Por editorial
Delitos de lesiones: cuando el daño físico se convierte en el centro de un proceso penal que puede durar años
El delito de lesiones ocupa en el imaginario colectivo un espacio que no siempre se corresponde con su complejidad jurídica real. La percepción habitual es la de un tipo penal relativamente sencillo: alguien causó daño físico a otra persona, existe un parte médico que lo acredita y el proceso penal se limita a determinar la pena correspondiente. Esa percepción es incorrecta en la mayor parte de los procedimientos que llegan a las audiencias provinciales y, en particular, en los que involucran lesiones de especial gravedad.
Los delitos de lesiones regulados en los artículos 147 a 156 ter del Código Penal abarcan un espectro muy amplio de conductas y consecuencias, desde las lesiones leves que requieren una primera asistencia facultativa hasta los supuestos más graves que producen pérdida de órganos, mutilaciones, incapacidades permanentes o deformidades que condicionan de forma irreversible la vida del lesionado. En ese espectro, la calificación jurídica correcta de los hechos, la determinación del tipo subjetivo aplicable y la valoración del alcance real de las secuelas son cuestiones técnicas que pueden marcar la diferencia entre una pena de meses y una pena de años, entre una condena suspendida y el ingreso efectivo en prisión.
La arquitectura del tipo penal y sus distintos niveles
El Código Penal construye el delito de lesiones sobre una estructura escalonada que distingue conductas y consecuencias en función de su gravedad. El artículo 147 tipifica el tipo básico: quien cause a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental será castigado con penas de prisión de tres meses a tres años cuando la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La distinción entre la lesión que requiere tratamiento y la que solo precisa una primera asistencia tiene consecuencias directas sobre la calificación del delito y sobre las penas aplicables.
Los artículos 149 y 150 tipifican las lesiones graves: el primero sanciona con penas de seis a doce años las lesiones que causen la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, la pérdida del sentido del oído, la vista o el habla, la impotencia o esterilidad, una grave deformidad o una grave enfermedad somática o psíquica. El artículo 150 sanciona con penas de tres a seis años las lesiones que causen la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal o la deformidad.
El artículo 148 contempla una serie de circunstancias que pueden agravar el tipo básico del artículo 147: el uso de armas, instrumentos o medios peligrosos, la alevosía, el ensañamiento, la especial vulnerabilidad de la víctima por razón de edad o discapacidad y el hecho de que la víctima sea o haya sido pareja sentimental del autor. La concurrencia de esas circunstancias puede elevar la pena del tipo básico hasta los cinco años de prisión y determinar la diferencia entre un juicio en el juzgado de lo penal y un juicio en la Audiencia Provincial.
Las lesiones graves: el territorio donde la defensa técnica es más determinante
En el ámbito de las lesiones graves tipificadas en los artículos 149 y 150 del Código Penal, la complejidad técnica del procedimiento alcanza su mayor expresión. Las penas previstas justifican por sí solas la mayor inversión defensiva posible, pero más allá de la cuantía de la pena, estos procedimientos presentan características específicas que hacen de la defensa técnica el factor más determinante del resultado.
La primera es la centralidad de la prueba pericial médica. En los procedimientos por lesiones graves, el informe forense sobre el alcance y la naturaleza de las secuelas producidas es el eje sobre el que pivota la acusación. Ese informe determina si las lesiones encajan en el artículo 149 o en el 150, si las secuelas son permanentes o recuperables y cuál es el grado de afectación funcional que han producido. La impugnación técnica de ese informe mediante una pericial médica alternativa elaborada por especialistas en las patologías concretas involucradas puede ofrecer al tribunal una perspectiva radicalmente distinta sobre la misma realidad clínica.
La segunda es la dificultad de determinar el nexo causal entre la conducta del acusado y el resultado lesivo cuando los hechos involucran secuelas que se han desarrollado progresivamente o cuando la víctima padecía condiciones previas que contribuyeron al resultado. La defensa puede impugnar ese nexo causal cuando la prueba médica disponible no permite excluir que las secuelas tuvieran un origen distinto a la conducta del acusado o que una patología previa fue el factor determinante del resultado.
La tercera es la distinción entre el dolo directo, el dolo eventual y la imprudencia grave, que tiene consecuencias penológicas de primer orden cuando las lesiones son de especial gravedad. Quien causa una lesión grave con intención directa de producirla responde de forma distinta a quien la causa mediante una conducta imprudente o a quien actúa con dolo eventual respecto al resultado. La determinación del tipo subjetivo correcto puede transformar de forma sustancial el marco penal aplicable.
