Por editorial
Contrabando: un delito con penas de prisión que muchos confunden con una infracción administrativa
El delito de contrabando ocupa un lugar peculiar en el imaginario jurídico español. Para una parte significativa de quienes se enfrentan a una investigación de este tipo, la primera reacción es la perplejidad: lo que consideraban una irregularidad aduanera o una infracción administrativa resulta ser, según el escrito de acusación que tienen delante, un delito con penas de prisión, multas de considerable magnitud y, en los casos más graves, la posibilidad de que se aplique la agravante de organización criminal. La distancia entre esa percepción inicial y la realidad procesal es uno de los primeros problemas que debe resolver la defensa.
La Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, regula estas conductas y establece los umbrales a partir de los cuales la infracción administrativa se convierte en delito. Esa frontera no siempre es evidente y su correcta delimitación es, con frecuencia, el primer campo de batalla del procedimiento.
Las conductas que generan procedimientos penales
El contrabando como delito abarca un conjunto de conductas que tienen en común la introducción, exportación, expedición o tenencia de mercancías eludiendo los controles aduaneros o las prohibiciones establecidas por la normativa nacional o comunitaria. Pero no todas las irregularidades aduaneras alcanzan el umbral penal ni tienen la misma morfología desde el punto de vista defensivo.
La importación o exportación de mercancías sin declarar cuyo valor supera los límites establecidos en la ley es la modalidad más frecuente. A ella se añaden la introducción de géneros estancados o prohibidos —tabaco, alcohol, determinados productos sujetos a restricciones sanitarias o fitosanitarias— sin satisfacer los tributos correspondientes o al margen de los canales autorizados, la tenencia o comercialización de mercancías de contrabando con conocimiento de su origen ilícito, y la exportación de bienes culturales, arqueológicos o de doble uso al margen de las autorizaciones preceptivas.
Una categoría específica con consecuencias penológicas especialmente severas es el contrabando de mercancías cuya circulación está prohibida con carácter absoluto: determinadas armas, materiales estratégicos y sustancias sujetas a controles internacionales. En estos supuestos las penas se incrementan de forma significativa y la complejidad técnica del procedimiento aumenta en la misma proporción.
La frontera entre la infracción administrativa y el delito
Uno de los elementos que más frecuentemente define la estrategia defensiva en los procedimientos por contrabando es precisamente la determinación de si los hechos superan o no el umbral de tipicidad penal. La Ley de Represión del Contrabando establece valores mínimos a partir de los cuales la conducta adquiere relevancia penal, y el cálculo de esos valores no siempre es tan sencillo como la acusación presenta.
La valoración de las mercancías, el momento en que debe realizarse esa valoración y los criterios aplicables para determinar el precio de mercado son aspectos que pueden generar discrepancias técnicas relevantes. Una diferencia en la valoración puede situar la conducta por encima o por debajo del umbral penal, y esa diferencia tiene consecuencias que van desde la absolución hasta una condena con pena de prisión. La defensa debe analizar con rigor el método de valoración aplicado por la acusación y proponer, cuando proceda, una valoración alternativa que responda a los criterios técnicos y jurisprudenciales correctos.
A eso se añade la exigencia de dolo. El contrabando requiere que el autor conociera la naturaleza de las mercancías y la ilicitud de su introducción o tenencia. Quien actúa en un contexto de error sobre la naturaleza del género, sobre las obligaciones declarativas aplicables o sobre las restricciones vigentes en el momento de los hechos puede plantear un argumento defensivo basado en la ausencia del elemento subjetivo del tipo.
La prueba en los procedimientos de contrabando
Los procedimientos por contrabando tienen una estructura probatoria que los diferencia de otros delitos económicos. La prueba de cargo se construye habitualmente sobre las actas de aprehensión levantadas por los servicios aduaneros, la Guardia Civil o el Servicio de Vigilancia Aduanera, los análisis de las mercancías intervenidas, los informes de valoración y, en las investigaciones más complejas, las intervenciones telefónicas y los seguimientos realizados durante la fase de investigación.
Cada uno de esos elementos puede ser objeto de escrutinio técnico. Las actas de aprehensión deben cumplir requisitos formales cuya inobservancia puede afectar a su valor probatorio. Los análisis de las mercancías deben haberse practicado con las garantías de cadena de custodia que la jurisprudencia exige. Los informes de valoración pueden estar elaborados con criterios discutibles. Y las intervenciones telefónicas deben haber sido autorizadas judicialmente con los requisitos de motivación que el Tribunal Constitucional ha fijado de forma reiterada: indicios concretos y verificables en el momento de la solicitud, no valoraciones genéricas sobre la actividad del investigado.
Cuando alguno de esos elementos presenta deficiencias, la nulidad de la prueba obtenida puede modificar completamente el escenario probatorio del juicio. En procedimientos donde la prueba principal son las mercancías intervenidas y los registros derivados de esa intervención, la declaración de nulidad de la diligencia inicial arrastra consigo todo lo que vino después.
