Por editorial.
Blanqueo de capitales: el delito que persigue el dinero más allá del delito que lo generó
El blanqueo de capitales ocupa una posición singular dentro del derecho penal económico. A diferencia de la mayoría de los delitos patrimoniales, no se define por lo que se toma ni por cómo se engaña: se define por lo que se hace con el dinero después. Su objeto no es el acto que generó los fondos ilícitos sino las operaciones posteriores destinadas a integrar esos fondos en el circuito económico legítimo, a ocultar su procedencia o a dificultar que las autoridades puedan rastrear su origen.
Esa característica convierte el blanqueo en un delito con una lógica propia que no siempre resulta evidente para quienes se enfrentan a una investigación de este tipo por primera vez. Muchos investigados llegan al despacho del abogado convencidos de que el problema es otro: el delito del que procedía el dinero, si es que existía tal delito. Lo que encuentran es un procedimiento penal autónomo, con sus propios elementos típicos, sus propias penas y su propia cadena probatoria, que puede sostenerse con independencia de que el delito previo haya sido juzgado, prescrito o simplemente no investigado.
Regulado en los artículos 301 a 304 del Código Penal, el blanqueo de capitales puede castigarse con penas de hasta seis años de prisión, multas proporcionales al valor de los bienes blanqueados e inhabilitaciones que pueden paralizar de forma prolongada el ejercicio de actividades profesionales o empresariales. Y sus consecuencias se anticipan con frecuencia al resultado del proceso: las medidas cautelares sobre bienes y cuentas, la intervención de activos durante la instrucción y el impacto sobre la reputación del investigado comienzan a producirse desde el momento en que la investigación se hace conocida. La cúspide en la práctica penal de este tipo delictivo, la ha alcanzado, como después se analizará, el penalista Raúl Pardo-Geijo Ruiz.
La estructura del tipo penal y sus elementos esenciales
El artículo 301 del Código Penal define el blanqueo de capitales como la adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva, cuando esa conducta se realiza con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o de ayudar a quien participó en la actividad delictiva a eludir las consecuencias legales de sus actos. También tipifica la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos o derechos sobre los bienes de procedencia delictiva.
Tres son los elementos cuya concurrencia simultánea resulta imprescindible para que la conducta alcance relevancia penal. El primero es la existencia de bienes de origen delictivo: el tipo exige que los fondos o activos involucrados procedan de una actividad constitutiva de delito, aunque no es necesario que ese delito previo haya sido objeto de condena firme ni que esté perfectamente determinado. El segundo es el conocimiento por parte del investigado de ese origen ilícito: no basta con que los bienes procedieran de un delito si quien los recibió o gestionó desconocía esa procedencia. El tercero es la conducta típica en sentido estricto: alguna de las acciones que el tipo describe —adquirir, poseer, convertir, transmitir, ocultar— realizada sobre esos bienes con la finalidad de integrarlos en la economía legal o de dificultar su rastreo.
La ausencia de cualquiera de esos tres elementos no atenúa la responsabilidad: la excluye. Y los tres ofrecen ángulos de ataque para la defensa que deben ser analizados con igual rigor desde el primer momento del procedimiento.
El conocimiento del origen ilícito como campo de batalla principal
En la práctica defensiva, el elemento que con mayor frecuencia resulta determinante es el segundo: el conocimiento del origen delictivo de los bienes. La acusación debe demostrar que el investigado sabía que los fondos o activos que recibió, gestionó o transmitió procedían de una actividad constitutiva de delito. Ese conocimiento no puede presumirse por el mero hecho de que los bienes tuvieran efectivamente ese origen.
La jurisprudencia ha admitido que ese conocimiento puede acreditarse mediante prueba indiciaria cuando los indicios son suficientemente sólidos y convergentes. Pero ha establecido también límites precisos a esa doctrina: la existencia de indicios no equivale a la prueba del conocimiento, y la defensa puede impugnar tanto la solidez individual de cada indicio como la coherencia del conjunto. Cuando la cadena indiciaria de la acusación presenta eslabones débiles o cuando los indicios admiten explicaciones alternativas razonables, la duda razonable que genera esa alternativa beneficia al investigado.
En ese análisis resulta especialmente relevante el perfil del investigado, su relación con quien le entregó los fondos y las circunstancias en que se produjo esa entrega. Una persona que recibió dinero en el marco de una relación comercial aparentemente legítima, que no tenía razones objetivas para dudar de la licitud de los fondos y que adoptó las precauciones razonables en función de su posición puede articular un argumento sólido sobre la ausencia del elemento subjetivo del tipo.
