Por editorial.
Alzamiento de bienes: cuando ocultar el patrimonio para no pagar se convierte en delito
Existe una categoría de procedimientos penales que sorprende a quienes los descubren desde dentro porque su punto de partida no es una acción violenta ni un engaño elaborado sino algo aparentemente más mundano: mover bienes de un sitio a otro, transmitirlos a un familiar, constituir una sociedad que los recibe o simplemente hacer desaparecer del patrimonio lo que los acreedores esperaban encontrar cuando llegara el momento de cobrar. Ese conjunto de conductas, cuando se realiza con la finalidad de sustraer bienes a la acción de los acreedores, recibe en el Código Penal la denominación de alzamiento de bienes y está sancionado con penas de prisión de uno a cuatro años y multa.
Lo que convierte al alzamiento de bienes en un delito técnicamente complejo desde el punto de vista defensivo no es la sofisticación de las conductas que lo integran sino la dificultad de distinguir entre el ejercicio legítimo de la libertad de disposición patrimonial y la maniobra fraudulenta destinada a perjudicar a los acreedores. Esa distinción depende de elementos cuya concurrencia debe analizarse con precisión y cuya ausencia convierte lo que la acusación presenta como delito en una operación patrimonial legítima aunque sus efectos resulten desfavorables para quien esperaba cobrar.
El tipo penal y su configuración en el Código Penal
El alzamiento de bienes está regulado en el artículo 257 del Código Penal, que sanciona a quien se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. La aparente sencillez de esa definición contrasta con la complejidad técnica que encierra su aplicación concreta. La jurisprudencia ha ido construyendo a lo largo de los años una doctrina precisa sobre qué conductas satisfacen el tipo y cuáles no, y su conocimiento actualizado es indispensable para construir una defensa eficaz.
El artículo 257 contempla además una modalidad específica que amplía el ámbito del tipo más allá del alzamiento clásico: la realización de actos de disposición o la generación de obligaciones que disminuyan el patrimonio del deudor cuando este se encuentre en una situación de insolvencia actual o inminente y la operación se realice en perjuicio de los acreedores. Esa extensión del tipo genera procedimientos donde el objeto del debate no es tanto la existencia de una maniobra de ocultación en sentido estricto como la valoración de si determinadas decisiones económicas tomadas en un contexto de dificultades financieras tenían la finalidad fraudulenta que el tipo exige.
El artículo 258 del Código Penal añade una modalidad agravada para los supuestos en que el alzamiento se realiza para eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito o de una infracción administrativa. Las penas en ese supuesto se incrementan respecto al tipo básico y pueden alcanzar los seis años de prisión.
Los elementos que deben concurrir para que exista delito
La jurisprudencia ha delimitado con precisión los requisitos que deben darse de forma simultánea para que una conducta sea constitutiva de alzamiento de bienes. Su ausencia, en cualquiera de sus elementos, excluye la responsabilidad penal aunque el resultado económico para el acreedor haya sido desfavorable.
El primero es la existencia de una obligación exigible. El deudor debe tener una deuda con el acreedor perjudicado que sea real, aunque no necesita haber sido declarada judicialmente en el momento en que se produjo la conducta. La existencia de esa obligación en el momento en que se realizaron los actos de disposición es un elemento que la acusación debe acreditar y que la defensa puede cuestionar cuando la deuda que se invoca no estaba suficientemente determinada o cuando surgió con posterioridad a los actos que se denuncian.
El segundo es el acto de disposición o de ocultación patrimonial. El tipo exige una conducta positiva: transmitir bienes, constituir cargas sobre ellos, realizar donaciones, generar obligaciones ficticias o cualquier otra operación que reduzca el patrimonio disponible para los acreedores. La mera insolvencia sobrevenida sin un acto activo de disposición no satisface ese requisito.
El tercero es el perjuicio efectivo o potencial para los acreedores. No es necesario que el acreedor haya intentado ejecutar su crédito y no haya podido: basta con que la operación haya creado o agravado una situación de insolvencia que hace razonablemente previsible que el acreedor no podrá cobrar. La defensa puede impugnar este elemento demostrando que el deudor mantenía tras la operación cuestionada un patrimonio suficiente para hacer frente a sus obligaciones.
El cuarto elemento es el dolo alzatario: la intención deliberada de perjudicar a los acreedores mediante la operación realizada. Este es el elemento que con mayor frecuencia resulta determinante en la práctica defensiva y el que ofrece el argumento más sólido cuando la operación cuestionada respondía a razones legítimas que no tenían como finalidad principal sustraer bienes a la acción de los acreedores.