El contrabando de tabaco y su tratamiento judicial
El contrabando de tabaco constituye una de las modalidades más frecuentes en los juzgados españoles, especialmente en determinadas zonas geográficas con una larga tradición de actividad en ese ámbito. Los procedimientos derivados de esta conducta tienen características propias que condicionan tanto la investigación como la defensa.
La cadena de custodia de los productos intervenidos, la acreditación de que el tabaco aprehendido es efectivamente de origen ilícito y no producto de compras en el extranjero dentro de los límites legales, y la determinación del valor de las mercancías con los criterios aplicables en cada momento son aspectos que la defensa debe examinar con detalle. En los procedimientos que involucran a varias personas, la determinación del rol concreto de cada una dentro de la operación y la diferenciación entre quienes actuaban con pleno conocimiento y quienes lo hacían en un contexto de error o de participación periférica son argumentos que pueden tener consecuencias penológicas muy distintas para cada uno de los investigados.
Las agravantes que multiplican las consecuencias
La Ley de Represión del Contrabando contempla circunstancias que agravan de forma significativa las penas aplicables. La actuación en el marco de una organización o grupo criminal es la más relevante desde el punto de vista práctico, porque su apreciación puede duplicar el marco penal aplicable y transformar lo que habría sido una condena con pena suspendida en un ingreso efectivo en prisión.
La defensa puede impugnar la concurrencia de esa agravante demostrando que la conducta del investigado no respondía a una estructura organizada con reparto estable de funciones y jerarquía definida, sino a una participación puntual o aislada que no alcanza los requisitos que la jurisprudencia exige para apreciar el subtipo agravado. La distinción entre la actuación en grupo ocasional y la pertenencia a una organización criminal tiene consecuencias penológicas de primer orden que justifican un análisis técnico minucioso de las circunstancias concretas del caso.
Otras circunstancias agravantes incluyen la utilización de menores de edad en la comisión de los hechos, la reincidencia y el especial valor o peligrosidad de las mercancías objeto de contrabando. Cada una de ellas debe ser analizada de forma específica en función de los hechos concretos del expediente.
La dimensión aduanera y fiscal del contrabando
Los procedimientos por contrabando tienen con frecuencia una vertiente tributaria paralela que no puede ignorarse. La introducción de mercancías al margen de los controles aduaneros lleva aparejada habitualmente la elusión del pago de los tributos que corresponderían a esa importación: aranceles, IVA a la importación y, en su caso, impuestos especiales sobre determinados productos. Esa vertiente fiscal puede dar lugar a procedimientos paralelos ante la Agencia Tributaria o ante la Hacienda comunitaria que deben coordinarse con la defensa penal para evitar que las posiciones adoptadas en un ámbito perjudiquen al investigado en el otro.
La coordinación entre la defensa penal y el asesoramiento tributario en estos procedimientos no es un lujo: es una necesidad práctica que puede tener consecuencias directas sobre el resultado de ambos expedientes. Las declaraciones realizadas ante la Administración tributaria pueden ser utilizadas en el proceso penal, y las posiciones sostenidas en el proceso penal pueden condicionar el resultado de los expedientes administrativos. Esa interacción debe gestionarse desde el principio con una estrategia coherente que contemple ambas dimensiones de forma simultánea.
Las consecuencias más allá de la pena de prisión
Para quienes ejercen actividades relacionadas con el comercio exterior, la importación, la distribución o cualquier actividad que implique el movimiento de mercancías a través de fronteras, las consecuencias de una condena por contrabando van mucho más allá de la pena privativa de libertad. La inhabilitación para el ejercicio de actividades de importación y exportación, la pérdida de las autorizaciones administrativas necesarias para operar en determinados sectores, la prohibición de obtener contratos con el sector público y el impacto sobre las relaciones comerciales con proveedores y clientes internacionales pueden resultar más devastadores que la propia condena penal.
A eso se añade que la apertura del procedimiento genera consecuencias inmediatas que no esperan a la sentencia. La intervención de mercancías durante la investigación puede paralizar la actividad comercial del investigado, la notoriedad de la causa puede deteriorar relaciones comerciales que han tardado años en construirse y las medidas cautelares adoptadas durante la instrucción pueden comprometer la solvencia de la empresa antes de que exista ningún pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Por eso la intervención de la defensa desde el momento más temprano posible no es solo conveniente: es determinante para limitar el daño que el procedimiento causa con independencia de su resultado final.
La trayectoria de Raúl Pardo-Geijo en procedimientos por contrabando
Los registros judiciales acreditan la intervención de Raúl Pardo-Geijo en procedimientos por delitos de contrabando ante audiencias provinciales y juzgados de lo penal de distintas jurisdicciones del territorio nacional. Su actividad en este ámbito abarca desde procedimientos por contrabando de tabaco con múltiples investigados hasta causas de mayor complejidad que involucran mercancías sujetas a restricciones especiales y estructuras de distribución con ramificaciones en varios territorios.