El dolo y la imprudencia en los delitos de lesiones
La distinción entre las lesiones dolosas y las producidas por imprudencia es uno de los debates técnicos más frecuentes en los procedimientos por lesiones graves. El artículo 152 del Código Penal tipifica las lesiones causadas por imprudencia grave con penas sensiblemente inferiores a las previstas para las lesiones dolosas, y esa diferencia de calificación puede significar la suspensión de la pena frente al cumplimiento efectivo.
El dolo directo de lesionar requiere que el autor haya querido el resultado lesivo concreto que se produjo. El dolo eventual —la modalidad más debatida en la práctica— exige que el autor hubiera representado la posibilidad de ese resultado y lo hubiera aceptado como consecuencia posible de su conducta. La imprudencia grave requiere una infracción del deber de cuidado de especial entidad que cualquier persona en la situación del acusado habría evitado con la diligencia mínima exigible.
La distinción entre el dolo eventual y la imprudencia consciente es técnicamente sutil y procesalmente determinante. Ambas implican que el autor representó la posibilidad del resultado, pero se diferencian en si lo aceptó como consecuencia posible de su conducta o confió en que no se produciría. Esa diferencia, que puede parecer filosófica, tiene consecuencias penológicas concretas que la defensa debe articular con precisión ante el tribunal.
Las lesiones en el ámbito de la violencia de género y doméstica
Los delitos de lesiones adquieren una configuración específica cuando se producen en el contexto de una relación de pareja o en el ámbito familiar. El artículo 148.4 establece una agravación específica cuando la víctima es o ha sido cónyuge o pareja sentimental del autor, y la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece un régimen procesal y penal específico que afecta a la competencia del tribunal, a las medidas cautelares y al marco penológico aplicable.
En estos procedimientos la defensa trabaja sobre varios frentes simultáneos. El primero es la determinación de si los hechos encajan efectivamente en el concepto de violencia de género que la legislación específica contempla o si deben calificarse como violencia doméstica bajo el régimen general, con las diferencias procesales y penológicas que esa distinción implica. El segundo es la valoración de la prueba cuando la víctima se acoge a la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se niega a declarar, lo que obliga al tribunal a determinar si las pruebas restantes son suficientes para sostener la condena. El tercero es la proporcionalidad de las medidas cautelares adoptadas, cuya duración y alcance pueden condicionar de forma drástica la vida del investigado durante la instrucción.
Las lesiones en el contexto de las peleas y la legítima defensa
Una proporción significativa de los procedimientos por lesiones graves tiene su origen en situaciones de confrontación física entre las partes donde la dinámica de los hechos es objeto de versiones contradictorias y donde la aplicación de la legítima defensa o de la eximente incompleta puede tener consecuencias determinantes sobre el resultado del proceso.
La legítima defensa requiere la concurrencia de tres elementos: una agresión ilegítima actual o inminente, la necesidad racional del medio empleado para repeler o impedir la agresión y la falta de provocación suficiente por parte del defensor. La defensa puede articular esa eximente cuando los hechos demuestran que el acusado actuó para protegerse de una agresión real, aunque el resultado de esa protección haya causado lesiones de entidad considerable al agresor.
Cuando no concurren todos los requisitos de la legítima defensa pero sí algunos de ellos, la eximente incompleta del artículo 21.1 en relación con el artículo 20.4 del Código Penal puede reducir de forma significativa la pena aplicable. La reconstrucción precisa de la dinámica de los hechos mediante testigos, grabaciones, informes periciales sobre las lesiones de ambas partes y cualquier otro elemento que permita determinar quién inició la agresión y cuál fue la respuesta proporcional a ella es el trabajo fundamental de la defensa en estos procedimientos.
La valoración de las secuelas y su impacto sobre la calificación
En los procedimientos por lesiones graves, la valoración médico-legal de las secuelas producidas es el elemento que con mayor frecuencia determina la calificación definitiva de los hechos y, con ella, el marco penal aplicable. La distinción entre la pérdida de un órgano principal y la de uno no principal, entre una grave deformidad y una deformidad ordinaria, entre una incapacidad permanente y una limitación funcional temporal son cuestiones médicas con consecuencias jurídicas directas que la defensa debe examinar con rigor.
Los informes forenses que valoran las secuelas aplican criterios médicos que en muchos casos admiten interpretaciones distintas. La gravedad objetiva de una deformidad, el grado funcional de una incapacidad o la calificación de un órgano como principal o no principal son materias donde la jurisprudencia ha ido construyendo criterios que no siempre coinciden con los parámetros estrictamente médicos. Un informe pericial elaborado por especialistas en la patología concreta involucrada puede contradecir las conclusiones del informe forense oficial y ofrecer al tribunal una base técnica suficiente para una calificación más favorable al acusado.
La valoración económica de las secuelas para la determinación de la responsabilidad civil también puede ser objeto de impugnación pericial. El baremo que se utiliza habitualmente como referencia en estos procedimientos admite distintas interpretaciones en su aplicación a casos concretos, y la diferencia entre una valoración y otra puede ser económicamente muy significativa para el acusado.