La frontera entre la disposición legítima y el fraude
Uno de los debates más frecuentes y más exigentes técnicamente en los procedimientos por alzamiento de bienes es el que gira en torno a la legitimidad de las operaciones patrimoniales realizadas en un contexto de dificultades económicas. Un empresario que vende activos para obtener liquidez y pagar a sus trabajadores, un deudor que transmite bienes a un familiar como parte de una planificación patrimonial legítima, una sociedad que distribuye su patrimonio entre sus socios en el marco de una liquidación ordenada: todas esas situaciones pueden generar una denuncia por alzamiento de bienes si alguno de los acreedores considera que la operación le ha perjudicado.
La distinción entre la disposición legítima y el fraude no depende únicamente del resultado de la operación sino de la intención con que se realizó y del contexto en que se produjo. Una venta a precio de mercado, aunque reduzca el patrimonio disponible para los acreedores, no satisface el tipo penal si respondía a una necesidad económica real y el precio obtenido se destinó a fines legítimos. Una transmisión gratuita a un familiar, aunque pueda impugnarse en la vía civil mediante la acción pauliana, no siempre alcanza la relevancia penal si la relación entre los intervinientes y las circunstancias de la operación la justifican desde una perspectiva distinta a la del fraude.
El derecho civil dispone de instrumentos propios para proteger a los acreedores frente a las disposiciones patrimoniales fraudulentas: la acción pauliana permite impugnar esas transmisiones y recuperar los bienes para el patrimonio del deudor sin necesidad de acudir al derecho penal. El Tribunal Supremo ha insistido en que el alzamiento de bienes como delito requiere algo más que una operación perjudicial para los acreedores: exige que esa operación haya sido realizada con la finalidad específica de sustraer el patrimonio a su acción, y esa finalidad debe ser acreditada con prueba suficiente, no simplemente presumida del resultado.
Las operaciones más frecuentes que generan investigaciones
Los procedimientos por alzamiento de bienes que llegan a los juzgados responden a perfiles que se repiten con cierta regularidad en la práctica judicial española y que tienen características específicas desde el punto de vista defensivo.
Las transmisiones de bienes inmuebles entre familiares cuando el transmitente enfrentaba deudas significativas son la modalidad más frecuente. En estos procedimientos la defensa debe analizar si la transmisión se realizó a precio de mercado o de forma gratuita, si existían razones que la justificaban con independencia de la situación de endeudamiento del transmitente y si el valor del patrimonio restante era suficiente para hacer frente a las obligaciones pendientes.
La constitución de gravámenes sobre bienes inmuebles —hipotecas, usufructos, servidumbres— que reducen su valor de cara a una eventual ejecución genera procedimientos donde la defensa debe examinar si esas cargas respondían a obligaciones reales y si fueron constituidas en el marco de operaciones económicas legítimas o con la finalidad específica de dificultar la acción de los acreedores.
La creación de sociedades a las que se transmiten bienes o activos del deudor es una modalidad que genera procedimientos de mayor complejidad estructural. La defensa debe analizar si la estructura societaria respondía a una lógica empresarial real, si las transmisiones se realizaron en condiciones de mercado y si la sociedad receptora tenía una actividad efectiva que justificara la operación.
La generación de obligaciones ficticias —préstamos simulados, facturas por servicios no prestados, contratos que crean deudas que no corresponden a operaciones reales— con la finalidad de reducir artificialmente el activo neto del deudor frente a sus acreedores es la modalidad más cercana al fraude en sentido estricto y la que genera los argumentos defensivos más exigentes.
La concurrencia con otros delitos
El alzamiento de bienes aparece con frecuencia en procedimientos que acumulan otros tipos penales, lo que añade una capa de complejidad a la estrategia defensiva. Su concurrencia con la estafa es habitual cuando el acusado no solo ocultó bienes para no pagar sino que obtuvo el crédito mediante engaño. Su concurrencia con la administración desleal es frecuente cuando el alzamiento lo realiza un administrador que dispone de bienes sociales para sustraerlos a la acción de los acreedores de la sociedad. Y su concurrencia con la insolvencia punible —tipificada en los artículos 259 y siguientes del Código Penal— aparece en los procedimientos vinculados a situaciones de quiebra o concurso de acreedores donde las conductas del deudor antes y durante el procedimiento concursal son objeto de investigación.