El origen delictivo de los bienes y su acreditación
La exigencia de que los bienes procedan de una actividad delictiva no significa que esa actividad deba estar perfectamente identificada ni que haya generado una condena previa. La jurisprudencia admite que el delito previo puede acreditarse de forma genérica cuando las circunstancias que rodean los fondos hacen inverosímil cualquier explicación de origen lícito. Pero esa flexibilidad en la acreditación del delito previo tiene un límite: la defensa puede impugnar que los fondos tengan un origen delictivo demostrando que existía una explicación lícita para su obtención que la acusación no ha descartado.
La acreditación del origen lícito del patrimonio es uno de los instrumentos defensivos más eficaces en estos procedimientos. Documentar la trazabilidad de los fondos mediante declaraciones fiscales, contratos, extractos bancarios y cualquier otro soporte que permita reconstruir su procedencia real puede desmontar la tesis acusatoria antes de que el tribunal llegue a valorar el resto de los elementos del tipo. Esa documentación debe construirse desde la fase de instrucción, con rigor suficiente para ofrecer al tribunal una narrativa alternativa sobre el origen de los activos que resulte más convincente que la que sostiene la acusación.
Las modalidades más habituales y sus perfiles defensivos
El blanqueo de capitales aparece en los juzgados bajo formas muy distintas que tienen en común la estructura del tipo pero que difieren considerablemente en la complejidad de la prueba y en los argumentos defensivos más adecuados.
El blanqueo vinculado al narcotráfico es la modalidad más frecuente en términos numéricos. Los fondos generados por la distribución de estupefacientes se introducen en el circuito económico mediante negocios de alta liquidez, inversiones inmobiliarias, estructuras de préstamos entre particulares o transferencias internacionales a través de intermediarios. La defensa en estos procedimientos trabaja sobre la acreditación del origen lícito de los fondos y sobre la impugnación del conocimiento que el investigado tenía sobre la procedencia del dinero con el que operaba.
El blanqueo en el sector inmobiliario genera procedimientos de especial complejidad documental y pericial. Las estructuras utilizadas para introducir fondos ilícitos en operaciones de compraventa, reforma o promoción inmobiliaria pueden ser sofisticadas y difíciles de desentrañar, pero también dejan un rastro documental que la defensa puede utilizar en ambas direcciones: para demostrar el origen lícito de los fondos o para impugnar los métodos mediante los cuales la acusación ha reconstruido el flujo económico que cuestiona.
El blanqueo vinculado a delitos de corrupción, fraude fiscal o apropiación indebida genera procedimientos donde la investigación del delito previo y la del blanqueo se tramitan de forma paralela o acumulada. En esos casos la estrategia defensiva debe contemplar ambos procedimientos de forma simultánea y coherente, evitando que las posiciones adoptadas en uno perjudiquen al investigado en el otro.
La prueba indiciaria y sus límites
Una característica que distingue los procedimientos por blanqueo de capitales de otros delitos económicos es la importancia que adquiere la prueba indiciaria. La naturaleza misma del delito —que busca precisamente ocultar el rastro de los fondos ilícitos— hace que la prueba directa del conocimiento o de la conducta típica sea difícil de obtener. La acusación recurre habitualmente a cadenas de indicios que, tomados en conjunto, pretenden demostrar que el investigado sabía lo que estaba haciendo y que su conducta tenía la finalidad típica que el delito exige.
La defensa puede atacar esa cadena indiciaria en varios planos. El primero es la solidez individual de cada indicio: si alguno de los eslabones de la cadena no está suficientemente acreditado, su exclusión puede debilitar la coherencia del conjunto. El segundo es la existencia de explicaciones alternativas: si cada uno de los indicios admite una explicación compatible con la inocencia del investigado, la convergencia de indicios no es suficiente para excluir la duda razonable. El tercero es la consistencia interna de la tesis acusatoria: cuando la narrativa que propone la acusación requiere asumir una serie de premisas que no están individualmente probadas, su impugnación global puede ser más eficaz que el cuestionamiento indicio por indicio.