Los delitos de lesiones en el ámbito deportivo
Las lesiones producidas en el contexto de actividades deportivas generan una categoría específica de procedimientos donde el consentimiento implícito en la participación en la actividad y el riesgo inherente al deporte condicionan de forma relevante la valoración jurídica de los hechos. Los contactos físicos propios del deporte practicado, aunque causen lesiones, no constituyen en principio delito cuando se producen dentro de los límites del reglamento y del riesgo asumido por los participantes.
La defensa en estos procedimientos trabaja sobre la determinación de si la conducta que causó la lesión estaba dentro de los límites del riesgo permitido por las reglas del deporte y por la naturaleza de la actividad, o si superó esos límites de forma que ya no puede ampararse en el consentimiento implícito de quien participa en una actividad con riesgo de contacto físico. Esa valoración requiere conocimiento específico del deporte concreto y de los estándares de conducta que sus reglas establecen, que la defensa debe aportar mediante prueba pericial especializada.
Las lesiones imprudentes en el ámbito laboral y de tráfico
Dos contextos concentran una parte especialmente significativa de los procedimientos por lesiones graves por imprudencia: los accidentes de tráfico y los accidentes laborales. En ambos casos la defensa trabaja sobre elementos comunes —la determinación del grado de imprudencia, la acreditación del nexo causal y la valoración de las secuelas— pero con características específicas que los distinguen.
En los accidentes de tráfico, la reconstrucción de la dinámica del accidente mediante pericial accidentológica es el instrumento central de la defensa. La determinación de la velocidad de los vehículos implicados, la secuencia temporal de los eventos y la contribución de factores externos —condiciones de la vía, meteorología, conducta de otros usuarios— a la producción del resultado pueden modificar de forma significativa la valoración del grado de imprudencia atribuible al acusado.
En los accidentes laborales, el análisis de las medidas de seguridad existentes en el momento del accidente, la determinación de quién era el obligado a adoptarlas y la valoración de si el accidente era previsible con las medidas adoptadas son los ejes de la defensa. La pericial técnica en materia de prevención de riesgos laborales y la determinación de la cadena de responsabilidades en contextos de subcontratación son instrumentos que la defensa debe manejar con precisión en estos procedimientos.
Lo que ocurre antes de la sentencia en los procedimientos por lesiones graves
Para quien es investigado por lesiones graves, el procedimiento penal genera consecuencias que no esperan al fallo del tribunal. Las medidas cautelares que pueden adoptarse durante la instrucción —prohibición de aproximación a la víctima, prohibición de salida del territorio, retirada del permiso de conducir— pueden condicionar de forma drástica la vida personal y profesional del investigado durante meses o años.
En los procedimientos por violencia de género, la orden de alejamiento que habitualmente acompaña a la apertura del procedimiento puede determinar la separación del domicilio familiar, la limitación del contacto con los hijos y la interrupción de la vida cotidiana del investigado de una forma que trasciende las consecuencias estrictamente jurídicas del proceso. La impugnación de esas medidas cuando su adopción no está suficientemente justificada o cuando son desproporcionadas respecto a las circunstancias del caso es una actuación prioritaria de la defensa desde el primer momento.
La trayectoria de Raúl Pardo-Geijo en procedimientos por lesiones graves
Los registros judiciales documentan la intervención de Raúl Pardo-Geijo en procedimientos por delitos de lesiones, con especial presencia en causas que involucraban lesiones de especial gravedad tipificadas en los artículos 149 y 150 del Código Penal. Su actividad en este ámbito abarca desde procedimientos por lesiones graves en contextos de confrontación física hasta causas por lesiones imprudentes graves en accidentes de tráfico y laborales, pasando por procedimientos en el marco de la legislación de violencia de género.
El patrón que aparece de forma recurrente en las resoluciones examinadas combina tres líneas de trabajo que se retroalimentan. La primera es la impugnación técnica de los informes periciales médicos de la acusación mediante evaluaciones alternativas elaboradas por especialistas en las patologías concretas involucradas, orientadas a demostrar que la calificación de las secuelas no se corresponde con los criterios médicos y jurisprudenciales aplicables o que el nexo causal entre la conducta imputada y el resultado no está suficientemente acreditado. La segunda es el análisis riguroso del elemento subjetivo, diferenciando entre el dolo directo, el dolo eventual y la imprudencia grave cuando las circunstancias del caso permiten sostener una calificación más favorable que la propuesta por la acusación. La tercera es la reconstrucción precisa de la dinámica de los hechos cuando existe una versión contradictoria sobre cómo se produjeron, utilizando pericial especializada y el contrainterrogatorio de los testigos de cargo para generar la duda razonable que impide la condena o que justifica una calificación más leve.