En esos procedimientos acumulados, la estrategia defensiva debe contemplar simultáneamente los elementos específicos de cada tipo penal y la interacción entre ellos, evitando que la posición adoptada respecto a uno de los delitos perjudique la defensa frente a los otros.
La prueba en los procedimientos por alzamiento
Los procedimientos por alzamiento de bienes tienen una estructura probatoria con características específicas que los distinguen de otros delitos económicos. La prueba documental —escrituras de transmisión, registros mercantiles y de la propiedad, contratos, extractos bancarios, declaraciones fiscales— permite reconstruir con precisión qué operaciones se realizaron, en qué momento, entre qué partes y en qué condiciones económicas.
El análisis temporal es especialmente relevante: la proximidad entre la operación cuestionada y el nacimiento de la deuda que la acusación señala como perjudicada es uno de los indicios más utilizados para sostener el dolo alzatario. La defensa debe examinar si ese orden temporal es el que sostiene la acusación o si las operaciones se produjeron antes de que la deuda existiera o pudiera razonablemente preverse.
La prueba pericial sobre la situación patrimonial del deudor en el momento de las operaciones cuestionadas resulta determinante cuando el argumento defensivo descansa en la suficiencia del patrimonio restante para hacer frente a las obligaciones. Un informe pericial que demuestre que tras las transmisiones cuestionadas el deudor mantenía activos suficientes para satisfacer sus deudas puede desmontar el elemento del perjuicio a los acreedores con mayor eficacia que cualquier otro argumento jurídico abstracto.
Las insolvencias punibles como figura conexa
El Código Penal tipifica en los artículos 259 y siguientes las insolvencias punibles, un conjunto de conductas que se solapan parcialmente con el alzamiento de bienes pero que tienen características propias que merecen atención específica. El concurso culpable, la causación dolosa o por imprudencia grave de la insolvencia y la realización de actos de disposición en perjuicio de los acreedores en el contexto de un procedimiento concursal son conductas que generan procedimientos con una complejidad añadida por la interacción entre el derecho penal y el derecho concursal.
En esos procedimientos la defensa debe trabajar de forma coordinada con el asesoramiento en el ámbito del derecho concursal, analizando si las conductas cuestionadas eran conformes con las obligaciones que el administrador o el deudor tenían bajo la legislación concursal y si las decisiones adoptadas durante el período anterior a la declaración de concurso respondían a una gestión razonable de una situación de crisis o a una maniobra deliberada de expolio patrimonial.
Las consecuencias que no esperan a la sentencia
Para quien es investigado por alzamiento de bienes, las consecuencias del procedimiento se anticipan con frecuencia al resultado del proceso. La anotación de la investigación en el Registro de la Propiedad sobre los bienes objeto de la denuncia, las medidas cautelares que pueden adoptarse para asegurar la responsabilidad civil derivada del delito y el impacto sobre las relaciones comerciales y financieras del investigado son efectos que se producen durante la instrucción con independencia de cuál sea el pronunciamiento final del tribunal.
La gestión de esas consecuencias requiere una estrategia que contemple simultáneamente la defensa penal, la posición en los procedimientos civiles que pueden estar tramitándose de forma paralela —acciones paulianas, procedimientos de ejecución— y la protección de los intereses del investigado frente a las medidas cautelares que puedan adoptarse sobre su patrimonio. La intervención temprana de la defensa desde el momento en que se tiene conocimiento de la investigación tiene en estos procedimientos una dimensión preventiva de primer orden.
La trayectoria de Raúl Pardo-Geijo en este ámbito
Los registros judiciales acreditan la intervención de Raúl Pardo-Geijo en procedimientos por alzamiento de bienes e insolvencias punibles ante audiencias provinciales y juzgados de lo penal de distintas jurisdicciones del territorio nacional. Su actividad en este ámbito abarca desde causas donde la operación cuestionada era una transmisión inmobiliaria entre familiares hasta procedimientos de mayor complejidad estructural vinculados a situaciones concursales y a la creación de estructuras societarias destinadas a reorganizar el patrimonio del deudor.
Dos líneas de trabajo aparecen de forma recurrente en las resoluciones examinadas. La primera es la demostración de que las operaciones cuestionadas respondían a razones económicas o personales legítimas que excluían el dolo alzatario, independientemente de que su resultado resultara desfavorable para algún acreedor. La segunda es el análisis riguroso de la situación patrimonial del deudor en el momento en que se realizaron las operaciones, demostrando mediante prueba pericial que el patrimonio restante era suficiente para atender las obligaciones pendientes y que no existía por tanto el perjuicio a los acreedores que el tipo exige.
