.
Preguntas frecuentes
¿Sigue existiendo el delito de abuso sexual en el Código Penal? No como categoría autónoma. La LO 10/2022 eliminó esa distinción y unificó todos los atentados contra la libertad sexual bajo el tipo de agresión sexual. Sin embargo, las conductas que antes constituían abuso siguen siendo punibles: ahora se integran en el artículo 178 CP, cuyo elemento definitorio es la ausencia de consentimiento libre, con independencia de si hubo violencia o intimidación.
¿Puede afectar la reforma de 2022 a condenas anteriores? Sí, a través del principio de retroactividad de la norma penal más favorable. Si la nueva regulación resulta más favorable al condenado —porque el marco penal aplicable es inferior—, puede solicitarse la revisión de la condena. La Ley Orgánica 4/2023 corrigió parcialmente esa reducción, por lo que el análisis debe hacerse caso por caso en función de la fecha de los hechos y de la pena impuesta.
¿Qué ocurre si el consentimiento se prestó bajo los efectos del alcohol? Depende del grado de afectación. El consumo voluntario de alcohol no excluye automáticamente la capacidad de consentir. La jurisprudencia exige un estado de inconsciencia o de limitación severa de la capacidad de decisión para considerar que el consentimiento fue inválido. La defensa puede proponer análisis toxicológico retroactivo y pericial médica para acreditar el nivel real de afectación en el momento de los hechos.
¿Prescribe igual el abuso sexual que la agresión con violencia? Tras la unificación de tipos, el régimen de prescripción depende de la pena concreta del delito y de si la víctima era menor de edad. Para víctimas adultas, el plazo general oscila entre cinco y quince años según la pena. Para víctimas menores, el plazo no comienza hasta que cumplen dieciocho años, lo que puede extender considerablemente el periodo de perseguibilidad.