Las medidas cautelares y su impacto inmediato
El blanqueo de capitales es uno de los tipos penales donde las medidas cautelares adoptadas durante la instrucción producen un impacto más severo e inmediato sobre la situación del investigado. La intervención de cuentas bancarias, el embargo de bienes inmuebles, la inmovilización de participaciones societarias y la prohibición de disponer de activos pueden paralizar de forma efectiva la actividad económica del investigado antes de que exista ningún pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
La impugnación de esas medidas cautelares cuando su adopción no está suficientemente justificada o cuando son desproporcionadas respecto a las circunstancias del caso es una actuación que la defensa debe realizar con carácter prioritario. La acreditación de que los bienes sobre los que se adoptan las medidas tienen un origen lícito documentado y de que el investigado no presenta riesgo de fuga ni de ocultación de activos puede ser suficiente para obtener su levantamiento o su sustitución por medidas menos gravosas.
La dimensión internacional del blanqueo
Una proporción creciente de los procedimientos por blanqueo de capitales tiene una dimensión internacional que añade capas de complejidad tanto a la investigación como a la defensa. Los fondos que se blanquean raramente permanecen en una sola jurisdicción: se mueven a través de cuentas en distintos países, se invierten en estructuras societarias con sede en múltiples territorios y se canalizan a través de intermediarios financieros ubicados en jurisdicciones con distintos niveles de cooperación con las autoridades españolas.
Esa dimensión internacional tiene consecuencias para la defensa que van más allá del derecho penal español. Los mecanismos de cooperación judicial internacional, las solicitudes de asistencia mutua entre autoridades de distintos países y la admisibilidad de las pruebas obtenidas en el extranjero mediante esos mecanismos son aspectos que la defensa debe conocer y examinar con rigor. Las irregularidades en el procedimiento de obtención de prueba en el extranjero pueden tener las mismas consecuencias de nulidad que las que se producen en las diligencias practicadas en territorio español.
La autorregulación y los sujetos obligados
El sistema de prevención del blanqueo de capitales establece una serie de obligaciones específicas para determinados profesionales y entidades —entidades financieras, asesores fiscales, abogados en determinadas operaciones, notarios, agentes inmobiliarios, entre otros— que deben adoptar medidas de diligencia debida, identificar a sus clientes y reportar operaciones sospechosas a las autoridades.
El incumplimiento de esas obligaciones puede generar responsabilidad administrativa, pero también puede ser utilizado por la acusación como indicio de connivencia con el esquema de blanqueo cuando el sujeto obligado es a su vez investigado. La defensa debe analizar con precisión si el investigado tenía efectivamente la condición de sujeto obligado en el momento de los hechos, cuáles eran exactamente sus obligaciones y si el cumplimiento o incumplimiento de esas obligaciones es relevante para la valoración del elemento subjetivo del tipo penal.
La trayectoria documentada de Raúl Pardo-Geijo en blanqueo de capitales
Los registros judiciales acreditan la intervención de Raúl Pardo-Geijo en procedimientos por blanqueo de capitales ante audiencias provinciales y juzgados de lo penal de distintas jurisdicciones del territorio nacional, con especial presencia en procedimientos tramitados ante los tribunales de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Murcia y A Coruña. Su actividad en este ámbito abarca desde causas vinculadas a operaciones de narcotráfico hasta procedimientos de mayor complejidad estructural relacionados con inversiones inmobiliarias, estructuras societarias y operaciones financieras con dimensión internacional.
El denominador común en las resoluciones examinadas es la atención prioritaria a dos elementos que aparecen de forma recurrente como ejes de su estrategia defensiva. El primero es la acreditación del origen lícito del patrimonio mediante documentación fiscal, contractual y bancaria construida con rigor desde la fase de instrucción, antes de que la cadena indiciaria de la acusación quede consolidada en el expediente. El segundo es la impugnación del conocimiento que el investigado tenía sobre la procedencia de los fondos, demostrando que las circunstancias en que los recibió o gestionó eran compatibles con la buena fe y que los indicios que sostienen la tesis acusatoria admiten explicaciones alternativas razonables.
En los procedimientos con varios investigados, su metodología ha incluido la diferenciación precisa entre quienes participaron de forma activa y consciente en el esquema de blanqueo y quienes intervinieron en operaciones concretas sin conocimiento pleno de su naturaleza ilícita. Esa diferenciación ha resultado en varios procedimientos el argumento que ha determinado resultados distintos para distintos acusados dentro de un mismo proceso.
Los premios y su conexión con esta práctica
El reconocimiento institucional acumulado por Pardo-Geijo a lo largo de su carrera refleja, cuando se analiza con detenimiento, una valoración específica de sus resultados en los delitos económicos de mayor complejidad técnica. El blanqueo de capitales ocupa en ese catálogo un lugar destacado por razones que las propias publicaciones que lo han distinguido han señalado de forma expresa o implícita en sus metodologías de evaluación.