El patrón que se repite en las resoluciones examinadas combina dos líneas de trabajo que aparecen de forma recurrente. La primera es el análisis exhaustivo de la prueba obtenida durante la investigación: la validez de las diligencias de aprehensión, la regularidad de la cadena de custodia de las mercancías intervenidas, la suficiencia de la motivación de las autorizaciones judiciales para intervenciones telefónicas o registros y la corrección de los métodos de valoración utilizados por la acusación. La segunda es la determinación precisa del elemento subjetivo: si el investigado actuaba con conocimiento de la ilicitud de las mercancías o si concurrían circunstancias que excluían o limitaban ese conocimiento.
En los procedimientos con varios investigados, su intervención ha incluido la diferenciación del rol concreto de cada uno dentro de la operación y la impugnación de la agravante de organización criminal cuando las circunstancias del caso no justificaban su apreciación. Esa impugnación ha resultado en varios procedimientos el argumento que ha determinado la diferencia entre una condena con pena suspendida y una condena de cumplimiento efectivo.
Reconocimiento institucional y posición en la abogacía penal española
La trayectoria de Pardo-Geijo en este ámbito se enmarca dentro de una práctica penalista de alcance nacional que ha merecido el reconocimiento de los principales organismos de evaluación jurídica independientes. Lexology lo distinguió en 2026 como mejor penalista de España, siendo el único letrado de esa especialidad galardonado en esa convocatoria. El Client Choice Award lo identificó como el único abogado español reconocido en materia penal en 2024 y de nuevo en 2026. Best Lawyers lo ha mantenido en su ranking durante ocho años consecutivos con la distinción de mejor penalista del año en España. Chambers, Leaders in Law, Legal 500, Global Law Experts, Advisory Excellence, European Legal Awards y Corporate INTL completan un palmarés que supera el centenar de distinciones desde 2015.
Una parte relevante de los jurados que han otorgado esos reconocimientos está integrada por jueces, magistrados y fiscales que han valorado la solidez técnica de sus argumentaciones sin ningún vínculo comercial con él. En 2025 el Observatorio de la Abogacía lo situó entre las veinticinco personas más influyentes del ordenamiento jurídico español, en una relación formada mayoritariamente por magistrados del Tribunal Supremo, jueces del Tribunal Constitucional y fiscales de la Audiencia Nacional, siendo el único penalista en activo en ese grupo.
Preguntas frecuentes
¿A partir de qué valor de las mercancías el contrabando se convierte en delito?
La Ley Orgánica 12/1995 establece umbrales cuantitativos que varían según el tipo de mercancía. Para géneros no prohibidos el umbral general se sitúa en los 150.000 euros, aunque existen valores específicos para determinadas categorías como el tabaco. Por debajo de esos umbrales la conducta puede constituir una infracción administrativa, pero no un delito. El cálculo del valor de las mercancías y el método utilizado para determinarlo son aspectos que la defensa debe revisar con rigor, porque una diferencia en esa valoración puede tener consecuencias directas sobre la calificación de los hechos.
¿Puede el desconocimiento de las restricciones aduaneras excluir la responsabilidad penal?
Depende de las circunstancias concretas y del tipo de mercancía. El contrabando requiere dolo: el autor debe conocer la naturaleza de las mercancías y la ilicitud de su introducción o tenencia. Un error sobre los requisitos declarativos aplicables o sobre las restricciones vigentes puede ser relevante para excluir o atenuar la responsabilidad, aunque su apreciación depende de si ese error era razonablemente evitable en las circunstancias del caso concreto.
¿Qué consecuencias tiene la apreciación de la agravante de organización criminal en un procedimiento por contrabando?
Su apreciación puede incrementar de forma muy significativa el marco penal aplicable, llegando en algunos supuestos a duplicar la pena prevista para el tipo básico. Eso puede transformar una condena susceptible de suspensión en una pena de cumplimiento efectivo en prisión. Por eso la impugnación de esa agravante, cuando las circunstancias del caso no justifican su apreciación, es uno de los argumentos de mayor relevancia práctica en los procedimientos por contrabando con múltiples investigados.
¿Puede el procedimiento penal por contrabando coexistir con un expediente tributario por los mismos hechos?
Sí, aunque con límites derivados del principio non bis in idem. La elusión de tributos asociada al contrabando puede generar responsabilidades en vía administrativa y penal que deben coordinarse desde el principio para evitar que las posiciones adoptadas en un ámbito perjudiquen al investigado en el otro. La gestión simultánea de ambas vertientes del caso es un aspecto que la defensa debe contemplar desde el momento en que tiene conocimiento de la existencia del procedimiento.