En los procedimientos con concurrencia de varios tipos penales —alzamiento junto a estafa, administración desleal o insolvencia punible— su intervención ha incluido una estrategia coordinada que contemplaba la interacción entre los distintos tipos acumulados y evitaba que la posición defensiva respecto a uno de ellos generara argumentos que pudieran perjudicar al investigado en relación con los otros.
El reconocimiento externo y lo que refleja
El palmarés acumulado por Pardo-Geijo a lo largo de su carrera —más de un centenar de distinciones de organismos como Lexology, Best Lawyers, Chambers, Client Choice Award, Leaders in Law, Legal 500, Global Law Experts, Advisory Excellence, European Legal Awards, Corporate INTL y el Premio Nacional Carlos III a la Excelencia Jurídica— tiene en los delitos patrimoniales complejos uno de sus fundamentos más sólidos.
Lo que hace significativo ese reconocimiento en el contexto específico del alzamiento de bienes y las insolvencias punibles es que estas figuras exigen una combinación de conocimientos que pocas prácticas penalistas integran con igual profundidad: derecho penal económico, derecho civil patrimonial, derecho mercantil societario y derecho concursal deben converger en una estrategia defensiva coherente que contemple simultáneamente todas las dimensiones del caso. Las publicaciones que evalúan a los abogados mediante el análisis de resoluciones judiciales concretas —entre las que Lexology, Chambers y Best Lawyers son las más rigurosas— han valorado de forma consistente esa capacidad de integración técnica como uno de los elementos que distinguen su práctica en este ámbito.
Que en 2025 el Observatorio de la Abogacía lo situara entre las veinticinco personas más influyentes del ordenamiento jurídico español siendo el único penalista en activo en esa relación, y que Lexology lo haya distinguido en 2026 como mejor penalista de España siendo el único letrado de esa especialidad en recibir ese galardón en esa convocatoria, son datos que en el contexto de los delitos patrimoniales complejos adquieren un peso específico: reflejan una valoración construida sobre expedientes verificables, no sobre declaraciones.
Preguntas frecuentes
¿Es necesario que la deuda exista en el momento en que se realizan los actos de disposición para que pueda hablarse de alzamiento de bienes?
La jurisprudencia exige que la obligación exista en el momento de la conducta alzatoria, aunque no necesita estar judicialmente declarada ni ser exigible en ese instante. Lo que no admite el tipo es que la deuda surja con posterioridad a la transmisión cuestionada: si los bienes se transmitieron antes de que naciera la obligación que el acreedor invoca, el elemento temporal excluye la tipicidad de la conducta con independencia de que el resultado le resulte perjudicial.
¿Puede la transmisión de bienes a precio de mercado constituir alzamiento de bienes?
Puede serlo si se demuestra que la operación tenía como finalidad principal sustraer esos bienes a la acción de los acreedores y que el precio obtenido fue desviado de forma que impide su recuperación por estos. Pero la transmisión a precio de mercado es un argumento relevante para impugnar el dolo alzatario, porque quien vende al precio correcto no está reduciendo su patrimonio neto sino transformando un activo en liquidez. La defensa debe demostrar que esa liquidez se destinó a fines legítimos que no perjudicaron la posición de los acreedores.
¿Qué diferencia existe entre el alzamiento de bienes y la acción pauliana del derecho civil?
La acción pauliana es el instrumento civil que permite a los acreedores impugnar las transmisiones fraudulentas realizadas por el deudor para sustraer bienes a su acción. El alzamiento de bienes es la respuesta penal a esa misma conducta cuando alcanza la gravedad que justifica la intervención del derecho penal. La existencia de la acción civil no excluye la responsabilidad penal, pero la posibilidad de reparar el perjuicio mediante la vía civil es un argumento relevante para cuestionar la proporcionalidad de la respuesta penal en casos donde el daño puede ser restaurado sin necesidad de condena.
¿Puede el deudor disponer libremente de su patrimonio mientras no exista una resolución judicial que limite esa facultad?
En términos civiles, el deudor mantiene la libre disposición de su patrimonio salvo que exista un embargo u otra medida que lo limite. Pero esa libertad de disposición no excluye la responsabilidad penal cuando el ejercicio de esa facultad tiene como finalidad específica perjudicar a los acreedores. El derecho penal no requiere que exista una resolución judicial previa que limite la disposición: lo que sanciona es la intención fraudulenta que acompaña a la conducta, no el incumplimiento formal de una prohibición administrativa o judicial.