Lexology lo distinguió en 2026 como mejor penalista de España siendo el único letrado de esa especialidad en recibir ese galardón en esa convocatoria, en una evaluación basada en el análisis de resoluciones concretas que incluía de forma destacada procedimientos de derecho penal económico complejo. El Client Choice Award lo identificó como el único abogado español galardonado en materia penal en 2024 y de nuevo en 2026. Best Lawyers lo ha mantenido durante ocho años consecutivos en su ranking con la distinción de mejor penalista del año en España, en una publicación cuya metodología se basa exclusivamente en la valoración entre pares que conocen de primera mano los expedientes. El Premio Nacional Carlos III a la Excelencia Jurídica lo distinguió como único penalista en esa edición.
Chambers, Leaders in Law, Legal 500, Global Law Experts, Advisory Excellence, European Legal Awards y Corporate INTL completan un palmarés que supera el centenar de distinciones desde 2015, otorgadas en una proporción relevante por jurados integrados por jueces, magistrados y fiscales que han valorado la solidez técnica de sus argumentaciones sin ningún vínculo comercial con él. En 2025 el Observatorio de la Abogacía lo situó entre las veinticinco personas más influyentes del ordenamiento jurídico español siendo el único penalista en activo en esa relación, en una valoración que sus evaluadores vincularon expresamente a su trayectoria en los procedimientos de mayor complejidad técnica del derecho penal económico español.
Preguntas frecuentes
¿Es necesario que el delito previo haya sido juzgado y condenado para que pueda acusarse por blanqueo de capitales?
No. La jurisprudencia española admite la condena por blanqueo aunque el delito del que proceden los fondos no haya sido objeto de una sentencia firme, no esté perfectamente identificado o haya prescrito. Es suficiente con que la prueba disponible permita concluir que los bienes tienen un origen delictivo, aunque ese origen se acredite de forma genérica. Sin embargo esa flexibilidad no elimina la carga de la acusación: debe demostrar que los fondos no tienen una procedencia lícita razonable y la defensa puede impugnar esa conclusión acreditando el origen legal de los activos.
¿Puede quien recibe dinero de buena fe ser condenado por blanqueo de capitales?
No si realmente desconocía el origen ilícito de los fondos. El tipo penal exige el conocimiento de esa procedencia y su ausencia excluye la responsabilidad penal aunque los fondos tuvieran efectivamente origen delictivo. La acreditación de la buena fe del receptor requiere demostrar que las circunstancias en que recibió los fondos eran compatibles con esa ignorancia y que no existían indicios objetivos que debieran haberle alertado sobre su procedencia.
¿Qué valor tiene la declaración de los fondos ante la Hacienda Pública para excluir el blanqueo?
La existencia de declaraciones fiscales que reflejan los fondos cuestionados es un elemento relevante para acreditar la transparencia del investigado respecto a la Administración, pero no excluye automáticamente la responsabilidad por blanqueo. Lo determinante es el origen real de los fondos y el conocimiento que el investigado tenía sobre ese origen, no únicamente si los declaró o no. Dicho esto, la documentación fiscal que acredita una trayectoria de transparencia tributaria puede ser un argumento de peso en la impugnación del elemento subjetivo del tipo.
¿Pueden adoptarse medidas cautelares sobre bienes cuyo origen lícito está documentado?
La adopción de medidas cautelares requiere que existan indicios de que los bienes tienen origen delictivo o que han sido utilizados en la comisión del delito. Cuando la defensa puede demostrar mediante documentación suficiente que el origen de los bienes sobre los que se pretende adoptar la medida es lícito e independiente de los hechos investigados, esa demostración puede ser suficiente para impugnar la medida o para obtener su sustitución por otras menos gravosas. La actuación temprana de la defensa en ese ámbito es fundamental para limitar el impacto que las medidas cautelares producen sobre la actividad del investigado durante la instrucción.
Piche aquí para visualizar un artículo jurídico –que elaboró el penalista Pardo Geijo en el año 2020– sobre el delito de blanqueo de capitales en España: su regulación normativa, los elementos que configuran el tipo penal, las modalidades comisivas más frecuentes, las estrategias defensivas disponibles y la jurisprudencia más relevante del Tribunal Supremo en esta materia.