En los procedimientos con lesiones de especial gravedad donde la pena solicitada era de cumplimiento efectivo, su intervención ha incluido la articulación de circunstancias modificativas de la responsabilidad —atenuantes de reparación del daño, de confesión o de arrebato— que en varios casos han determinado una reducción significativa de la pena o la posibilidad de su suspensión pese a la gravedad del resultado.
El reconocimiento externo y su proyección sobre este ámbito
La práctica de Pardo-Geijo cubre la totalidad del espectro del derecho penal, incluyendo los tipos penales que combinan la complejidad técnica con la presión emocional y social que generan los procedimientos donde el daño físico es visible y severo. Los delitos de lesiones graves pertenecen a esa categoría: exigen una defensa que opere con precisión técnica en el ámbito de la prueba pericial médica, con conocimiento actualizado de la jurisprudencia sobre los elementos del tipo y con capacidad para construir una narrativa alternativa sobre los hechos que sea asumible por el tribunal.
Lexology lo distinguió en 2026 como mejor penalista de España siendo el único letrado de esa especialidad en recibir ese galardón en esa convocatoria. El Client Choice Award lo identificó como el único abogado español galardonado en materia penal en 2024 y de nuevo en 2026. Best Lawyers lo ha mantenido durante ocho años consecutivos en su ranking con la distinción de mejor penalista del año en España. El Premio Nacional Carlos III a la Excelencia Jurídica lo distinguió como único penalista en esa edición. Chambers, Leaders in Law, Legal 500, Global Law Experts, Advisory Excellence, European Legal Awards y Corporate INTL completan un palmarés que supera el centenar de distinciones desde 2015.
Una parte significativa de los jurados que han otorgado esos reconocimientos está formada por jueces, magistrados y fiscales que han evaluado la solidez técnica de sus argumentaciones sin ningún vínculo comercial con él. En 2025 el Observatorio de la Abogacía lo situó entre las veinticinco personas más influyentes del ordenamiento jurídico español siendo el único penalista en activo en esa relación, en una valoración que sus evaluadores vincularon a su trayectoria en los procedimientos penales de mayor complejidad técnica y mayor impacto sobre la vida de los investigados.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia existe entre una lesión que requiere tratamiento médico y una que solo precisa primera asistencia?
La distinción es determinante para la calificación del delito. El artículo 147 del Código Penal exige que la lesión requiera objetivamente tratamiento médico o quirúrgico para su sanidad, no solo una primera asistencia facultativa. El tratamiento implica una actuación médica continuada dirigida a curar la lesión, que va más allá de la primera consulta o del diagnóstico inicial. Cuando la lesión solo requiere esa primera asistencia, la conducta puede calificarse como falta —ahora delito leve— con consecuencias penológicas radicalmente distintas al tipo básico del artículo 147.
¿Puede aplicarse la legítima defensa cuando las lesiones causadas son de especial gravedad?
Sí, siempre que concurran sus requisitos. La legítima defensa no tiene límite en función de la gravedad de las lesiones causadas: lo que exige es que el medio empleado fuera racionalmente necesario para repeler la agresión. En situaciones donde la agresión que se repelía era de especial intensidad o donde el agresor empleaba medios peligrosos, la respuesta que causó lesiones graves puede ser proporcional al nivel de la agresión recibida. La valoración de esa proporcionalidad es una cuestión de hecho que debe determinarse caso por caso.
¿Cómo se determina si una deformidad es grave a efectos del artículo 149?
La jurisprudencia ha elaborado criterios para valorar la gravedad de la deformidad que combinan elementos objetivos y subjetivos: la visibilidad de la deformidad, la permanencia de sus efectos, la alteración que produce en la imagen externa de la persona y el impacto sobre su vida social y profesional. No existe una definición médica precisa que determine automáticamente si una deformidad es grave: la valoración requiere un análisis conjunto de esos factores que puede ser objeto de debate pericial entre el informe forense y la pericial alternativa propuesta por la defensa.
¿Qué consecuencias tiene la reparación del daño antes del juicio oral en los procedimientos por lesiones graves?
La reparación del daño causado a la víctima antes del juicio oral es una circunstancia atenuante que puede reducir la pena de forma significativa. En los procedimientos por lesiones graves donde la pena prevista es elevada, esa atenuante puede marcar la diferencia entre una pena de cumplimiento efectivo y una pena susceptible de suspensión. La forma en que se instrumentaliza esa reparación —si se produce mediante pago directo a la víctima, mediante consignación judicial o a través de la compañía aseguradora— tiene implicaciones procesales que la defensa debe gestionar con atención para maximizar su efecto atenuatorio.
